Sobral, ciudad de poco más de 200.000 habitantes del noreste brasileño, ha sido durante 13 días el epicentro de una grave crisis de seguridad que ha provocado escenas surrealistas. Cid Gomes, un senador nacido en la ciudad y opositor al presidente Jair Bolsonaro, fue herido de bala al intentar irrumpir con una excavadora en un encierro de policías huelguistas que han tomado como rehén la ciudad, con la vigilancia en las calles reducida al mínimo.

Los manifestantes, miembros de la policía militar —la que suele intervenir en las calles—, habían ocupado el cuartel de Sobral, en el Estado de Ceará, el 18 de febrero. También se amotinaron en la capital estatal, Fortaleza. Están descontentos con sus sueldos y el sistema de promoción y escalas del cuerpo. Camilo Santana, gobernador de Ceará y militante del Partido de los Trabajadores (PT, la principal formación opositora), prometió asumir algunas de sus demandas para aplacar las protestas. Aunque algunas asociaciones profesionales aceptaron la posibilidad de un acuerdo, parte de los agentes lo rechazó y se rebeló. Trece días ha durado el paro ilegal que ha mantenido a la ciudad de Sobral rehén de los amotinados durante 13 días.

Los policías militares huelguistas han regresado este lunes por la mañana a sus puestos de trabajo después de que la noche anterior cedieran y pusieran fin al paro, aunque sin lograr la amnistía que buscaban.

Un clima de pánico se había apoderado del Estado, que contabilizó 220 asesinatos desde el inicio de la huelga hasta el sábado, una media de 20 homicidios al día, frente a los 12 diarios del año pasado. El episodio más insólito se produjo el 19 de febrero en Sobral, cuando policías encapuchados obligaron a los comerciantes a cerrar sus tiendas. “En Sobral siempre han pasado cosas gordas, pero yo nunca había visto la ciudad cambiar como aquel día”, cuenta Francisco Belarmino de Lima, de 56 años, desde su cafetería, en la calle del cuartel tomado. Él se disponía a regresar a casa cuando las sirenas policiales empezaron a sonar con insistencia. Por el centro circulaban al menos tres coches oficiales, desde los que hombres encapuchados gesticulaban nerviosos instando a cerrar los negocios. Los vecinos creyeron que eran criminales que habían robado los vehículos para asaltar la ciudad.

“Sobral parecía una ciudad en guerra. Vivimos una hora de pánico, creíamos que eran bandas de delincuentes. Solo después comprendimos que era la propia policía, al escuchar las noticias por la radio”, cuenta una mujer que no quiere ser identificada. Por las calles circulan pocos coches oficiales. “Casi no vemos policías. Vengo a trabajar con miedo”, dice la vendedora Francisca Alves.

El conflicto en Sobral es el clímax de la escalada de tensión provocada por un malestar policial latente en Ceará. Aunque la Constitución brasileña prohíbe el paro de policías militares por el carácter esencial de su actividad, estos hechos son recurrentes. Hace ocho años Ceará vivió una huelga que catapultó a varios policías militares a cargos de concejales y diputados. Entonces duró seis días y los manifestantes fueron amnistiados.

La policía militar tiene un gran peso en los espacios de poder, pero sus líderes ya no desempeñan la misma centralidad en la toma de decisiones. Los amotinados son principalmente jóvenes militares que no participaron en la huelga anterior y que ven el discurso de mano dura del presidente ultraderechista Bolsonaro como solución al problema de la inseguridad. “Si hubiera cualquier otro presidente en el poder, seríamos tratados como criminales. El presidente no ha solucionado nuestro problema porque el sistema no le deja. El Gobierno del Estado tiene que hacerlo”, dice un acuartelado en Sobral.

Desde el inicio de la huelga, el Gobierno federal ha mandado más de 2.000 militares a Ceará a petición del gobernador, para desempeñar tareas de seguridad, en un despliegue prorrogado el sábado hasta el viernes. Bolsonaro se había planteado retirarlos, lo que fue interpretado como una aprobación indirecta de la huelga. En Sobral, los manifestantes también interpretan el hecho positivamente. “Sabemos que él hace lo que puede porque, como presidente, no puede decir que está de acuerdo con un movimiento ilegal”, dice uno los acuartelados.

Al comenzar su carrera militar, Bolsonaro lideró un motín. Así creó una base de apoyos que le mantuvo 30 años en el Congreso, desde donde siempre ha defendido las reivindicaciones del cuerpo. La seguridad es una de sus principales banderas y sus ideas laten en el sector más radicalizado de los amotinados. “Nuestra generación sabe que solo hay seguridad si podemos disparar. La criminalidad es enorme”, defiende otro policía.

Hoy, representantes del Congreso y del Supremo Tribunal maniobran entre bastidores para garantizar que los militares sigan en Ceará. Los manifestantes piden la amnistía, algo que el Gobierno del Estado considera innegociable. La tensión ha aumentado desde que la Fiscalía empezó a investigar a los amotinados. La huelga ya dura doce días y no se vislumbra su fin.




Fuente: El país

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