La estabilidad del primer Ejecutivo de coalición de la historia de la Comunidad dependerá desde la próxima semana de la posible imputación en la Púnica de las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes; de la evolución de la polémica por el aval concedido por Avalmadrid a una empresa participada por el padre de Isabel Díaz Ayuso; y de si los nombramientos del Gobierno propician que el exsenador Juan Soler, imputado en el caso Teatro, vuelva a estar aforado como nuevo diputado. Los tres asuntos afectan directamente al PP, por lo que la oposición pondrá en la diana a Cs para poner a prueba la solidez de la alianza gubernamental.

Díaz Ayuso busca tener un perfil propio en la política nacional

Isabel Díaz Ayuso, la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, está empezando a construir un perfil propio en la política nacional. La líder regional se mostró ayer dispuesta a confrontar con Pedro Sánchez y a aprovechar el altavoz de la presidencia regional para hacerse eco de las críticas de Pablo Casado al Ejecutivo. Una estrategia que también le permitirá consolidarse como referente interno en el PP.

«Pedimos al presidente del Gobierno en funciones, y a la ministra de Hacienda, que convoquen de manera urgente el consejo de política fiscal y financiera para que nos diga a las comunidades autónomas los motivos por los que se está retrasando en los pagos», dijo ayer, reclamando al Ejecutivo central que afronte una deuda de 1.300 millones de euros con Madrid. «Queremos actuar con lealtad, pero también seguir reclamando ese dinero que es tan necesario para seguir financiando la Comunidad», añadió. «Madrid está infrafinanciada desde hace largos años, y si además el dinero no llega, financiar los servicios públicos es más difícil».

Apenas una semana después de asumir el cargo institucional más importante de los que tiene el PP, Díaz Ayuso ya ha pedido una audiencia con Felipe VI; le ha solicitado por carta una reunión a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en funciones; y ha anunciado que se desplazará a Cataluña justo antes de la Diada del 11 de septiembre para reunirse con empresarios catalanes y explicarles la bajada de impuestos que propone para Madrid.

Así, la Fiscalía pretende que Aguirre y Cifuentes, mentoras políticas —y antiguas jefas— de Díaz Ayuso, expliquen su papel en la trama de financiación ilegal del PP madrileño que se investiga en el caso Púnica. Septiembre verá, además, la reanudación de otras investigaciones judiciales sensibles para el partido, como el caso Lezo —en el que está imputado el expresidente Ignacio González—; o la del desfalco de 105 millones de euros en el Campus de la Justicia, una causa estrictamente madrileña que está en fase incipiente y en la que se verán envueltos altos cargos de la formación conservadora.

En paralelo, la Asamblea de Madrid resolverá si le da vía libre a la comisión de investigación sobre Avalmadrid que impulsa al PSOE, y que afectaría directamente a Díaz Ayuso (una empresa participada por su padre logró un polémico aval en 2011). Finalmente, la presidenta tendrá que decidir si los diputados que nombre como cargos de su Gobierno pueden mantener el acta. En caso contrario, correrá la lista, y podrá acabar entrando en la Cámara Juan Soler, exsenador y exalcalde de Getafe, imputado en el caso Teatro, que así volvería a estar aforado.

El PP logró 30 diputados en las elecciones autonómicas de mayo. Soler era el 34 de la lista. Desde entonces, Díaz Ayuso ha nombrado a tres diputados como cargos de su ejecutivo. Si elige a un cuarto, y todos renuncian a su acta, cumpliendo con la tradición para dedicarse en exclusiva a sus tareas gubernamentales, Soler recuperará la condición de aforado —en este caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid—.

A principios de octubre, el exsenador y exalcalde del PP está citado a declarar como imputado en el caso Teatro. Si recuperara el aforamiento, no solo frenaría el proceso. También pondría a prueba la relación entre el PP y Cs, un partido que ha incluido en todos sus pactos el compromiso a apartar a todos los imputados de sus cargos públicos.

Hasta ahora.

En 2015, Aguado y Cristina Cifuentes firmaron un pacto de investidura que no dejaba lugar a dudas, ni por el contenido ni por el peso que se le daba en el acuerdo. «Separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política o por cualesquiera otros que por su gravedad causen una especial alarma social hasta la resolución completa del procedimiento judicial», decía el punto 1.

En 2019, Aguado y Díaz Ayuso han rubricado un acuerdo diferente, y rebajado. «Asumiremos un compromiso de tolerancia cero con la corrupción política. Cesaremos inmediatamente a cualquier miembro del Gobierno o alto cargo de la Comunidad de Madrid que esté siendo investigado por delitos de corrupción política», especifica el punto 152, que por lo tanto no es de aplicación estricta a los diputados que no forman parte del gobierno.

En los últimos días, Aguado ha manifestado que será implacable con la corrupción. Sin embargo, las preguntas se agolpan alrededor de la formación naranja. ¿Aceptaría que el PP, su socio de Gobierno, tenga un diputado imputado? ¿Le parece correcto que el nuevo director general de Recursos Humanos de la Consejería de Justicia y uno de los exconsejeros de Avalmadrid, Pedro Irigoyen Barja, haya sido nombrado para el cargo pese a estar propuesto para sanción por Avalmadrid? ¿Apoyará la comisión de investigación sobre Avalmadrid?

«A nadie se le escapa que a nosotros no nos gusta cómo ha funcionado Avalmadrid en los últimos meses y en los últimos años», dijo esta semana Aguado. No nos gusta esa sombra de corrupción que pende sobre ella. Vamos a ir hasta el final para conocer qué se ha hecho en Avalmadrid y, desde luego, si se ha cometido alguna irregularidad que haya responsabilidades políticas y también, en su caso, judiciales».

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Fuente: El Pais

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