En la cumbre del G20 celebrada en Osaka (Japón) el mes pasado todos los focos apuntaban al único evento que podía desatascar la guerra comercial entre Estados Unidos y China: el cara a cara de sus presidentes. Pero mientras Donald Trump y Xi Jinping se daban la mano en un inane apretón, en otra estancia comenzaba una nueva hostilidad. Shinzo Abe y Moon Jae-in, líderes respectivos de Japón y Corea del Sur, abandonaron su encuentro sin haber llegado a un acuerdo. Unos pocos días más tarde se levantaría entre ambos una empalizada mercantil, la primera de un conflicto comercial que amenaza las cadenas de producción globales y pone de manifiesto el auge de una nueva manera trumpiana de lidiar con las relaciones económicas.

El golpe inicial de esta nueva guerra comercial llegó a principios de mes, cuando Abe limitó el acceso de Corea del Sur a tres tipos de agentes químicos, esenciales para la industria de chips semiconductores del país vecino. Tiene lugar en este punto una colisión frontal de porcentajes: Japón produce el 90% de estos compuestos, necesarios para fabricar chips de memoria de los que Corea del Sur produce el 60% mundial. Este conflicto regional, por tanto, crea un cuello de botella que supone una amenaza para todo el mercado global de productos digitales.

Pero el origen de las desavenencias no está en los libros de contabilidad, sino en los de historia. En la primera mitad del siglo XX Japón ocupó la península de Corea y su presencia allí dejó dos grandes traumas sin cerrar. El primero, las mujeres empleadas como esclavas sexuales para satisfacer al ejército invasor, conocidas por el eufemismo de “mujeres de confort”. En toda Asia fueron 200.000, y solo un tercio sobrevivió. El segundo, los hombres obligados a realizar trabajos forzados para lucro de las grandes empresas nacionales japonesas.

A finales del año pasado, una sentencia de la Corte Suprema de Corea del Sur estableció que los ciudadanos que lo desearan podrían solicitar reparaciones por aquellos daños. Esta decisión judicial causó irritación en Japón, cuyo Gobierno se remite al acuerdo bilateral firmado en 1965. Por medio de ese pacto, titulado Tratado de Relaciones Básicas, se restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países previo pago de 717 millones de dólares (unos 644 millones de euros) en préstamos y cesiones por parte de los nipones. Para el Gobierno surcoreano, en cambio, se trataba de un acuerdo a nivel estatal del que las víctimas habían quedado excluidas, por lo que Japón debería aceptar su responsabilidad legal y desembolsar las indemnizaciones correspondientes. Esta segunda interpretación encuentra apoyo en una resolución de Naciones Unidas fechada en 1996.

Esta discordia fue la que llevó a Abe a abandonar la reunión en el marco del G20, después de que Moon se negara a interferir en la actividad de la Corte Suprema surcoreana. Su respuesta fueron las sanciones, a las que se suma la amenaza de eliminar a Corea del Sur de la lista de “países blancos” que reciben tratamiento preferencial en materia de comercio. Japón nunca ha eliminado a ningún país de esa lista y Corea es el único asiático en ella, por lo que sería un movimiento sin precedentes.

Representantes de las dos naciones volvieron a entrevistarse hace dos semanas, pero la reunión, de cinco horas de duración, fracasó en el intento de reconducir la situación y acabó desembocando en un airado intercambio de reproches. Ambas partes se preparan para lo que parece será una larga batalla: Corea del Sur no ha tomado represalias económicas todavía, pero ante el fracaso de las negociaciones ha recurrido a denunciar a Japón ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). En Tokio se está considerando la posibilidad de elevar el caso a la Corte Internacional de Justicia si se diera el caso de que la OMC falle en su contra y activos de empresas nacionales en suelo surcoreano fueran expropiados.

A esto hay que sumarle una enorme presión social, alimentada por los irresolutos agravios históricos. Las sanciones se han recibido con furia en Corea del Sur y sectores de la población han comenzado a organizar boicots a productos japoneses. La semana pasada, un hombre se quemó vivo frente a la Embajada de Japón en Seúl a modo de protesta. Los políticos japoneses, por su parte, siguen elevando la retórica y retratan en público a Corea del Sur como un socio poco fiable. Ninguno de los líderes cuenta con incentivos domésticos que empujen en favor de la resolución del conflicto, sino todo lo contrario.

“Las últimas restricciones golpearán duro a Corea y perturbarán su cadena de producción, ya que su industria principal depende en gran medida de estas importaciones”, apunta Alicia García Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico de Natixis. Así lo corroboran las cifras publicadas el lunes pasado por el servicio aduanero del país, que reflejaban una aguda caída del 14% en las exportaciones en los primeros 20 días del mes con respecto al mismo periodo un año atrás. Las ventas de chips semiconductores, en concreto, disminuyeron un 30%, mientras que las importaciones desde Japón también se recortaron en un 15%.

“Para los productores de chips semiconductores en Corea del Sur será complicado encontrar una fuente alternativa de proveedores”, añade García Herrero. En este punto, el conflicto se entrecruza con la guerra comercial entre las dos superpotencias económicas. La disputa entre sus dos principales aliados en la zona debilita la posición estratégica de Estados Unidos y juega en favor de China, reforzando su posición central. Pero, al mismo tiempo, también supone una amenaza para Pekín: sus tecnológicas dependen en gran medida de la importación de productos intermedios desde Corea del Sur. Si este país no puede cubrir su demanda, la única alternativa sería recurrir a artículos estadounidenses, algo que en el contexto actual incomoda y acentuaría una dependencia que China quiere superar por considerarla un punto débil.

Esta nueva guerra comercial también confirma el auge de las políticas proteccionistas. El actual estadio de profunda globalización ha generado una enorme riqueza y progreso, en parte gracias a un sistema productivo basado en cadenas logísticas que atraviesan muchos países. Abe ha replicado las formas de Trump, al emplear el comercio como arma en disputas políticas, una táctica legitimada por el presidente estadounidense: Japón identifica productos coreanos que dependen de sus materias primas para convertir su cadena de producción en un látigo que golpea donde más duele. Exactamente lo mismo que Trump ha hecho con las empresas chinas ZTE y Huawei.

A este proceso, que amenaza con dirigir la economía mundial hacia una desconexión parcial conocida como decoupling–, también ha contribuido la erosión de las normas comerciales que hasta ahora habían impedido que las fricciones comerciales entraran en una espiral que las llevara fuera de control. Pero puede que todavía no sea demasiado tarde. Todos los focos apuntan ahora a la OMC.




Fuente: El Pais

A %d blogueros les gusta esto: