La legislatura acaba de arrancar con escasas expectativas. Primer Gobierno de coalición, formado por la socialdemocracia y su izquierda, y con una derecha dividida compitiendo en beligerancia con la extrema derecha. En el escenario, al fondo, desafíos globales como el cambio climático, la revolución tecnológica o el reto demográfico, y en primer plano el conflicto catalán, sus irradiaciones al resto del territorio y la siempre pendiente reforma de la financiación autonómica y su correlato, la organización territorial del Estado.

Tan pocas y débiles son las expectativas que la simple normalidad democrática deviene en excepción y por tanto en noticia. El acuerdo casi unánime en el Congreso de los Diputados para subir las pensiones y el sueldo de los funcionarios ha provocado incluso sorpresa. Lógico, si se considera el clima de crispación, enfrentamiento y bloqueo que envuelve la vida política española; pero esa coincidencia era la opción más lógica para unos partidos que, legítimamente, buscan maximizar intereses electorales.

Algo parecido ocurrió con el acuerdo logrado por el Gobierno con sindicatos y patronal para subir el salario mínimo interprofesional. La coyuntura económica, las decenas de estudios al respecto de entidades nacionales e internacionales, y las horas de conversaciones y negociaciones abocaban al pacto. El resultado no fue lo que querían las partes, pero ambas vieron en los 950 euros la posibilidad de avanzar. ¿Podría oponerse la derecha a una medida así, ratificada por los agentes sociales? Desde hace tiempo la política salta los muros del Congreso y se extiende a lo largo de complejas redes, virtuales y no virtuales.

En circunstancias parecidas puede estar el conflicto catalán. Las encuestas de opinión llevan tiempo reflejando una sociedad, la catalana, que empieza a estar harta del bloqueo y prefiere buscar soluciones. Tanto en el campo independentista como en el que no lo es, las opciones proclives al entendimiento van ganando terreno. De ahí que la apuesta de ERC permitiendo con su abstención el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque arriesgada, no sea descabellada, como no lo es la reunión de Sánchez con Torra, que debería entenderse dentro de la normalidad institucional.

En estos casos la clave ha sido la búsqueda de un mínimo común denominador compartido por todos los actores y acorde a sus intereses, como ocurre en cualquier negociación. Y ahí puede estar la clave de esta legislatura. Comprobado, pese a las triquiñuelas del CIS, que la desconfianza de la ciudadanía en la política crece cada vez que se hace un nuevo sondeo, los partidos y sus líderes tienen ante sí el reto de recuperar la credibilidad. ¿Cómo? Devolviendo la política a su naturaleza: ser útil al conjunto de la ciudadanía, que es tanto como decir superar los bloqueos a que ha estado sometida en España desde que la estabilidad del bipartidismo saltó por los aires. Romper esos bloqueos, aunque el avance no sea el que a cada cual le gustaría, puede y debe ser un interés compartido. No es idealismo, es mero cálculo.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.




Fuente: El Pais

A %d blogueros les gusta esto: