Los Mossos han detenido a siete hombres acusados ​​de extorsionar un inversor inmobiliario durante casi dos años para que pagara una deuda de 39.000 euros. A los arrestados, de nacionalidades albanesa y española y de edades comprendidas entre los 28 y los 63 años, también se les considera autores de los delitos de pertenencia a una organización criminal, de detención ilegal, tenencia de armas y explosivos, defraudación de fluido eléctrico, y contra la salud pública, ya que se dedicaban al cultivo y la venta de marihuana en dos casas de Canovelles (Barcelona).

Los arrestados pasaron a disposición judicial el 19 de abril. El juez decretó prisión provisional para uno de los principales investigados. El resto quedó en libertad con cargos con órdenes de prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima y su familia.






Amenazas y agresiones físicas

Los hechos se remontan al 3 de enero, cuando los Mossos recibieron la denuncia de un hombre que aseguraba ser víctima de una extorsión desde hacía tiempo por parte de un grupo de personas procedentes del este de Europa, las que mediante amenazas y agresiones físicas le reclamaban el pago de una deuda económica que había contraído meses antes.

La víctima explicó a los agentes que se dedica a realizar inversiones y compraventa de inmuebles. A finales de 2017 él y un socio, con el que ya había hecho varios negocios con éxito, se pusieron de acuerdo para adquirir unas plazas de parking. Para conseguir los 39.000 euros que costaban, su socio le convenció para pedir prestado el dinero a unos conocidos suyos.

Finalmente, el negocio no prosperó, y aunque el denunciante estaba en situación de poder devolver su parte, su socio le dijo que él no podía hacerlo y que lo mejor que podían hacer era esconderse, ya que si no los acreedores los matarían a ambos. Pocos días después, la víctima recibió la visita de unos hombres que lo intimidaron y amenazaron para exigir el pago de la totalidad del dinero del préstamo y 10.000 euros más como penalización.





Desde entonces el inversor inmobiliario se vio sometido a un proceso continuo de amenazas de muerte, intimidaciones con armas de fuego e incluso agresiones físicas. Y a pesar de satisfacer diversas cantidades de dinero a los extorsionadores, por lo que se vio forzado a hipotecar la casa de uno de sus familiares, el montante de las reclamaciones de la deuda fue aumentando hasta alcanzar los 170.000 euros.

Los investigadores pudieron identificar a la persona que directamente habría prestado el dinero, un hombre albanés, así como al resto de hombres que habían participado en las amenazas y las agresiones. Gracias a las pesquisas policiales, se concluyó que todos ellos formaban parte de una organización criminal, que, entre otros delitos, se dedicaba al cultivo, exportación y venta de marihuana.


Armas, marihuana y vehículos de alta gama

La banda estaba perfectamente estructurada e integrada por ocho personas. Cada una de ellas tenía un rol asignado. El grupo disponía de dos casas en Canovelles, donde habían instalado todo el equipo necesario para el cultivo interior de marihuana. El sistema tenía un alto nivel de sofisticación tecnológica y estaba conectado de forma ilícita en la red eléctrica.

Ante estos hechos y el inminente riesgo contra la integridad de la víctima, el 17 de abril se estableció un dispositivo policial que permitió detener siete de los integrantes de la organización delictiva, e imputar un octavo.El mismo día se realizó la entrada y registro en cinco de los domicilios de los detenidos, en las localidades de Barcelona, ​​Sant Cugat del Vallès, Canovelles y Pont d’Armentera.





Los investigadores intervinieron, entre otros objetos y documentación relevante, dos armas de fuego cortas, 25.000 euros en metálico, armas blancas y cinco vehículos de alta gama. Además, el operativo permitió desmantelar las dos plantaciones de marihuana de la organización, donde los policías intervinieron más de 2.000 plantas, 20 kilogramos de marihuana procesada y preparada para ser vendida y todos los instrumentos para su cultivo y distribución.

Los arrestados pasaron a disposición judicial el 19 de abril. El magistrado decretó prisión provisional para uno de los principales investigados y el resto quedó en libertad con cargos, con órdenes de prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima y su familia. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.


Prisión provisional para uno de los detenidos; el resto, en libertad

La banda escondía 2.000 plantas y 20 kilogramos de marihuana procesada. Mossos d’Esquadra









Fuente: LA Vanguardia

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