España

Un golpe a la ley sólo puede ser respondido con arreglo a la ley


El lamentable espectáculo ofrecido ayer por el Parlament de Cataluña, con la Cámara autonómica secuestrada groseramente por la mayoría separatista, ha llenado de estupefacción al conjunto de la sociedad española, atónita y escandalizada ante la visión en directo de un golpe a la Ley y a los derechos políticos de los ciudadanos. Pocas escenas más grotescas como la de unos diputados editando clandestinamente el Boletín Oficial, saltándose leguleyamente las atribuciones de los funcionarios encargados de defender la legalidad y la dignidad del Parlament, se han dado en la historia de las democracias occidentales. Así las cosas, a nadie puede extrañar que muchos españoles vuelvan los ojos hacia los representantes del Estado, hacia el Gobierno de la Nación y hacia los jueces buscando una respuesta contundente, plástica y palpable, al atropello. Pero si es perfectamente comprensible esa demanda, lo cierto es que contra un golpe a la Ley sólo puede responderse con arreglo a la Ley, por más que la indignación sugiera otros términos más perentorios. Ayer, los separatistas catalanes, encabezados por la Generalitat, cruzaron todas las líneas de la legalidad, la española, la catalana –como ayer denunció su propio Consejo de Garantías estatutarias– y la internacional; suprimieron de un plumazo la división de poderes y retorcieron el reglamento como ni siquiera se atrevió a hacerlo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por poner un ejemplo de desprecio a la democracia representativa. Todo esto es cierto y lo hemos vivido en directo, pero también lo es que España es un Estado de derecho y que, por lo tanto, la legalidad rota será restituida y los usos parlamentarios serán rehabilitados. Que la esforzada defensa de la democracia y la libertad que hicieron ayer los parlamentarios catalanes de Ciudadanos, el Partido Socialista, el Partido Popular e Izquierda Unida, negándose a dejar pasar en silencio el rodillo liberticida, no caerá en saco roto y que los responsables de todo el engendro, que son, precisamente, quienes más obligados están a cumplir y hacer cumplir la Ley, harán frente a sus responsabilidades, comenzando por la presidenta de la Cámara, Carmen Forcadell, y por los miembros de la mesa del Parlament que la secundaron y que siguieron adelante pese a la advertencia formal de los letrados, alertando que la tramitación de las leyes de ruptura choca con las advertencias del Tribunal Constitucional que prohibió cualquier iniciativa encaminada a la convocatoria del referéndum soberanista. Y responderán porque la democracia española, lejos de estar inerme como parecen creer los separatistas, dispone de los instrumentos legales precisos para hacer frente a esta clara muestra de sedición y, como no podía ser de otra forma, los poderes del Estado, desde el Gobierno que preside Mariano Rajoy, a la Fiscalía, pasando por el Constitucional, están poniendo en marcha los mecanismos necesarios que demande cada actuación ilegal. El primero de ellos, necesariamente, la querella de la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Cataluña contra la presidenta de la Cámara catalana, ya procesada por desobediencia, y los miembros de la Mesa que tenían, de acuerdo al dictamen jurídico de los letrados del Parlament, el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica o material, que directa o indirectamente supusiera ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional, así como abstenerse de realizar cualquier actuación tendente a dar cumplimiento a las mismas. Ante todo, es preciso que la opinión pública española tenga la seguridad de que no existe dejación alguna por parte de los poderes públicos en la defensa de los derechos constitucionales y que, por supuesto, nada se ha dejado a la improvisación. La respuesta será exacta y graduada a las acciones delincuenciales de los impulsores del desafío separatista, sobre quienes sobrevuelan media docenas de sentencias y providencias del Tribunal Constitucional, que, sin duda alguna, serán cumplidas. Que la Nación española, una de las democracias más avanzadas del mundo y con mayores garantías para los derechos individuales, prevalecerá sobre quienes pretenden destruirla.




Fuente: La Razón

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