Una controversia por supuesta corrupción envuelve a Juan Guaidó, jefe del Parlamento y reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países. Los emisarios del jefe de la Asamblea Nacional y principal figura opositora para atender a centenares de soldados exiliados en la ciudad de Cúcuta (Colombia) están siendo investigados por supuesta malversación fondos. La denuncia, divulgada por el portal de noticias PanAm Post el pasado viernes, empujó a Guaidó a solicitar a la Fiscalía colombiana una investigación para establecer la culpabilidad en el desvío de dinero. Pero, en paralelo, el Gobierno de Nicolás Maduro aprovechó para culparle a él del presunto desfalco.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ordenó este martes iniciar una investigación penal contra varios opositores. “Este grave hecho evidencia que el diputado Guaidó dispone de fondos de la República, robados de cuentas pertenecientes al Estado venezolano por autoridades extranjeras, y que estos fondos se están administrando sin transparencia alguna”, aseguró. Desde que estalló el escándalo, el presidente de la Asamblea Nacional clamó por “transparencia” para diferenciarse de los Gobiernos chavistas, inmersos en diferentes tramas de corrupción.

La petición de investigación formulada por el propio Guaidó fue introducida minutos antes del pronunciamiento de Saab por parte de su embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti, que consignó un informe con posibles evidencias a fiscales en Bogotá. El diplomático asegura que desde hace dos meses emprendió una averiguación propia por sospechas de corrupción, con una información recibida desde la Dirección General de Inteligencia de Colombia como punto de partida. “En nuestro país se ha acostumbrado, después de 20 años de régimen dictatorial, a hacer caso omiso a los hechos protuberantes de corrupción. Nosotros no podemos permitir eso. Nuestro mensaje al país es que somos distintos (…) actuaremos con absoluta transparencia en defensa de los intereses de la población venezolana”, dijo a la prensa.

Los acusados son Rossana Barrera Castillo y Kevin Rojas Peñaloza, ambos militantes de Voluntad Popular (VP, el partido fundado por Leopoldo López), que supuestamente se enriquecieron después de recibir fondos para atender a los militares y policías fugados de Venezuela por desobedecer órdenes del Gobierno de Maduro. Los dos fueron imputados por legitimación de capitales y corrupción a los opositores en Caracas. “Ellos son los autores materiales del hecho, pero Guaidó es el autor intelectual”, afirmó Saab.

El oficialismo ha aprovechado la controversia para atacar a sus adversarios. El lunes, Jorge Rodríguez, ministro venezolano de Comunicación e Información, ratificó la denuncia de presunto desfalco. “Voluntad Popular quiere robar solo, esa es la razón por la que la oposición está dividida: los militantes de ese grupo terrorista se están quedando con toda la plata de la supuesta ayuda humanitaria”, dijo.

Su versión es que Guaidó se apropió de hasta tres millones de dólares recaudados en un multitudinario concierto, celebrado el 22 de febrero en Cúcuta, para atender a los venezolanos en condiciones de vulnerabilidad. Pero en un comunicado la fundación Aid Live, coordinadora del evento, aclaró que no entregó recursos a ningún Gobierno ni partido político y que, por contra, el dinero está destinado a organizaciones no gubernamentales.

Entretanto, Guaidó informó de que los sospechosos de corrupción, Barrera y Rojas, fueron separados de sus cargos. Su intención es iniciar una investigación, en paralelo a la justicia colombiana, sobre el caso desde la Asamblea Nacional y con el apoyo de la prestigiosa ONG Transparencia Internacional. Además, el opositor inició gestiones para nombrar un contralor especial que represente a su Ejecutivo interino. Estos propósitos y la creación de una comisión para el monitoreo de la ayuda humanitaria se aprobaron en un acuerdo firmado por el Legislativo.

Más allá de la contienda política, las condiciones de los venezolanos siguen deteriorándose día a día. Siete centenares de oficiales cruzaron la frontera desde el 23 de febrero, día del intento fallido de ingreso de donativos internacionales al país petrolero, ilusionados con la promesa de mejores condiciones de vida. En Cúcuta se alojaron en siete hoteles, dos de ellos pagados por Guaidó y el resto por el Gobierno colombiano y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Desde entonces, sin embargo, ya se han producido dos desalojos por deudas. La inestabilidad ha provocado que muchos disidentes, acompañados por sus familias, decidieran abandonar Colombia hacia inciertas rutas. Pero todavía otros permanecen en un limbo. El lunes, ocho de los desertores de la Fuerza Armada de Venezuela comenzaron una campaña, en la plataforma Gofundme, para recaudar miles de dólares que le permitan viajar con sus familias a Chile e instalarse durante el primer mes.




Fuente: El Pais

A %d blogueros les gusta esto: