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Silencio de las administraciones ante el regreso de Cabify

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Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona guardaron ayer silencio ante el desafío de Cabify. Ni los Mossos d’Esquadra ni la Guardia Urbana desplegaron ningún dispositivo especial a fin de cazar a los conductores que pretendieran eludir el punto del decreto del Govern que obliga a las empresas de alquiler de coches con
conductor, también conocidas como VTC, a contratar sus servicios con al menos 15 minutos de antelación. Fuentes municipales aseguraron que el gobierno de la ciudad no tiene previsto posicionarse hasta que no lo haga el catalán. Y según este último, en concreto el Departament de Territori i Sostenibilitat, aún no hay nada que decir al respecto.





La verdad es que incluso los taxistas ningunearon el regreso a Barcelona de uno de sus más abominados enemigos. No se registraron incidentes de consideración. Apenas corrieron por los grupos de Whats- App del gremio unos pocos vídeos en los que algunos acusaban a conductores de la multinacional española de estar dando vueltas por la ciudad para captar clientes, de estar haciendo de taxis. Incluso la propia patronal de las empresas VTC quiso desmarcarse de la inesperada maniobra de Cabify. La citada organización empresarial, Unauto VTC, señaló por medio de un comunicado que las restricciones impuestas por el Govern son inconstitucionales, pero que no tiene nada que ver con la decisión de Cabify y que aún estudia los detalles de su regreso.


Los taxistas insisten en que la compañía de VTC está cometiendo un fraude de ley, pero mantienen la calma

Cerca de 50.000 usuarios aceptaron ayer las nuevas condiciones de contratación con las que Cabify ha regresado a Barcelona, según informó ayer la propia compañía, que ha dejado de actuar como intermediaria entre los titulares de las licencias de VTC y los clientes y ha pasado a prestar el servicio de transporte directamente, a través de una filial, Prestige&Limousine, adquirida este mismo año y que tiene cerca de 300 autorizaciones para coches con chófer en la capital catalana. A su juicio, con este cambio basta que el cliente dé su consentimiento una única vez, lo que se entiende por la firma de un contrato con validez para un año, prorrogable, para comenzar a disfrutar del servicio. Así, siempre, según esta interpretación, los 15 minutos deben mediar únicamente en el primer viaje. Las organizaciones de taxistas lo consideran un fraude de ley.





La multinacional española, que opera en doce países, destacó ayer la cifra de aceptaciones de las nuevas condiciones, que interpreta como un apoyo de los usuarios a su regreso a la capital catalana. Un retorno, aseguró en un comunicado, que se produce “con adaptación a la normativa catalana”. La compañía destacó que “hoy (por ayer) comienza a salvarse parte de esta oportunidad desde el punto de vista del empleo y de la existencia de más opciones de movilidad para los ciudadanos y visitantes de Barcelona y Catalunya”.

El silencio de las administraciones y la respuesta sin estridencias del sector del taxi obedecen a la voluntad de todos ellos de no hacer grande un problema que parecía encauzado. Algunas fuentes restaron importancia al desafío de Cabify y aseguraron que el número de coches que salío ayer a trabajar distó mucho de los casi 300 anunciados. La estrategia de la compañía, añadieron, es volver a captar la atención pública y alimentar la batalla legal que mantiene con la Generalitat con el objetivo de tumbar su normativa.








Fuente: LA Vanguardia

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