Los hogares para ancianos y discapacitados sufrieron una «tormenta perfecta» en la primera ola de la pandemia: se registraron 10.364 muertes con prueba positiva para covid-19 y 9.904 con «síntomas compatibles».

El informe elaborado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y las Consejerías de Servicios y Asuntos Sociales de las Comunidades Autónomas, presentado este miércoles al Consejo Interterritorial, analiza las causas que confluyeron para registrar esta alta mortalidad en residencias, de las características residentes con escasez crónica de personal.

En el estudio en profundidad, al que tuvo acceso Noticias Noa, se estima como «plausible» que entre el 47 y el 50% de las muertes de la primera oleada se produzcan en residencias, que, en principio, situarían a España en unos parámetros intermedios en el contexto internacional.

Este es un porcentaje similar al del Reino Unido (45%), Francia (46%), Suecia (46%), Escocia (47%) o Irlanda del Norte (49 %); significativamente más bajo que el de Bélgica (61%), Australia (75%), Canadá (80%) o Eslovenia (81%); y por encima de los registrados en Dinamarca (35%), Austria (36%), Israel (39%) o Alemania (39%).

Durante la primera oleada (entre el 10 de marzo y el 9 de mayo), el sistema de vigilancia del MoMo, gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), determinó un exceso de defunciones en España por todas las causas de 44.593 personas (un 66,9%), con especial peso en los mayores de 75 años (aumento del 77,9%).

Al inicio de esta segunda oleada (entre el 10 de julio y el 29 de octubre), el exceso de mortalidad de los mayores de 74 años era de 12.391, un aumento del 16%, o casi cinco veces menos que en la fase inicial, una disminución que el informe atribuye tanto a un mejor conocimiento del virus como a una mayor conciencia de los riesgos y medidas adoptadas en las residencias.

El estudio identifica una treintena de factores que interactuaron en lo que se puede calificar como una “tormenta perfecta”, comenzando por el fuerte contagio de la enfermedad y más aún en la acomodación colectiva en la que se comparten espacios, y la ‘Ignorancia lógica’ de muchos aspectos del covid-19, como la capacidad de los individuos asintomáticos para infectar.

Según este análisis, cuando se adoptaron oficialmente medidas para limitar las visitas o salidas a las residencias (entre el 12 y el 18 de marzo según los territorios), el patógeno ya había sido introducido en muchos centros, especialmente en los territorios donde La incidencia de infección fue mayor.

Ahora sabemos, añade, que a 14 de marzo ya había al menos 46.645 casos positivos en España, más del 40% de los cuales en Madrid.

Entre las lecciones aprendidas, por ejemplo, es importante realizar “escaneos” con pruebas de antígenos en residentes y trabajadores o con pruebas de PCR en personal recién ingresado.

La edad y la presencia de otras enfermedades también han llevado a mayores tasas de mortalidad en las residencias, donde, se recuerda, se incurre en “riesgos inevitables” ya que la atención a menudo requiere un contacto cercano y continuo.

En cuanto a las medidas de aislamiento aplicadas, se incluye una advertencia: no siempre se ha tenido en cuenta que, si bien la prioridad es prevenir infecciones y salvar vidas, los confinamientos también pueden tener «efectos graves» sobre el medio ambiente. salud humana, más allá del riesgo de covid-19 «.

El aislamiento, la pérdida de la rutina y la actividad física deben mantenerse «solo durante el tiempo estrictamente necesario».

La mayoría de los países han establecido restricciones a las visitas, pero, señala el informe, esta política por sí sola no ha logrado proteger las residencias de la infección y se considera cada vez más «cómo hacer que las visitas sean más seguras, reconociendo su impacto en el bienestar de las personas ”.

El documento analiza las características y su influencia en la propagación del virus y reconoce, entre otros factores, que hubo «escasez, si no ausencia, de equipo de protección personal adecuado entre marzo y mediados de abril».

Pero este no fue el único factor, ya que la propia configuración de las residencias también influyó, con múltiples áreas de uso compartido, con frecuentes problemas de ventilación y dificultades arquitectónicas de partición, para separar la circulación de usuarios y trabajadores y aislar a los residentes.

A falta de estudios sólidos que lo demuestren, se señala que en los grandes centros la propagación del virus fue más importante y que en muchos de ellos, una vez se tomaron medidas de «cierre» o contención Se ha tomado, continuó la transmisión entre residentes, infectando al 70% de los internos en muchos casos, con letalidades que fácilmente podrían superar el 20%.

Los estudios muestran que cada hogar de una residencia afectó a 17 personas, aunque en el estudio realizado en octubre esta cifra se redujo a 12 gracias a las medidas adoptadas.

El informe también destaca la falta de planes de emergencia ante una pandemia en residencias, «ratios insuficientes» de personal, con salarios bajos y, en muchos casos, escasez de profesionales de la salud o con un suficiente formación.

“En ocasiones la continuidad asistencial se ha visto comprometida por la avería funcional por la gran cantidad de bajas de personal”, se ha contratado a personas sin experiencia por motivos urgentes y se ha utilizado de forma urgente equipos de protección individual. inapropiado.

El estudio también denuncia la existencia de casos de discriminación contra las personas mayores (edadismo) o con discapacidad: se permitieron tiempos de caminata para las personas mayores mientras que se prohibió la salida y entrada de las residencias, o en una situación de aislamiento con personas con deterioro cognitivo «se podrían adoptar medidas de confinamiento éticamente inverosímiles».

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