Olga Tubau, abogada del major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha presentado este lunes en la Audiencia Nacional su escrito de defensa, un detallado informe en el que los primeros 47 folios los dedica a detallar y contextualizar la actuación del entonces mando de la policía de la Generalitat y a desmontar las acusaciones vertidas por el ministerio Fiscal. La letrada arranca asegurando que Trapero “no ha participado, no ha intervenido y no ha compartido” el plan de la Generalitat y el Parlament de Catalunya para alcanzar la independencia y su proclamación como Estado soberano e independiente en forma de república. Y advierte lo que ya relató el propio Trapero en su extensa declaración como testigo hace unas semanas en el Tribunal Supremo, que durante su etapa al frente de los Mossos, desarrolló su actuación “desde el más riguroso respeto al orden jurídico constitucional”, obedeciendo y cumpliendo los mandatos judiciales y “no habiendo puesto jamás” a los Mossos al servicio de los intereses políticos secesionistas.





En su escrito, la defensa asegura que Trapero ni intervino, ni participó en la elaboración del apartado de Seguridad del denominado Libro Blanco de la Transición Nacional, presentado por la Generalitat el 29 de septiembre del 2014. Como tampoco participó y desconocía la existencia del documento EnfoCATs hallado el 20 de septiembre del 2017 en el domicilio del entonces secretario de la Vicepresidencia y Economía y Hacienda, Josep María Jové Lladó. Es más, Tubau recuerda como en ese mismo registró se encontró una agenda manuscrita en la que hay una anotación del 8 de noviembre del 2016 en la que bajo el título WAR ROOM, se hace constar que “los Mossos harán siempre lo que les digan los jueces y que no habría ninguna orden del Departamento de Interior”. Al lado aparecía las siglas MHP, que la propia Guardia Civil interpreta que es una reflexión del entonces president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Para Tubau, esa anotación deja constancia del conocimiento que se tenía desde el ámbito político de la postura “inequívoca” de Trapero respecto al cumplimiento por parte de los Mossos de la legalidad constitucional.

A partir de aquí, la letrada reconstruye los distintos escenarios que se produjeron a partir del 20 de septiembre, con los hechos de la conselleria de Economia, y el papel que desempeñó Trapero y los Mossos. Tal y como hizo el Major durante su comparecencia en el Supremo, contextualiza todas sus órdenes y niega cualquier acto de connivencia encaminada a desatender las órdenes judiciales.

Como evidencia de que los responsables políticos implicados en la declaración unilateral de independencia “no podían contar con los Mossos en sus designios secesionistas”, Tubau recuerda que tras esa declaración en el Parlament, Trapero se puso, por teléfono y por escrito, a las órdenes del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y del entonces Fiscal Superior de Catalunya. Y además ordenó que se preparara un dispositivo policial, antes las posibles órdenes, que finalmente nunca llegaron relativas a la detención de algún miembro del Gobierno.





La abogada destaca que dos días después, tras el cese de Trapero al frente de los Mossos en virtud del articulo 155, se nombrara como sucesor al comisario Ferran López, que junto al resto de comisarios que integraban en ese momento la prefectura “compartieron, diseñaron y participaron conjuntamente en todas las actuaciones y decisiones relativas a los operativos policiales que son objeto de este sumario”.

Olga Tubau repasa los hechos del 20 de septiembre, negando que Trapero impidiera ni por acción ni por omisión que las diligencias judiciales se desarrollaran, ni propició que se concentrase a lo largo del día una gran masa de personas, ni mantuvo una conducta pasiva ni de connivencia con los responsables políticos y los de las asociaciones ANC y Omnium Cultural, “en una suerte de participación en el plan secesionista descrito por el Ministerio Fiscal”.

Se encarga la letrada de recordar el modelo de gestión del orden público implantado por Mossos desde el año 2013, basado en el diálogo y la planificación. Un modelo que hace pivotar en la mediación la gestión de masas y de posibles desórdenes públicos, como requisito esencial y previo a cualquier uso de la fuerza.

Dedica la letrada parte de su escrito a detallar la actuación de los Mossos d’Esquadra los días previos y durante el 1 de octubre. Y cómo ya contaron tanto Trapero, como días después el comisario Ferran López en el Supremo, “en modo alguno se pretendía enmascarar una pretendida y dolosa inacción policial tendente a no evitar la celebración del referéndum”. En su informe, Tubau recuerda que el dispositivo no era de Mossos, sino de los tres cuerpos policiales en el que cada uno tenía que asumir una función. Y que ni en los días previos, ni siquiera los siguientes se advirtió ningún tipo de observación ni reproche. La letrada recuerda las palabras que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Mercedes Armas, dio a los responsables de todos los cuerpos policiales antes de abandonar su despacho: “ejecuten la orden con paciencia, contención y garantizando en todo momento la paz social”.





También recoge el escrito de defensa de Trapero las reuniones celebradas en el Palau de la Generalitat, a petición del major de los Mossos con altos cargos del Govern en las que se trasladó “la preocupación común en relación al mantenimiento del referéndum convocado para el día 1 de octubre por los eventuales problemas graves que para la seguridad ciudadana y el orden público podían producirse”. En esas reuniones, de los días 26 y 28 de septiembre del 2017, se instaba al Govern a que cumpliera con la legalidad y se advertía que desde Mossos “no se compartía el proyecto independentista y que habían sido advertidos por el Tribunal Constitucional de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa”.

Rechaza también la letrada las acusaciones de seguimientos o vigilancias a agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, y recuerda que en el contexto del dispositivo Agora se estaban realizando labores de seguridad y protección. Y que el día 1, a las siete de la tarde, Ferran López envió un correo al entonces coronel Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo, en el que le proponía la posición de efectivos de orden público de los Mossos, de la Brigada Móvil, en las cercanías de determinados edificios de titularidad del Estado. De los Cobos, agradeció el plan y solicitó, según el escrito de la defensa de Trapero, otros dos emplazamientos más para vigilar, que fueron incorporados en el plan de la policía catalana.





Niega también la letrada cualquier acción de Trapero relacionada con la vigilancia, contravigilancia o protección de miembros del Govern o de la administración que estaban siendo sometidos a una investigación judicial. Y recuerda como se denegó las solicitudes de protección y escolta de varias personas que lo solicitaron como fue Josep María Llové, o la directora de Servicios de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, Natalia Garriga. También se rechazó protección policial para dos secretarios del departamento de Economía.

Olga Tubau asegura que ninguno de los correos electrónicos remitidos por Trapero, y que fueron duplicados en su totalidad por la Guardia Civil, “revelan una participación o connivencia en un plan ideado por el Govern para alcanzar la independencia”. Y revela en el último apartado que el major desconocía absolutamente que el día 26 de octubre del 2017 estuviera previsto destruir en la incineradora de Sant Adrià documentación de la Comisaría General de Información. Es más, ese mismo día, en cuanto se tuvo conocimiento de que la Policía Nacional había bloqueado el paso de la furgoneta con la documentación de los Mossos y finalmente la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, autorizaba su incautación, solicitó al comisario Javier Gámez que pidiera al comisario Joan Carles Molinero un informe con los detalles de la operación. Trapero quería saber quién había ordenado que la destrucción fuera ese día, que documentos se iban a quemar, si alguno estaba relacionado con el referéndum del 1 de octubre, y si existía la documentación original o más copias de esos papeles.





La causa relacionada con la destrucción de la documentación fue archivada en un juzgado de Barcelona, aunque está pendiente del recurso presentado por la Fiscalía y el letrado José María Fusté Fabra, en su nombre y en representación de varias personas que aparecían en los papeles.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 11 años de prisión y otros 11 de inhabilitación para el major por rebelión. El ministerio público le acusa de “dar cobertura efectiva” a los líderes del procés “para imponer por la fuerza de las masas derechos de los que carecían” y “apoyar la efectividad de las normas abiertamente inconstitucionales emanadas del Parlament y del Govern de la Generalitat”. El escrito de los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira sostiene que entre los días 20 de septiembre y 1 de octubre se registraron “numerosos actos de violencia sobre las personas y las cosas”, y se generó “un clima de tensión y enfrentamiento susceptible de generalizarse”. En todo ello, según los fiscales, “cobró especial relevancia el papel desempeñado por los Mossos”. “Su capacidad investigadora e intimidatoria al servicio de la organización y los fines independentistas era (…) imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum”. Los agentes, señalan los fiscales, se dedicaron “a funciones impropias de un cuerpo policial” como “la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y, en algunos casos, incluso, oponerse físicamente”.





El juicio contra Trapero, la intendenta Teresa Laplana y altos cargos de la Conselleria de Interior no tiene fecha todavía.




Fuente: LA Vanguardia

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