El diputado de Podemos, Rafa Mayoral, en la protesta de los trabajadores de Alcoa de marzo en el Congreso. En vídeo, declaraciones de Yolanda Díaz. Juan carlos hidalgo (EFE) | VÍDEO: EUROPA PRESS

La titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid, Raquel Robles, ha citado como investigados por un delito de atentado a la autoridad a los diputados de Unidas Podemos Rafael Mayoral, Antonio Gómez-Reino y Yolanda Díaz por su presunta participación en los incidentes ocurridos cerca del Congreso durante una manifestación de trabajadores de la empresa Alcoa. La citación se produce pese a que los tres son aforados en la actualidad y lo eran en el momento de los hechos. Por tanto, solo pueden ser investigados por el Tribunal Supremo.

Los sucesos que investiga la juez madrileña se remontan el pasado 28 de marzo, cuando cerca de 600 trabajadores de las factorías de Alcoa en Asturias y Galicia se desplazaron a Madrid para manifestarse junto al Congreso por el cierre de sus fábricas. Un dispositivo policial ordenado por la Delegación del Gobierno impidió que se acercaran a la sede parlamentaria. La protesta, en la que, según la policía, se lanzó numeroso material pirotécnico, acabó con incidentes.

El atestado elaborado por la Policía el día de aquellos hechos —al que ha tenido acceso EL PAÍS— detalla la supuesta participación en de Mayoral, Gómez-Reino y Díaz, además de la exdiputada de la misma formación Ángela Rodríguez. El documento policial ya destacaba entonces, poniéndolo en mayúsculas, que todos ellos eran “diputados por el G.P. [grupo parlamentario] confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea”. En aquel momento, las Cortes ya habían sido disueltas para la celebración de las elecciones generales del 28 de abril, pero Mayoral y Gómez-Reino formaban parte de la Diputación Permanente del Congreso, y Díaz era suplente de la misma, lo que les permitía mantener el aforamiento. Rodríguez, sin embargo, ya no era parlamentaria.

A los cuatro, la Policía los acusa en el atestado de haber participado “activamente y de forma reiterada en la rotura del vallado” que se había instalado en la calle para impedir el acceso de los manifestantes a las cercanías del Congreso e, incluso, de “arengar” a estos para que intentaran superar el cordón de seguridad. El informe también asegura que los diputados “recriminaron” a los agentes su actuación cuando estos se enfrentaron a los trabajadores e impidieron que los policías pudieran detener a los que habían mantenido una actitud más violenta. El documento destaca que en el transcurso de los incidentes cinco agentes sufrieron lesiones y tres motocicletas resultaron dañadas.

“Indignación”

La versión de los parlamentarios sobre aquellos hechos es muy distinta. En una rueda de prensa convocada este jueves en el Congreso, los tres diputados mostraron su “indignación” y “extrañeza” tanto por la citación judicial como por el contenido del atestado policial que los señala. Los parlamentarios arremetieron contra el Gobierno y, en concreto, contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que achacaron haber reactivado “las cloacas del Estado” por razones partidistas contra el partido de Iglesias.

Los diputados de Unidas Podemos rechazaron las acusaciones y tildaron algunos pasajes del atestado policial de “manifiestamente falsos”. Por ello, avanzaron que reclamarán explicaciones oficiales a Marlaska. Interior declinó comentar el suceso al ser ya un hecho judicializado. Los tres diputados anunciaron su decisión de no acudir a la cita judicial: “El procedimiento es completamente irregular de principio a fin”.

Competencia exclusiva del Supremo

Reyes Rincón

La decisión de la titular del Juzgado 25 de Madrid de citar como investigados a tres parlamentarios de Unidas Podemos colisiona con el artículo 71 de la Constitución, que regula que los diputados y senadores no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara y que la competencia para investigarles es de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Por eso, cuando un juez de instrucción se encuentra investigando una causa y sospecha de la implicación de un parlamentario, tiene que elevar un escrito al alto tribunal exponiendo los indicios. A partir de ahí, es el Supremo el que decide si investiga al parlamentario. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid admiten que la juez Robles no tiene competencias para citar como investigados a los tres diputados. 




Fuente: El Pais

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