Uno de los gigantes de las residencias de mayores en España, Aralia, recibe al año 15 millones de euros de la Comunidad de Madrid a pesar de ser una de las compañías más sancionadas y con peor reputación de la región. Ahora, el gobierno regional quiere poner fin a esta relación, según ha sabido este periódico.

Aralia se enfrenta en la Comunidad al primer expediente de sanción para retirarle a una empresa la gestión de centros públicos de la tercera edad. La consejería de Políticas Sociales ha iniciado el proceso para romper tres concesiones de geriátricos con un total de 720 plazas, según fuentes de ese departamento. Se trata de una señal más de una nueva etapa de mano dura con quienes descuiden a estas personas vulnerables.

Aralia ha ganado desde 2014 los concursos para gestionar cuatro residencias públicas en la Comunidad de Madrid. La idea de estas concesiones es que una empresa privada hace una gestión más eficaz que la administración, sin embargo las familias denuncian que las compañías escatiman en recursos básicos como comida o cuidadores para obtener el máximo beneficio. Los contratos de Aralia se han mantenido e incluso prorrogado, a pesar de que las cuatro residencias que gestiona en Madrid han sido multadas 15 veces desde 2015 por incumplir pliegos o violar la ley, por un importe total de 358.000 euros. Entre las causas se encuentran la suciedad, la falta de personal de atención directa o no haber comunicado incidencias.

Ahora la empresa ha incurrido, según la Comunidad, en una de las causas de rescisión de contrato en tres residencias, en Ensanche de Vallecas, Peñuelas (Arganzuela) y Leganés, al haber subcontratado a empleados para cubrir bajas de cuidadores. Los pliegos prohíben ese recurso a terceras empresas, para así garantizar la calidad del servicio.

Esta es la primera vez que se inicia un procedimiento de este tipo en una residencia de la Comunidad de Madrid, según fuentes de la consejería, dirigida por Alberto Reyero. El consejero de Ciudadanos que llegó al cargo a finales de agosto ha endurecido la vigilancia, en particular sobre el pequeño grupo de 18 residencias públicas gestionadas por empresas, consideradas por muchos como ovejas negras de un sector con más de 400 centros en la Comunidad. Aralia tiene cuatro contratos de este tipo, (además de las tres en proceso de rescisión, gestiona otra en el barrio madrileño de La Ventilla, que ha sido penalizada por falta de personal).

El castigo para Aralia supondría la pérdida de las residencias y no poder contratar con la Comunidad de Madrid durante tres años. “Por supuesto no podemos dar nada por hecho y tendremos en cuenta las alegaciones de la empresa», valoró el consejero, que confirmó la información. «Pero lo que sí es seguro es que desde la consejería siempre vamos a estar vigilantes para garantizar el bienestar de los mayores que residen en los centros». El consejero avisa a otras infractoras: «Si detectamos cualquier tipo de irregularidad se aplicarán los correspondientes mecanismos sancionadores”.

Aralia alega ser víctima de una «caza de brujas» por parte del consejero. Su director general, Álvaro Durán, respondió en un correo electrónico que tomarán medidas en los tribunales. «En ningún caso permitiremos ser atropellados por una decisión política arbitraria y que nos deja indefensos ante la opinión pública», contestó Durán a este periódico.

La empresa ha reprimido con dureza a trabajadores que han denunciado irregularidades. Dos cocineras de su centro en Vallecas, Sol Félix e Inés García, fueron sancionadas el año pasado con dos meses de empleo y sueldo por denunciar en televisión la mala alimentación que recibían los residentes. Durante casi dos años alertaron a la dirección de que los ancianos estaban malnutridos porque sus guisos y purés no tenían suficiente alimento (dos kilos de carne en un puré para 52 personas). Aparecieron en mayo en el programa “¿Te lo vas a Comer?” del chef Alberto Chicote y la empresa las castigó. Días después de la grabación, García sufrió un derrame cerebral en la residencia y aún está de baja. 

“Estábamos hartas de que se rieran de nosotras en nuestras narices y por eso decidimos salir en la tele”, dice Félix. Según ellas, jefes de cocina y dirección les pedían ahorrar ingredientes. “Aralia tiene mucha gente a la que le da igual los mayores”, añade Félix. La semana después de la emisión del programa, las autoridades de Sanidad clausuraron la cocina tras encontrar cucarachas y alimentos en mal estado.

Un grupo de familiares de residentes en varios centros gestionados por Aralia en Madrid, reunidos en una calle de los Mártires de la Ventilla, en el norte de la capital. JAIME VILLANUEVA

Aralia cuida a más de 16.000 personas en toda España, según su página web. La empresa fue fundada en 1993 por el constructor Luis de Ulibarri, imputado en un “hat-trick” de tramas de corrupción, la Gürtel, la Púnica y Enredadera. Las autoridades investigan la concesión de contratos públicos a cambio de sobornos. La empresa sigue liderada por la familia Ulibarri, que ha apartado al patriarca de la estructura corporativa.

El constructor José Luis Ulibarri a su salida de prisión con cargos en septiembre de 2018.
El constructor José Luis Ulibarri a su salida de prisión con cargos en septiembre de 2018. VíCTOR LERENA EFE

Aralia ganó las concesiones en Madrid entre 2014 y 2017, cuando la consejería de Asuntos Sociales estaba controlada en el gobierno entonces monocolor del Partido Popular. Tienen duración de tres años y la empresa consiguió su prórroga por otro trienio. Son residencias públicas que han sido gestionadas por empresas privadas desde hace décadas. Su cesión comenzó poco después de que la Comunidad de Madrid asumiera en el Estatuto de 1983 la competencia sobre asistencia social, y con ella las residencias del Inserso.

La oposición de izquierda pide que las 18 residencias públicas cedidas al sector privado regresen al control de la administración. Se sumarían a las 25 residencias públicas que en todo momento han permanecido gestionadas por la Comunidad de Madrid, ahora agrupadas bajo la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Una Proposición No de Ley del PSOE que lo pedía en 2018 fue aprobada entonces con los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos (entre ellos Reyero), y la única oposición del PP.

Según el promotor de la iniciativa, el diputado socialista José Ángel Chamorro, las 18 residencias públicas controladas por empresas han presentado un déficit crónico de recursos. La Comunidad ha otorgado contratos a la empresa que le ofrece el mejor precio y no la mejor calidad de atención, critica Chamorro. Empresas como Aralia, dice, han racaneado en comida o cuidados para ahorrar. “Intentan rascar no cubriendo bajas por enfermedad”, dice Chamorro. Aralia recibe una mensualidad de la Comunidad de Madrid, que incluye el coste estimado de prestar el servicio y una rentabilidad del 6% para la empresa

Los concursos que ganó Aralia funcionaban a modo de subasta, puntuando la oferta económica de las empresas con hasta 90 puntos sobre 100. Para evitar que las compañías que ofertan a la baja sigan ganando concesiones, la reforma en noviembre de 2017 de la ley estatal de Contratos Públicos promueve los criterios de calidad en futuras licitaciones.

La consejería de Reyero estudia una reforma del sistema de gestión indirecta, de modo que las nuevas concesiones contemplen pliegos más exigentes. Hay expertos como el exdirector de residencias Gustavo García que creen que la gestión indirecta no es mala per se. Advierte que muchos que promueven el control público como única opción hacen demagogia porque no necesariamente supone garantía de calidad.

García dice que el gran problema de estas 18 residencias está en las concesiones por pocos años, que disuaden a las empresas ganadoras de hacer las inversiones que toman los líderes del sector en España y Europa. “Hacen falta obras en los centros existentes para hacerlos más hogareños y dejar de seguir el modelo hospitalario de grandes residencias. De lo contrario estamos condenando a estos centros a quedarse atrasados”, dice García, coordinador de estudios en la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Empresa «horrible»

Trabajadores y familiares de las cuatro residencias de Aralia en Madrid han denunciado a lo largo de estos años las irregularidades de la empresa. Hablan de maltratos, grúas y calefacción averiadas, ropa sucia y una larga lista de quejas. En sus grupos de WhatsApp es raro el día en que un familiar no reporte que ha detectado un nuevo problema.

Las frecuentes faltas de personal están en el origen de muchos accidentes y quejas, según Rosa Serna, presidenta del comité de empresa del centro de Ensanche de Vallecas. Describe a Aralia como una compañía que busca recortar gastos en todo lo que puede. “Está todo manga por hombro. Las familias están enfadadas con razón”, dice Serna. “No te da tiempo a duchar al personal y tenemos que hacer un aseo en cama”, pone como ejemplo.

Rosa Serna, presidenta del comité de empresa de la residencia de mayores de Ensanche de Vallecas.
Rosa Serna, presidenta del comité de empresa de la residencia de mayores de Ensanche de Vallecas. VICTOR SAINZ

“Es horrible trabajar para esta empresa. No he conocido ninguna tan mala como esta”, añade Serna, que tiene 23 años de experiencia como cuidadora.

Los familiares preocupados tienen que estar encima del personal a diario. “Falta papel higiénico, gel, crema…”, dice Esther Cobos, de 55 años, hija de un residente en el centro de Vallecas.

Irene Jaén, de 29 años, dice que su abuela ingresada en la residencia de Peñuelas se rompió la clavícula en una caída y nadie les dijo nada hasta que cinco días después se dieron cuenta ellos mismos. “Falta humanidad”, reprocha ella.

Carmen López, de 60 años, dice que su madre se quedó encerrada con otro anciano y un auxiliar en el ascensor de la residencia de Leganés en un día caluroso de julio pasado. Fue su propia madre de 87 años la que les avisó por teléfono porque no aparecía la empresa de mantenimiento.

Al final la hermana de López llamó a los bomberos y les rescataron después de una hora y cincuenta minutos. Se encontraron una escena dantesca pero afortunadamente sin tragedia: “Me dijo el jefe de bomberos que demasiado bien estaban para lo que podía haberles pasado”.

Aralia dice que sufre una “caza de brujas”

Aralia asegura ser víctima de una persecución por parte de la consejería de Políticas Sociales. “Buscan interesadamente perjudicar el buen nombre de nuestra compañía”, dice en un correo, el director general, Álvaro Durán. La empresa aduce que las multas son frecuentes en los contratos de gestión indirecta «de larga duración» como los de Aralia. Sin embargo, la empresa es con diferencia la mayor infractora de todas las concesionarias en Madrid: 15  de las 31 multas impuestas desde 2015.

El director también dice que uno de los tres expedientes de resolución sería formalmente improcedente. Alega que los hechos investigados (la supuesta subcontratacíón prohibida de cuidadores) fueron cometidos en el centro de Peñuelas mientras regía un contrato ya vencido. Aralia renovó esa concesión en septiembre.

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Fuente: El Pais

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