A finales de enero, el grupo de informática forense de la Guardia Civil comunicó al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón un avance tecnológico que podía dar un nuevo impulso al caso Púnica. Tras casi cuatro años sin poder acceder a un teléfono Iphone y una Blackberry incautados al empresario Javier López Madrid, investigado por la trama de corrupción, un programa informático de última generación había permitido acceder al primero de estos dispositivos.

Ha sido, sin embargo, un éxito agridulce por dos razones. Primera, porque el tiempo para concluir la investigación se agota. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 limita desde entonces a 18 meses, prorrogables a otros 18, aquellas causas declaradas complejas como son los casos de corrupción. Al caso Púnica le quedan, de hecho, tan solo cuatro meses para concluirse. Y segunda, porque cada avance tecnológico cuenta para no dejar cabos sueltos, accediendo, por ejemplo, a los secretos que pueden guardar móviles como los de López Madrid o el expresidente Ignacio González, también investigado en el caso Púnica, además de estar imputado en Lezo. En su caso, la Guardia Civil aún no ha conseguido desbloquear un móvil que le intervino en 2017, cuando fue detenido por este último caso. Y no es cosa menor. En marzo del año pasado, sí había conseguido acceder a un dispositivo informático del mismo exdirigente del PP y localizó información relevante. Se tardó dos años.

¿Qué pasa ahora con los móviles de la Púnica? “[Pedimos] que no se proceda a la devolución de los terminales telefónicos, permaneciendo a disposición al objeto de realizar sobre ellos las ulteriores actuaciones que puedan resultar necesarias para el esclarecimiento de los hechos”, solicitaban recientemente en un oficio los investigadores de la Guardia Civil. La petición refleja que el tiempo corre en contra de los investigadores y a favor de los investigados en el caso Púnica,como muestran numerosas diligencias enviadas a la Comunidad de Madrid, sus organismos adscritos, y empresas, desde que arrancó este año.

“Teniendo en cuenta que la instrucción de la causa está en el último plazo (…) debe aportar la documentación requerida de forma urgente”, se lee en uno de los últimos escritos de la Fiscalía Anticorrupción incorporados a un sumario que acumula cerca de 280 tomos y tiene ya más de 200 investigados repartidos en 11 piezas separadas. Entre los imputados, tres expresidentes regionales —Ignacio González, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes—, y entre las piezas, una dedicada en exclusiva a la presunta financiación ilegal del PP regional. Por ello, el juez intentó que fuera más tiempo, y en 2018 acordó que la instrucción se alargara hasta el 30 de marzo de 2022. Sin embargo, la Audiencia Nacional redujo esa prórroga y marcó junio de 2020 como fecha tope.

Roces entre juez y fiscales

Los plazos están provocando roces sin precedentes entre el juez y los fiscales. “El auto es contundente”, celebraba en enero el abogado defensor de Francisco Granados, exconsejero regional, exsenador y presunto cabecilla de la trama, que pidió y consiguió entonces que se suspendiera la declaración de una testigo-perito porque el juez acaba de denegar una petición de la Fiscalía para requerir al Ayuntamiento de Valdemoro, epicentro de la red de corrupción, documentos previos a 2004, cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana del municipio. El magistrado consideró que cualquier delito cometido entonces ya estaría prescrito. Esta decisión amenaza con enterrar una parte de la causa. “La denegación de las diligencias causa indefensión al Ministerio Fiscal (…) Además, valorando que estamos en el plazo máximo de instrucción de la causa, y que el mismo está próximo a concluir, el dictado de este Auto motiva la interposición de un recurso cuya preparación, y resolución por la Sala, recorta el tiempo del que se dispone para concluir una instrucción que es extremadamente compleja”, respondieron airadas las fiscales en un escrito en el que el término “URGENTE” se cita así, en mayúsculas y subrayado.

A la vez, defensas y acusaciones también meten presión en el caso Púnica. Las primeras bombardean con escritos para que sobresean la causa para sus clientes. Las segundas aspiran a que aumente la nómina de imputados. Lo intentó IU con el PP por el supuesto desvío de fondos públicos para sufragar sus gastos electorales. Por ahora, sin éxito. La Fiscalía rechazó su propuesta: “Consideramos que es prematuro realizar una valoración de la participación del propio PP que justifique su llamada a la causa”. Tanta es la complejidad de la investigación, y tan pesada la carga de trabajo, que un tercer fiscal acaba de incorporarse a la investigación.

Mientras el reloj corre, se acumulan las dificultades. En las últimas semanas, por ejemplo, la Comunidad de Madrid y algunos de sus organismos han informado al juez que no encuentran los expedientes de algunas adjudicaciones que se les habían reclamado. No es la primera vez. En 2017, el ejecutivo madrileño ya admitió que había “traspapelado” otra documentación que le reclamaba la Audiencia Nacional o reconocía haber borrado el contenido de correos oficiales, entre ellos el de Granados. Incluso se han denunciado cuatro robos en Ayuntamientos salpicados por la trama.

Las fechas claves de un caso complejo

En diciembre de 2012 las autoridades helvéticas iniciaron la Operation Parcelle tras detectas maniobras de blanqueo de dinero en varias cuentas bancarias. Justo 14 meses después, informaban a la Fiscalía Anticorrupción española de que entre los titulares de estos depósitos aparecían el constructor David Marjaliza y Francisco Granados.

La Fiscalía Anticorrupción inició entonces una investigación que desembocó en junio de 2014 con la presentación de una querella en la Audiencia Nacional contra Granados y Marjaliza, entre otros. En octubre de ese mismo año, la Guardia Civil tuvo que precipitar las detenciones tras detectar un chivatazo. En esa primera fase fueron arrestadas medio centenar de personas.

Madrid, Valencia, Murcia y Castilla-León son los epicentros de una trama tan compleja que llegó a contar con 16 piezas separadas, ahora reducidas a 11. Sólo se ha celebrado un juicio, el del chivatazo, en el que Granados fue condenado a dos años de cárcel. El Tribunal Supremo confirmó la pena en marzo de 2019.

En septiembre de 2019, el juez firmó un auto en el que imputaba a las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.

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Fuente: El Pais

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