Desde que el Mobile es el Mobile (el congreso de la tecnología móvil era poco más que una feria sectorial hasta que la GSMA, hace ya trece años, decidió trasladarla a Barcelona, donde ha crecido hasta hacerse un gigante), la amenaza de huelgas en el sector del transporte aparece invariablemente ensombreciendo con unos nubarrones de angustia las semanas previas al gran acontecimiento. Una vez más, quienes amamos a esta ciudad, patidors de mena que somos, volveremos a sufrir ante el riesgo de un colapso en el funcionamiento de la metrópoli que, afortunadamente, toquemos madera, nunca acaba de producirse. Volveremos a hacernos la pregunta de siempre (¿está garantizada la continuidad del Mobile World Congress en Barcelona?) y, también como siempre, respiraremos aliviados cuando el señor John Hoffman nos saque de dudas y anuncie que la edición 2020 del MWC se celebrará en la capital catalana.

No obstante, no está de más recordar que el contrato de Barcelona con el su-perevento tecnológico expira en el 2023 y que, muy pronto, habrá que comenzar a renegociar la permanencia más allá de esa fecha. Hacerlo en las mejores condiciones ambientales es garantía de que no echaremos por la borda un trabajo colectivo de muchos años liderado por el buen hacer de la Fira y de los responsables de la fundación Mobile World Capital, que hacen posible no ya sólo el éxito del MWC sino algo mucho más importante, que, aprovechando el impulso del congreso, vaya desarrollándose en Catalu-nya un ecosistema de empresas, de pequeños y grandes emprendedores y, en definitiva, de oportunidades de negocio.

Esta vez son metro, taxis y VTC quienes amenazan la paz del MWC. Espero no equivocarme, pero tengo la impresión de que el conflicto laboral del metro, que intuyo menor que en ocasiones anteriores, se resolverá no sin los acostumbrados tira y afloja. Mucho más preocupante, en cambio, es la evolución de la guerra del taxi, bloqueada en un callejón sin salida. El Mobile va a ser, con toda seguridad, munición para los dos bandos enfrentados, que van a someter a la máxima presión a las administraciones –desorientadas en algún caso, incapaces de tomar decisiones en otros– a cambio de garantizar no ya el fin de las hostilidades, que no se vislumbra ni siquiera a muy largo plazo, sino una tregua entre el 25 y el 28 de febrero.

Como se pone de manifiesto hoy en el informe de nuestros corresponsales internacionales, el conflicto entre los taxis y los VTC no es sólo un problema de Barcelona o de Madrid. Es un mal global, inherente a la revolución tecnológica que ha cambiado nuestras vidas y a la total impotencia de los poderes públicos para legislar sobre unos fenómenos que van siempre unos cuantos pasos por delante y que desbordan toda su capacidad de
reacción.




Fuente: LA Vanguardia

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