Vuelven las multas a Madrid Central. Cinco días después de la entrada en vigor de la moratoria aprobada por el alcalde José Luis Martínez Almeida (PP) -que gobierna junto a Ciudadanos-, un juez ha paralizado la medida. Fuentes municipales aseguran que el Consistorio aún no ha recibido notificación. Pero el auto, al que ha accedido EL PAÍS, procede a «acordar la medida cautelar provisionalísima consistente en suspender la eficacia del acuerdo de la Junta de Gobierno del 27 de junio del 2019». Este acuerdo estableció desde el 1 de julio «un periodo de aviso en relación con el acceso a la zona de bajas emisiones Madrid Central mientras el sistema de control se somete a auditoría», según el auto del Juzgado de Instrucción 24 de Madrid. [Así funciona Madrid Central]

Ecologistas en Acción, Greenpeace y otras organizaciones de la plataforma, que aglutina a más de 80 entidades, habían presentado a primera hora de este mismo viernes en los juzgados un recurso contencioso administrativo contra una decisión que «desactiva y priva de toda eficacia la regulación y limitación del tráfico viario en el ámbito de Madrid Central», explicaban en ese momento. «La capacidad de coerción que suponen las multas es uno de los elementos mínimos para garantizar el cumplimiento de cualquier norma jurídica. Imaginemos qué pasaría si nos dijeran que, por deficiencias en algún trámite fiscal por ejemplo, se suspenden todas las sanciones a quien no presente sus declaraciones a Hacienda, aun estando en vigor toda la legislación fiscal (como lo está Madrid Central)».

Fuentes policiales explicaron a este periódico que la reversión de la moratoria se retrasará hasta el martes o miércoles, como muy pronto, dado que primero tiene que llegar la notificación del auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo al Ayuntamiento. Después, los servicios jurídicos deberán informar al Área de Movilidad para que se reinicien las multas a los conductores que pasen por Madrid Central sin estar autorizados. Estas fuentes recuerdan además que el Ayuntamiento tendrá que informar a la ciudadanía y que esto no se hará “de la noche a la mañana” ya que cualquier sanción sin previo aviso podría ser anulada. Es decir, que la medida no será tan rápida si se cumplen los plazos legalmente establecidos.

Según el escrito que ha remitido la Plataforma, el acuerdo de la Junta de Gobierno se apoya en un artículo de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, el 247, «que en ningún caso da soporte a esta medida de moratoria de multas». Al contrario, para las entidades se trata de «un mero subterfugio o excusa para suspender de facto la eficacia de las normas reguladoras de la Zona de Bajas Emisiones de Madrid Central». Esto es así, argumentan, porque ese artículo se diseñó para dar un margen de tiempo a la ciudadanía para que conociese el funcionamiento de esta medida en su inicio e implantación, pero no para justificar la suspensión de las multas.

Ecologistas en Acción recuerda que Madrid no ha cumplido nunca los valores máximos fijados por la legislación europea y española para el dióxido de nitrógeno desde que estos límites están vigentes, en 2010 (tampoco antes), pero que gracias a Madrid Central se han conseguido grandes avances. Así, señalan que los valores medios de toda la red de medición de la contaminación (24 estaciones) para el dióxido de nitrógeno durante el segundo trimestre del año han sido los más bajos desde que hay registros, 25 microgramos de contaminante por metro cúbico de aire de media entre abril y junio.

Hace unos días, la organización ecologista mostró en un informe (basado en datos oficiales) que el segundo trimestre del año, el único completo con sanciones, ha sido el mejor en cuanto a contaminación de la última década. «En pocos meses de funcionamiento ha conseguido reducciones históricas de los niveles de contaminación», resume la ONG.

«Estamos contentos y satisfechos con la suspensión de la moratoria», ha manifestado el portavoz del grupo municipal socialista, Pepu Hernández. El PSOE presentó un recurso similar este jueves, pero en su caso, el juez decidió dar trámite de audiencia al Ayuntamiento, es decir, escucharle antes de tomar una decisión sobre las medidas cautelares solicitadas. Fuentes socialistas explican que en ambos casos los argumentos eran parecidos. Por un lado, explicaban que «la suspensión de las multa suponía de facto eliminar la Zona de Bajas Emisiones», por otro, «existía un riesgo muy importante para la salud de las personas», y en tercer lugar, señalaban que «España se arriesgaba a que la UE reactivara el procedimiento sancionador» por superar los límites legales permitidos de contaminación atmosférica.

El PP llevó a los tribunales la medida de Carmena

La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, ha intentado torpedear de todas las formas posibles Madrid Central. El Ejecutivo de Ángel Garrido (ahora en Ciudadanos) llevó a los tribunales el proyecto estrella de Manuela Carmena “por falta de trámites” y pidió medidas cautelares para detenerlo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado dos veces las peticiones del Gobierno regional, aunque todavía no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión. Madrid Central ha enfrentado a la Comunidad y el Ayuntamiento desde el inicio. En octubre, la Administración regional pidió al Gobierno de Carmena que no llevara a cabo la medida. Una vez que se instauró con éxito, el pasado 30 de noviembre, el Ejecutivo de Garrido no reforzó el transporte público como pedía el Consistorio (en parte por la falta de trenes y maquinistas en Metro de Madrid). Y después llevó la medida a los tribunales.

Ahora que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha dejado sin efecto las multas de Madrid Central, el PSOE y las organizaciones ecologistas han denunciado al Ayuntamiento por quitar la zona especial, lo contrario por lo que denunció la Comunidad (instaurarla).

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Fuente: El Pais

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