El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro tenía un papel complicado en su declaración como testigo en el juicio del procés que se celebra en el Tribunal Supremo. Como miembro del Gobierno de Mariano Rajoy fue el artífice de intervenir las cuentas de la Generalitat con un control que inicialmente fue mensual para luego pasar a ser semanal desde julio de 2017.

Montoro llegó a decir que en una entrevista a el diario El Mundo que no sabía “con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”. Para las defensas, su testimonio era esencial para desmontar la acusación del delito de malversación. Por el contrario, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado consideran que se gastó de fondos públicos por lo menos 1,6 millones de euros y una negación por parte del ex titular de Hacienda supondría un varapalo para su acusación.





Pero Montoro fue capaz de desenredar su propia madeja. “Si alguien ha abierto un lugar público para hacer un acto ilegal cómo no va a haber malversación”, ha espetado. De hecho, el diputado y exministro llegó a calificar los hechos de “prevaricación” y “malversación de caudales públicos”. Su atrevimiento a calificar penalmente el comportamiento de la Generalitat por el uso de fondos públicos llegó a ser advertidos por el presidente de la Sala, Manuel Marchena, que le instó a no calificar penalmente los hechos, labor del tribunal.

El exministro ha aclarado que lo que quiso decir en aquella entrevista es que al tener la Generalitat las cuentas intervenidas no tenía posibilidad de convocar un referéndum con un presupuesto. “Lo que quería transmitir a todos los españoles es que no podía hacerse materialmente ese referéndum porque la autoridad convocante no tenía presupuesto. Qué clase de convocatoria es la que se hace oficialmente sin un presupuesto público. Es una situación muy difícil de definir”, ha subrayado.


Control semanal

El extitular de Hacienda se ha declarado artífice del control semanal de la Generalitat. El Gobierno de Rajoy impuso un control preventivo de los gastos de la Generalitat para que no hubiera desvíos para el referéndum. La vigilancia ya se efectuaba desde noviembre de 2015, pero en julio de 2017, ante el incremento del desafío soberanista se acordó aplicar una supervisión semanal.

El acuerdo imponía un sistema de control de gastos a la Generalitat por el que, semanalmente, los interventores y responsables económicos de cada departamento y todas las entidades públicas con capacidad de gasto debían certificar ante el Ministerio de Hacienda no haber iniciado ningún expediente de inversión en los preparativos del 1-O.





Montoro, con tono suave más propio de un profesor, ha explicado al tribunal que ese control semanal fue recurrido ante el Tribunal Supremo, que lo avaló. “Es importante porque a partir de entonces cualquier presidente del Gobierno de España, puede intervenir cualquier administración ante la duda de que con un presupuesto público se esté materializando una actuación ilegal”, ha subrayado.








Fuente: LA Vanguardia

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