La situación ya había llegado al límite entre varios vecinos y decidieron poner las cartas sobre la mesa en la siguiente junta de la comunidad. “Situación: pisos turísticos. Cuota. Acuerdos a adoptar”. Ese era el punto siete del orden del día de la reunión vecinal de un edificio histórico del siglo XIX en plena Plaza de Cascorro. El debate que llegó después, y que se celebró el 9 de julio, dividió al vecindario. Estaba en juego algo importante: frenar la proliferación de estos apartamentos de paso del edificio gracias a un arma que, unos meses antes, el Gobierno de Sánchez les había otorgado a través de un Real Decreto: si tres quintas partes del vecindario conseguía ponerse de acuerdo, se podría poner coto a ese problema. Llegó la junta y las espadas dialécticas se pusieron en alto.

15 viviendas, tres de ellas turísticas que se ofertan por Airbnb, y tres bandos. Por un lado estaban los vecinos que viven allí y ya están “hartos” de los inconvenientes que ocasionan los turistas, por otro los dueños que alquilan sus propiedades a los viajeros y creen que su negocio aporta a la comunidad “beneficios” y, en medio, aquellos que arriendan a terceros de manera indefinida. Y, al final del debate, la votación. Pero, sobre todo, una cuestión de fondo: ¿qué modelo de ciudad quieren construir? Resultado final: 9 votos a favor de limitar esos negocios, 5 en contra. No habrá más pisos turísticos en ese edificio.

Esta grieta que se ha abierto, según explican desde el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, se ha empezado a ensanchar en la capital, cuyos inquilinos han empezado a llamar a los administradores para informarse. “Es bastante habitual. Es importante que la gente sepa que es para los nuevos, es decir, los que ya son turísticos no puedes impedir que sigan siéndolo, pero puedes limitar o condicionar lo que pase en un edificio a partir del momento en que salió el Real Decreto”.

En el edificio de Cascorro se informaron y se organizaron. “Estos alojamientos ocasionan molestias de todo tipo, y decidimos ponerlo sobre la mesa para que todos tengan conocimiento de lo que pasa, porque lo desconocen. Ellos se creen que tienen un filtro que les permite clasificar qué tipo de turistas entran y cuáles no, pero no tienen control sobre los visitantes”, explica Gema Parrellada, presidenta de la comunidad, donde vive desde hace siete años y una de las personas que lideraron el encuentro vecinal para frenar lo que “se ha convertido en un problema de convivencia”.

La cuestión de la votación es clave para explicar lo que ocurrió en esa reunión, donde el personal es tan heterogéneo como el propio barrio: empresarios que invirtieron hace años en rehabilitar un piso para sacarle rentabilidad, personas de mediana edad que se casaron con el banco para poder vivir en el centro y ancianos que han envejecido junto a las escaleras de madera centenaria del edificio que crujen con cada paso. Todos ellos llegaron a la junta con una idea entre ceja y ceja: la del párrafo añadido en el Real Decreto ley 7/2019, del 1 de marzo, donde se otorgaba más poder a las comunidades de vecinos: si tres quintas partes de los propietarios de una comunidad se ponen de acuerdo, pueden rechazar el uso de una vivienda como turística y denegar más permisos a partir de ese momento. Hasta hace unos meses se exigía unanimidad.

La plaza de Cascorro, entre Tirso de Molina y La Latina, es un reclamo turístico no solo porque los domingos y los festivos se planta ahí el Rastro. Ahí convergen bares castizos como el mítico Los Caracoles, teatros como El Pavón-Kamikaze. Y, a tres minutos andando, la Plaza Mayor.

“Los turistas, como es normal, vienen de vacaciones, tienen horarios diferentes y los dueños de esos pisos, al margen de la buena voluntad, tienen la prioridad del negocio”, se queja la presidenta. Por todo eso, los ejemplos que se pusieron sobre la mesa en la junta fueron varios y diversos: Un hincha de fútbol que, tras la última final de Champions, acabó desnudo a altas horas de la mañana y aporreó las puertas del vecindario. Una persona que, al no encontrar las llaves del portal, llamó insistentemente al telefonillo de los vecinos. Vómitos en el portal. El traqueteo de las ruedas de madrugada. Risas y fiesta cualquier día de la semana.

En el otro lado de la mesa, Guillermo, uno de los dueños de un piso ofertado por Airbnb, se muestra conciliador ante el malestar vecinal. “A nosotros que se regule todo nos parece excelente, porque tiene que haber un equilibrio. Lo que está pasando con las viviendas turísticas responde a un cambio global, es un modelo nuevo y hay que adaptarse, legalmente hay que proteger los derechos de los dos lados”, argumenta el propietario, integrante de la plataforma Madrid Aloja, la mayor organización de propietarios de viviendas turísticas.

Guillermo, que prefiere que no salga su apellido y lugar exacto de su apartamento por miedo “a que los vándalos lo destrocen”, no ve nada negativo en que los turistas modifiquen la manera de configurar el barrio. “Yo entiendo que se hable del modelo de ciudad, pero la conversación no es factual. Cuando se dice que el centro se está despoblando, es mentira, cada vez hay más gente empadronada”, asegura. Aunque añade: “Puede ser que se esté cambiando un poco el modelo de ciudad, pero a mejor. Por ejemplo, con la expansión del turismo y la gentrificación, se acaban con los narcopisos o la prostitución. También digo que se usa el concepto del negocio tradicional de forma populista, está idealizado, y a veces el cambio también es necesario”.

Decisión sentimental

Entre medias de Parrellada y Guillermo, se encontraba el caso de Sonia. Ella tampoco quiere que aparezca su apellido y cuenta que ha experimentado un debate interno con este tema. Vivió en ese mismo edificio siete años y lo dejó en 2014, cuando nació el segundo de sus tres hijos. “Siempre que lo pongo en alquiler hay varias empresas que me ofrecen tres o cuatro veces más de lo que gano haciéndolo por mi cuenta. Pierdo bastante dinero”. Pero a pesar de que “económicamente” su familia va “ajustada”, su decisión de alquilarlo de manera indefinida responde a cuestiones éticas. “Teníamos muy buena relación con todos en el edificio, era una comunidad multicultural y multigeneracional y a mí me gusta cuidar eso. Al final se trata de tener empatía como a mí me hubiera gustado que la tuvieran conmigo”, explica.

“Pero también”, continúa, “por una cuestión de identidad, por la sensación de barrio que se respiraba. Es una cuestión de responsabilidad y de sentirte bien contigo mismo por seguir tus principios”.

Tres administraciones y un problema sin resolver

Las competencias de turismo en España están transferidas a las Comunidades Autónomas. Pero el Ayuntamiento de Madrid consideró, con el Gobierno de Carmena, que era necesario tener una normativa propia, y recurrió a urbanismo, ya que la regulación de los usos del suelo es municipal. El área de Desarrollo Urbano Sostenible estimó que existen entre 10.000 y 12.000 pisos turísticos, con una alta concentración en el centro. “El porcentaje es demasiado pequeño para tener un impacto material. En Madrid, las viviendas que se alquilaron por más de 90 noches en 2018 representan solo el 0,4% del total de viviendas en la ciudad, mientras que hay 153.100 casas vacías, que suponen el 10% del total”, remiten fuentes de Airbnb.

La última normativa del Ejecutivo de Carmena —que estableció que las viviendas de uso turístico suponen una actividad económica y, por tanto, requieren licencia— remarcó el requisito de tener un acceso independiente al del resto de las viviendas.

Pero, ahora, José Luis Martínez-Almeida ha anunciado que ya está trabajando en la elaboración de una nueva regulación basada en “criterios objetivos”. Entre otras cuestiones estudiará la posibilidad de eliminar ese requisito.

Fernando Bardera, del colectivo Lavapiés ¿Dónde vas?, considera, por tanto, se se perdió una gran oportunidad de cerrar pisos turístos y cree que el Real Decreto de Sánchez “es un brindis al sol”. “Un 70% de esos pisos están en manos de grandes empresas hoteleras o de multipropietarios o grandes inversiones que tienen diversificada la inversión y que los ponen como hoteles encubiertos”.

Isabel Bajo, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid asegura que  “el turismo es una parte importante de la vida económica de una ciudad pero no puede poner en riesgo la propia idiosincrasia y fisonomía de la misma”.

Los empresarios avisan que el arma que otorgó Sánchez está recurrida “en los tribunales”. No hay sentencia aún.

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Fuente: El Pais

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