“Nosotros simplemente queremos estar en plantilla”. Es la reivindicación histórica de los riders tras más de tres años acumulando sentencias judiciales que reconocen su relación laboral con las plataformas digitales para las que trabajan como autónomos. La plataforma Riders X Derechos se lo trasladó el lunes a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una primera reunión para abordar las bases de un proyecto de ley que pretende llevar al Congreso de los Diputados “antes de que termine el verano”, avanza el ministerio. La norma regulará la situación laboral de los repartidores como trabajadores por cuenta ajena y combatirá el uso de falsos autónomos en plataformas digitales.

“El miedo que teníamos era que se aprobara una ley a medida para estas empresas y acabar convertidos en autónomos digitales, pero se disipó pronto”, explican portavoces de la asociación que aseveran que la ministra descartó la creación de un trade (autónomo dependiente) específico. “El ministerio está trabajando en el desarrollo de un proyecto de ley que garantice su laboralidad”, confirman en Trabajo.

El departamento que dirige Díaz ya avanzó en enero esta legislación, pero el coronavirus impuso su propia ley y la iniciativa quedó aparcada. Mientras tanto, los riders de las tres plataformas digitales principales, Glovo, Deliveroo y Uber Eats, han visto multiplicada su actividad. Además del servicio de comida a domicilio, las empresas ampliaron su negocio para ofrecer a sus clientes la entrega de sus compras durante el confinamiento.

Sin embargo, en estos meses, las empresas han sido criticadas duramente por trabajadores, sindicatos y asociaciones que denuncian la precarización de sus condiciones laborales. Dejando aparte que su modelo laboral les deja fuera de las ayudas decretadas por el Gobierno para los afectados por el coronavirus al no ser reconocidos como asalariados, los riders se quejan de que nadie ha compensado el riesgo en el que han incurrido durante la crisis sanitaria. Lejos de aumentar sus tarifas, plataformas como Glovo, incluso, se las han reducido; y Deliveroo les ha impuesto viajes más largos, al eliminar la asignación de franjas horarias de reparto y unificar las zonas de conexión.

Mal protegidos

Riders X Derechos exigió, pocos días después de decretarse el estado de alarma en marzo, el cese de actividad de los riders al considerar que los repartos debían realizarlos “trabajadores contratados, preparados y protegidos” con un lugar de trabajo donde ducharse y cambiarse, y controlados por un supervisor que revisara sus medidas de seguridad. En respuesta, Deliveroo ofreció a los repartidores la opción de reembolsar hasta 50 euros por compras de material sanitario; Glovo repartió 130.000 guantes y 190.000 mascarillas; y Uber Eats 300.000 de estas, si bien las asociaciones denuncian que las entregas fueron insuficientes y llegaron tarde.

Según los repartidores, las plataformas han aprovechado la crisis sanitaria para reajustar sus parámetros incentivando los pedidos de más kilómetros. Así, Glovo ha reducido la base fija, la que ganan solo por aceptar el pedido (de 2,50 a 1,25 euros, por ejemplo, en Madrid) y ha elevado las tarifas solo a partir de los 6,5 kilómetros recorridos. Los repartidores de Deliveroo, por su parte, ahora pueden trabajar en cualquier momento del día y lugar, sin limitaciones. “La desventaja es que, en la franja horaria en la que nos conectamos haya demasiados riders, por lo que, en proporción, hay pocos pedidos disponibles para todos. Es una situación perfecta para la empresa, no para nosotros”, matiza Héctor Merino, de la organización Asoriders.

Según estima la asociación de empresas que representa a la economía digital en España, Adigital, en estas plataformas operan más de 14.000 riders. Rubén Ranz, coordinador de plataformas digitales de UGT, estima que el 75% de ellos son inmigrantes venezolanos demandantes de asilo. “Ellos tienen una carta blanca que les permite estar en España pero no trabajar. Es la carne de cañón de las cuentas alquiladas”, dice. Se refiere a la cesión de usuarios a otras personas, generalmente a migrantes sin permiso de trabajo, una de las muestras de mayor precariedad en esta actividad. “No podemos estimar el número de cuentas cedidas a terceros”, advierten desde UGT. Asoriders aventura una horquilla del 25% al 50%.

De los flecos del proyecto de ley que prepara Trabajo, el de la subcontratación es el que más preocupa y una de las reivindicaciones que los 19 representantes de Riders X Derechos trasladaron a la ministra Díaz. “Para nosotros es muy importante que no se externalice el servicio a otras empresas pagando por debajo del convenio como hacen con el personal de las kellys [limpiadoras de habitaciones de hotel]”, afirman. A falta de concretar los detalles de la ley, Riders X Derechos trasladaron tres demandas: dar de alta a los repartidores desde que se inició la relación laboral, devolver las cuotas de autónomo ya pagadas, readmitir a los trabajadores “desconectados” (de los que se ha prescindido) y más recursos a la inspección de trabajo para que penalice a las plataformas con multas más duras. Desde el ministerio resaltan que no hay más reuniones previstas, “lo que no implica que no se puedan mantener contactos”, mientras que el colectivo está satisfecho con la cita.

La precariedad en tiempos del Covid-19

Trabajadoras del hogar. El coronavirus ha obrado una medida sin precedentes: ampliar la red de seguridad de los asalariados a colectivos como el de las empleadas domésticas. El Gobierno aprobó un subsidio de desempleo, de manera extraordinaria y durante el tiempo que dure el estado de alarma, para las trabajadoras del hogar afiliadas a la Seguridad Social que se quedaron sin trabajo por la pandemia. Sin embargo, la mayoría sigue pendiente de cobrarlo, como reconoció el martes el secretario de Empleo. Según datos del SEPE, 27.815 empleadas del hogar solicitaron la ayuda de las cerca de 375.000 afiliadas.

Las kellys. Son las camareras de piso de los hoteles, un colectivo que agrupa a unas 200.000 trabajadoras en temporada alta, 99% mujeres según sindicatos y asociaciones del ramo, que denuncian que sus precarias condiciones laborales se han agudizado con la crisis sanitaria. Miles de ellas, subcontratadas a través de empresas temporales o multiservicio, no se han podido acoger a un ERTE por no tener un contrato estable. Las kellys solicitan modificar el artículo 42.1 del Estatuto de Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral para impedir que las empresas sorteen los convenios sectoriales externalizando servicios y precarizando sus trabajos. “Si somos entre el 30% y el 35% del personal de un hotel, deberíamos formar parte de su plantilla”, dicen.




Fuente: El país

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