En el barrio de los Tempranales, en San Sebastián de los Reyes, el hormigón surca el cielo gracias al trabajo de las grúas. Desde hace una década, sus calles son el destino de un sinfín de viviendas de obra nueva. Javier y María José, una pareja, firmaron para reservar la suya hace más de tres años. Cuando vieron que el adosado iba tomando forma, dejaron su casa y se mudaron al piso de un familiar. La promotora con la que habían firmado, Residencial Tempranales Grupo Pradena SL, prometía darles las llaves pronto. Hasta que, en abril de este año, llegó la sorpresa. Los promotores les pedían 50.000 euros más, además de los 430.000 euros en los que unos y otros habían acordado por escrito el precio de la vivienda.

Como ellos, otras tres familias han visto alejarse el que, desde abril de 2016, era su sueño: un adosado de cuatro dormitorios, tres cuartos de baño, cocina, salón y garaje. Para algunos, sería el lugar en el que nacería su hija. Para otros, la casa en la que cuidar de unos padres y suegros mayores. Los cuatro grupos de afectados decidieron agruparse ante los indicios de que algo no marchaba bien: las obras se aplazaban y la entrega de las llaves, que tendría que haber ocurrido en junio de 2018, también. Desde entonces, actúan juntos. Y en grupo decidieron no pagar ese peaje de decenas de miles de euros. En consecuencia, en mayo de este año, la firma rescindía los contratos de venta. Y una de las compradoras, Isabel, muestra la última notificación de la justicia: la demanda civil que las familias han puesto está por fin asignada a un juzgado.

Cada una de las cuatro parejas ha ido entregando a la promotora cerca de 100.000 euros —en concepto de señal y otras cuotas, hasta alcanzar lo equivalente a la entrada de una hipoteca—, y así lo certifican los extractos de los bancos. Pero estas no quieren el dinero, sino las viviendas. Junto a las casas no hay maquinaria de obra ni se amontona el material de construcción. Los acabados de la fachada parecen apuntalados. Resueltos figuran también los interiores, de los que dan cuenta algunas fotografías que Isabel guarda en su teléfono móvil. “¡Adosados para entrar a vivir y vacíos!”, clama. Y agrega un cierto miedo a que en ellos se cuelen okupas.

A la hora de rescindir el contrato, la promotora apela al principio rebus sic stantibus, según el cual la validez de un acuerdo puede languidecer si las circunstancias que lo rodean han cambiado. Según anotan los comunicados de la empresa, los materiales de construcción y la mano de obra se han encarecido. Pero, como establece el Código Civil, es “el perjudicado” quien “podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación”. Así reza el artículo 1.124 del texto, al que se remite Juan Acitores, el abogado de los afectados. Según el letrado, no importa que la firma trate de volver a vender los pisos. Si la justicia decreta la vigencia de los contratos, estos volverán a manos de sus dueños originales. Sobre los tribunales se pronuncia también Antonio López, portavoz en Madrid de la organización de consumidores CECU: “Esto es intolerable. Nadie puede anular una venta solo porque el mercado haya cambiado. La justicia dará la razón a las familias”.

“Les propusimos adelantarles parte del dinero, si lo que les faltaba era liquidez, siempre que mantuvieran el precio que habíamos firmado. Pero nos dijeron que no”, lamenta Isabel, y muestra otro documento. Hacienda ha realizado un embargo a la promotora, y así lo ha notificado a los compradores; la firma debe 199.466,36 euros al Estado. Muy cerca de los 200.000 euros que sumarían esos cuatro peajes, de 50.000 euros por vivienda, que la empresa había propuesto. Aunque esta publicación se ha puesto en contacto con él, no ha logrado obtener declaraciones de Alberto García de Prádena, socio del Grupo Pradena —a quien pertenece la promotora con la que firmaron sus contratos estas familias—.

En el barrio de los Tempranales, cada esquina permanece adornada por la valla publicitaria de alguna promoción inmobiliaria. Según los vecinos, lo que más ha cambiado en el mercado no son los materiales de construcción o la mano de obra, como aduce la promotora, sino los precios de las casas en el barrio. Las ofertas de viviendas de obra nueva rondan hoy los 500.000 euros; aunque se trate de pisos, y no de adosados, como los de las cuatro parejas afectadas. Pero han pasado más de tres años desde aquel 2016 en el que estas firmaron los contratos. Y cerca de un lustro desde que en España se diera por acabada la crisis inmobiliaria. Javier y María José aún viven bajo el techo de un familiar.

El Grupo Pradena es el mismo conglomerado que, en Fuenlabrada, está al frente de las promociones de la Malagueta. A él pertenece Jonathan Praena, el presidente del Club de Fútbol Fuenlabrada, con quien esta publicación ha tratado de dar, sin éxito. Quien sí responde al teléfono es David, casado y padre de dos hijas. Firmó la compra de su piso hace más de dos años, y puso una señal y empezó a pagar las cuotas con las que cubriría la entrada de la vivienda. El noviembre pasado, el banco dejó de pasarle los pagos. Este junio, la empresa le comunicó que su casa nunca se construiría; ni la suya, ni la de otros 19 compradores del mismo bloque. Los afectados de San Sebastián de los Reyes y los de Fuenlabrada hablan a diario, aunque los casos son diferentes: los primeros pueden hasta tocar los adosados, mientras que los del sur no han visto un solo ladrillo. Y David sentencia: «No quiero más tratos con ellos. No me fío. Solo sueño con recuperar mi dinero y empezar otra vez».

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Fuente: El Pais

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