Los lazos amarillos siguen luciendo en ventanas y balcones de edificios públicos de la Generalitat y el Govern no ha dado aún ninguna instrucción al respecto. La Junta Electoral Central (JEC) requirió el lunes al presidente catalán Quim Torra que ordenara “en un plazo máximo de 48 horas” la retirada de las banderas estelades

y los lazos de color amarillo que se encuentran en edificios que dependen de la administración catalana. Sin embargo, Torra ha optado por pedir a la JEC que reconsidere su decisión y estudie sus alegaciones. También ha dejado claro que va a mantener la pancarta que pide la “libertad de los presos políticos” que se encuentra en la fachada del Palau de la Generalitat.





En el momento que ha finalizado el plazo, Torra ha presentado varias razones en un escrito dirigido a la Junta Electoral. Entre otras, el presidente catalán subraya que debe respetar el “derecho fundamental a la libertad de expresión” de los funcionarios, manifiesta la “dificultad legal” de cumplir el requerimiento porque muchos edificios no están directamente gestionados por la Generalitat, y alega que, de cumplirse la orden, se estaría vulnerando el principio de neutralidad que precisamente se quiere proteger porque, a su juicio, se daría la razón a Ciudadanos, el partido que hizo la denuncia.


La resolución de la JEC, lejos de mantener la neutralidad política, está favoreciendo a los postulados de los partidos que han atacado sistemáticamente esta manifestación pública”


Torra argumenta que la bandera estelada no es, como asegura la Junta en su resolución, un “símbolo partidista”. El presidente catalán recuerda al organismo que una resolución aprobada por el Parlament reconocía a la estelada como “símbolo que representa un anhelo de libertad y una reivindicación legítima, legal y no violenta” y añade que no consta que se hayan presentado alegaciones contra la citada resolución parlamentaria. Por ello, considera que la interpretación que hace la JEC de la estelada es una “interpretación subjetiva que no se corresponde con la realidad ni con la voluntad popular expresada por los representantes de la ciudadanía”.





Respecto a los lazos amarillos, el president mantiene que hay partidos que concurren a las elecciones que han realizado campañas para fomentar la retirada de estos símbolos. Tras recordar que el Parlament ha rechazado hasta dos veces dos proposiciones de ley para prohibir los lazos, Torra asegura que la resolución de la Junta Electoral “da la razón a estos partidos” y, en consecuencia, se favorecen sus ideas. “La prohibición implica el reconocimiento de unos ideales de partidos que concurren a las elecciones”, defiende.

Finalmente, el presidente catalán expresa ante la JEC la “dificultad” de cumplir el requerimiento teniendo en cuenta que existen “multitud de edificios públicos” en Catalunya que prestan servicios de la Generalitat pero que o bien no son propiedad directa de la administración catalana o no están gestionados directamente por la Generalitat. De esta manera, ha considerado que su “deber” como president es “respetar el derecho a la libertad de expresión” de los empleados públicos.

Lazos amarillos en el departamento de Agricultura, en el centro urbano de Barcelona
(Llibert Teixidó)







Petición de Ciutadans

El máximo órgano arbitral aceptaba así la petición registrada por Ciudadanos en la que se quejaba de la exhibición en Catalunya de símbolos ideológicos o partidistas en edificios y espacios públicos en periodo electoral. La JEC estimó la demanda de Cs al entender precisamente que las banderas y los lazos son “símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones”.

Torra y otros altos cargos del gobierno catalán se exponen a multas de 300 a 3.000 euros e incluso a una denuncia por desobediencia que podría ir directamente dirigida a el presidente catalán. La Generalitat tiene la opción de recurrir esta decisión de la JEC interponiendo un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación. Fuentes de este organismo admitían esta semana que este procedimiento abrirá un largo camino de denuncias, alegaciones y recursos que se irán resolviendo caso por caso en la instancia donde corresponda, sea provincial o estatal, y sea por la vía administrativa o por la judicial.


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Fuente: LA Vanguardia

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