El Alto Tribunal de Edimburgo, la máxima instancia judicial-civil de Escocia, ha dictaminado este miércoles que es legal la decisión del primer ministro británico, Boris Johnson, de solicitar a la reina Isabel II la suspensión temporal de la actividad del Parlamento británico entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre. El juez Raymond Doherty ha rechazado la denuncia de 75 parlamentarios proeuropeos para bloquear esta suspensión, denunciada por sus opositores como una maniobra del jefe del Gobierno para evitar el bloqueo de un Brexit sin acuerdo. «Desde mi punto de vista, no hay infracción de la ley», ha dictaminado el juez. 

Según Doherty, la suspensión forma parte del «dominio de la política y de la toma de decisiones y no puede evaluarse con criterios legales sino solamente políticos», y, en su opinión, es el Parlamento o en última instancia el electorado quienes tienen que tomar decisiones sobre el cierre parcial decretado por Johnson en la Cámara de los Comunes. Durante la lectura de su veredicto, el magistrado ha señalado que no está convencido de que la cuestión sea «justiciable», es decir, que la acción del Gobierno pueda en este caso ser llevada ante los tribunales, ya que, según dijo, «el Ejecutivo rinde cuentas ante el Parlamento». 

Lord Doherty ha concluido destacando que rechaza así la petición de los demandantes que pretendían que el caso fuese tildado de «ilegal» y «anticonstitucional» y que ya han anunciado que presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo británico, que se prevé que celebre una vista en torno al 17 de septiembre. La diputada del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, que ha liderado la demanda, ha afirmado en Twitter que considera que el juez «ha cometido un error de ley en este punto y en otros» y ha confirmado que los demandantes buscarán «apelar de inmediato».

Entre los firmantes de esta demanda se encuentran también la líder de los Liberales Demócratas, Jo Swinson, varios parlamentarios laboristas e independientes y el activista Jo Maugham, de la asociación contraria al Brexit The Good Law Project, quien ha estado presente durante la lectura del dictamen judicial.

El primer ministro del Reino Unido, que llegó al poder el pasado junio después de ganar las primarias del Partido Conservador tras la renuncia de su antecesora al frente del Gobierno, la también conservadora Theresa May, decidió el pasado agosto suspender la actividad del Parlamento entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre.

Las demandas de un grupo de 75 diputados y lores, que pedían bloquear esta suspensión, han obligado a los tribunales a decidir sobre la cuestión. La maniobra del primer ministro supone el cierre de la Cámara por un periodo más largo de lo habitual y, según los demandantes, fue utilizada por Johnson como un arma política para restar tiempo a la oposición para frenar la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. Otros dos altos tribunales, los de Londres y Belfast, aún deben decidir si el cierre parcial del hemiciclo decretado por el primer ministro es o no legal.

Johnson ha conseguido este miércoles su primera victoria judicial, con lo que, por el momento, el Parlamento permanecerá cerrado entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, dejando así poco margen de maniobra a los diputados contrarios a una salida de la UE sin acuerdo. Sin embargo, el Parlamento británico asestó este martes un golpe al primer ministro: una mayoría de 328 diputados, frente a 301, respaldó una moción para debatir este miércoles mismo una iniciativa legal cuyo propósito es evitar una salida de la UE sin acuerdo. La rebelión de 21 diputados conservadores, a los que Johnson acusó de atar sus manos en Bruselas y amenazó con expulsar del partido, ayudó a sacar adelante la resolución. El primer ministro respondió anunciando que prepara la propuesta de adelantar elecciones si Westminster gana este miércoles el pulso.

Fe de errores

En una versión anterior, esta información adjudicaba la decisión a un tribunal de Estrasburgo cuando lo correcto es Edimburgo.




Fuente: El país

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