La lucha por el poder que dirimen el PP, Cs y Vox se juega con cartas marcadas. La formación conservadora está dispuesta a ceder cargos en sus gobiernos a la de extrema derecha. La naranja se niega a compartir gobierno con ella. Y Vox pide que se premien sus decisivos votos con la dirección de áreas que le permitan dejar su sello ideológico y no diluirse en Ejecutivos de coalición. Como dijo Rocío Monasterio antes de la campaña: «Queremos ganar la batalla de las ideas a la izquierda». El resumen de todo está en el Ayuntamiento de Majadahonda (72.000 habitantes) donde el pacto entre el PP y Vox resultó ayer en que el partido de ultraderecha ocupe las concejalías de Familia —de nueva creación, como recogía el programa de la formación de Santiago Abascal, que ya obligó a establecerla en su pacto con PP y Cs en Andalucía— y Juventud; y Nuevas Tecnologías.

«De lo que queremos asegurarnos es de que se ejecutan nuestras políticas», explicó la semana pasada Monasterio, cuyo partido ha mostrado su interés por las áreas de seguridad, educación, familia o fiscalidad. «No podemos ir solo a acordar un programa, porque volveríamos a estar en el caso de Andalucía, y nos insultarían diciendo que eso es papel mojado», añadió sobre el acuerdo alcanzado en esa región por los tres partidos de derechas. «Tenemos que poner todos los medios para que se ejecuten esas políticas», siguió la líder del partido, que reclama una auditoría de la estructura de la administración madrileña para eliminar los organismos que considere superfluos. «¿Y cuáles son esos medios?», se preguntó. «Por una parte, una proporción del presupuesto, que eso sí me lo ha firmado el PP, y estar en algunos entes, lo que puede incluir consejerías, en los que nos aseguremos de que esas políticas se ejecutan, y de que no nos toman el pelo», respondió.

En el corazón del pulso que dirimen PP, Cs y Vox por la conformación del gobierno del Ayuntamiento —donde Javier Ortega Smith reclama al menos una concejalía— y la Comunidad —donde el PP ha garantizado a Vox presencia en la estructura de la Administración—, está la apuesta de Abascal por gestionar directamente políticas identificables con sus siglas, con potencial para lograr un alto impacto público y relevancia mediática.

Un repaso al acuerdo firmado por el PP y Vox en el Ayuntamiento refleja el contenido altamente ideológico de las propuestas, alejado de la gestión pura y dura del día a día del consistorio.

Medidas con sello Vox

Construir un monumento a la memoria de las 1.429 víctimas del terrorismo en la Plaza de Colón. Impulsar un Plan Integral de Lucha contra la ocupación ilegal en la ciudad de Madrid que incluye la personación del Ayuntamiento como acusación particular en determinados casos. Aprobar un Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Recuperación del entorno de Lavapiés y en otros barrios «especialmente degradados» que prevé instalar las cámaras de seguridad que indique la policía municipal. Establecer un plan que facilite la integración de «los inmigrantes legales» mediante un mayor aprendizaje de la cultura, la historia, la lengua y las tradiciones españolas. Educar contra «todo tipo de violencia en el ámbito intrafamiliar», igualando las agresiones machistas con el resto. Crear un museo de los héroes de la nación. Y varias ayudas diseñadas especialmente para las familias, con el acento puesto en las numerosas.

«La atención a las familias es centro en las políticas de ambos partidos», argumentaron fuentes del Ayuntamiento de Majadahonda, donde Vox se ha hecho con esa concejalía en su gobierno de coalición con el PP. «El PP llevaba en su programa las ayudas al nacimiento de hasta 2000 euros y Vox la creación de una concejalía de familia», siguieron. «Además, tiene sentido que las iniciativas de Juventud también vayan de la mano de las políticas de familia».

La posibilidad de controlar la ejecución de todas esas políticas a nivel capitalino y regional, fundamental para asentar un partido que solo ha despegado electoralmente en el último año, llevó ayer a Vox a romper las negociaciones con el PP para investir como presidenta a Isabel Díaz Ayuso. Así, las conversaciones quedan en pausa hasta que se resuelva el entuerto del Ayuntamiento, donde Ortega Smith y Martínez Almeida se han dado un plazo de 20 días para aclarar el encaje de Vox en el gobierno municipal.

Al tiempo, la decisión de Monasterio mejora su posición negociadora a nivel autonómico, porque comprime el calendario de la negociación. De acuerdo con los plazos establecidos para la elección del presidente regional, habría una primera votación de investidura antes del 11 de julio, que es la fecha tope que establece la legislación autonómica. Y si esta no tiene éxito, se abriría un descuento de dos meses tras los que sería obligatoria la convocatoria de elecciones si no hay acuerdo. Un escenario que Ciudadanos ya no descarta.

Mientras tanto, Vox busca su sitio en la política madrileña. El 11 de junio, nada más conformarse la Asamblea de Madrid, uno de los diputados del partido de ultraderecha estrenó su despacho con una acción que reverberó por toda la Cámara regional como una onda expansiva. Retiró un cuadro de la antigua dependencia de Podemos en el que se leía «todos iguales ante la ley» y lo sustituyó por otro de Felipe VI. Todos sus compañeros lo aplaudieron. Solo unos días después, Ortega Smith fue el único concejal del Ayuntamiento en celebrar que la jura de su cargo se realizara ante un cuadro del monarca. Gestos que forman parte de una estrategia para la que Vox necesita el poder.

Como escribió el diputado autonómico José Luis Ruiz Bartolome poco después de las elecciones: «La batalla de las ideas ha comenzado».

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Fuente: El Pais

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