Carles Puigdemont regresa a la rueda judicial belga casi dos años después de su huida a ese país. El expresidente de la Generalitat ha recogido este viernes en Bruselas la euroorden de detención cursada por el Tribunal Supremo tras dictar la sentencia del procés. Puigdemont ha recibido la notificación en presencia de sus abogados y se ha opuesto a su entrega a España.

El expresidente catalán seguía a las once de la mañana en el edificio de la Fiscalía belga, que no ha comunicado aún si esta vez también le interrogará. Como máximo, puede permanecer retenido 24 horas, mientras un juez decide entre tres opciones: rechazarla por algún defecto formal, mantener a Puigdemont en prisión provisional o dejarlo en libertad bajo ciertas condiciones como la imposibilidad de viajar o el pago de una fianza. Todo hace indicar que no estimará que existe riesgo de fuga, y que como sucedió antaño, quedará libre y volverá a ser citado en los próximos días.

Esta madrugada, antes de que Puigdemont se presentara en la Fiscalía, Bélgica ha preguntado a España si el expresidente catalán goza de inmunidad tras haber sido elegido eurodiputado en las elecciones del 26 de mayo. El magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del procés en el Supremo, va a responder esta misma mañana a las autoridades belgas que Puigdemont no tiene inmunidad porque no es miembro del Parlamento Europeo.

En su escrito, Llarena va a recordar que el expresident carece de dos requisitos imprescindibles para haber adquirido la condición de eurodiputado: no ha acatado la Constitución Española ante la Junta Electoral Central como exige el artículo 224 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y 2) no ha tomado posesión del escaño. Llarena invitará a las autoridades belgas a confirmar esa situación preguntando directamente a la Eurocámara.

El trámite no es ajeno para el político huido desde octubre de 2017. Esta es la segunda euroorden que se presenta en su contra en Bélgica, y la tercera sumando la que provocó su detención en Alemania. Cuando España le reclamó poco después de escapar de Cataluña, también se presentó ante la Fiscalía belga voluntariamente, como ahora, después de acudir por su propio pie a una comisaría de policía. De este modo, Puigdemont pretende transmitir que está dispuesto a colaborar con los jueces belgas, a los que a diferencia de los españoles considera independientes. Tras declarar varias horas fue puesto en libertad con la condición de no abandonar el país, comparecer cada vez que fuera llamado y comunicar una residencia fija.

La Fiscalía belga informó esta semana de que había recibido de España la euroorden, pero decidió congelar su puesta en marcha hasta que el Supremo se la enviara traducida a una de sus tres lenguas oficiales (inglés, francés y alemán) o al inglés. Pese a todo, las primeras consecuencias de la orden de detención ya se han dejado notar: el Parlamento Europeo ya ha prohibido la entrada de Puigdemont a sus instalaciones al reiniciarse el proceso en su contra.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha solicitado a las autoridades belgas que esta vez, con una sentencia ya dictada por los jueces del Supremo, no entorpezcan la entrega de Puigdemont. «Espero que lo acabe extraditando. Estamos en la UE y hemos mamado los mismos valores que nos hacen sociedades democráticas: el Estado de derecho, la libertad y la igualdad. Significa que la resolución que dicta un juez de Marsella o de Barcelona tiene el mismo valor, porque todos partidos de los mismos valores. El señor Puigdemont puede y debe ser entregado a España», informa Ana Pantaleoni.

Hace casi año y medio, Bélgica rechazó la entrega a España de los cuatro independentistas huidos (Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret) por supuestos defectos de forma en la euroorden cursada en su contra. La resistencia de las autoridades belgas a aceptar la euroorden y las numerosas declaraciones políticas de respaldo al expresident provocaron un choque diplomático con España y generaron una crisis interna entre las fuerzas políticas belgas, donde Puigdemont cuenta con el respaldo del partido más votado del país, los nacionalistas flamencos de la N-VA. La sentencia ha resucitado esas voces de apoyo desde Flandes: esta semana el Parlamento flamenco aprobó por unanimidad una resolución de rechazo a la sentencia e incluso pidió al Gobierno belga que llamara a consultas al embajador español.




Fuente: El Pais

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