El 6 de abril de 1994, el presidente de Ruanda, Juvénal Habyarimana, murió al ser derribado por un misil el avión en el que viajaba antes de aterrizar en Kigali. Su asesinato desencadenó un genocidio, el peor cometido jamás en África. Perpetrado en apenas 100 días, causó la muerte de entre 800.000 y un millón de personas, la mayoría de etnia tutsi a manos de “elementos” hutus, de manera “planificada, sistemática y metódica”, según denunció la ONU.

Hoy, veinticinco años después, el país recuerda a las vidas perdidas en el genocidio con unos actos conmemorativos que persiguen evitar que caiga en el olvido. Para ello es necesario echar un vistazo al pasado y comprender cuáles fueron las claves que desencadenaron el grave conflicto entre hutus y tutsis.






Los orígenes del conflicto entre hutus y tutsis

La población de Ruanda, excolonia belga en África Oriental, está compuesta en un 85 % por habitantes de etnia hutu y en un 15 % por tutsis, quienes integran esta nación de unos 12 millones de habitantes. Las rivalidades étnicas datan de la época colonial, de cuando Ruanda se encontraba bajo el mando de Alemania (1894) para pasar después a ser controlada por Bélgica a partir de 1916.






Fue en ese período cuando se produjeron las primeras divisiones políticas entre hutus (agricultores) y tutsis (pastores) al recibir estos últimos -aunque minoritarios- más privilegios por parte de su metrópoli. Los tutsis detentaron el poder durante décadas, pero ante sus demandas de independencia, Bélgica comenzó a favorecer a los hutus, que derrocaron a la monarquía tutsi en las revueltas de 1959.

Años después, los hutus vieron reforzada su posición con la llegada al poder del hutu Juvénal Habyarimana, quien se convertiría así en el nuevo presidente, mediante un golpe de Estado en 1973, algo que nunca aceptaron los tutsis.


El detonante del genocidio






La noche del 6 de abril de 1994, el avión en que viajaban los presidentes de Ruanda, Juvenal Habyarimana (hutu), y de Burundi, Cyprian Ntayamira, fue alcanzado por dos misiles en el momento en que se disponía a aterrizar en el aeropuerto ruandés de Kigali, causando la muerte de ambos líderes.

Pocas horas más tarde, se desencadenó la tragedia. Entre 800.000 y un millón de personas, en su mayoría tutsis, fueron masacradas -principalmente a machetazos- por milicias hutus extremistas, soldados y la propia población civil. Entre las víctimas mortales destacan también hutus moderados y, según cifras de las Naciones Unidas, al menos 250.000 mujeres ruandesas, sobre todo de la etnia tutsi, fueron a su vez violadas.

El intervalo de esta masacre se prolongó desde el 7 de abril hasta mediados de julio de 1994, cuando se formó un Gobierno de Unidad Nacional con Pasteur Bizimungu (hutu) como presidente y Paul Kagame (tutsi) como vicepresidente.


El Tribunal Penal Internacional para Ruanda

El 8 de noviembre de 1994, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) encargado de investigar el genocidio con 13 votos a favor, la abstención de China y el voto en contra de Ruanda, que se oponía a que el tribunal pudiera dictar pena de muerte. Pese a todo, el TPIR se estableció en la ciudad tanzana de Arusha y comenzó sus trabajos en 1995.





El 2 de septiembre de 1998 se produjo la primera sentencia de este tipo en la historia de la humanidad, cuando el TPIR declaró a Jean Paul Akayesu culpable de instigar el asesinato de 2.000 tutsis en Taba, ciudad de la que era entonces alcalde.

Desde su creación y después de 21 años en funcionamiento, a fecha de diciembre de 2015, el TPIR ha dictado 93 sentencias condenatorias individuales, que incluyen -entre otros perfiles- a militares, políticos, religiosos, milicias y miembros de la radio-televisión Mil Colinas, entre otros medios.

Además, el doble magnicidio que dio pie al genocidio nunca fue esclarecido, y aunque una investigación francesa apuntó al actual presidente Paul Kagame como inductor, éste siempre lo ha negado.


Los otros tribunales: el Supremo y los “gacaca”

En paralelo al TPIR, confluyeron dos tribunales más en Ruanda: uno promovido por el Gobierno y otro popular conocido como los juzgados “gacaca”. El Tribunal Supremo procesó a más de 55.000 detenidos y cuando se constituyó esa corte, el 17 de octubre de 1995, el entonces presidente ruandés, Pasteur Bizimungu, pidió que se distinguiera entre quienes planificaron el genocidio, propagaron el odio y ejecutaron las órdenes, pues entre los detenidos había niños acusados de asesinato.





A su vez, los tribunales populares juzgaron hasta su cierre oficial en 2012 a casi dos millones de personas en medio de las críticas por su parcialidad de la comunidad internacional.

Cerca de 5.000 condenados por estos tribunales apelaron a juzgados ordinarios del país entre 2013 y 2017, alegando que sufrieron un “juicio injusto”.








Fuente: LA Vanguardia

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