En 2013 la Comunidad de Madrid suscribió con Cruz Roja un convenio para externalizar la donación de sangre extrahospitalaria, hasta entonces gestionada directamente por el Centro de Transfusión. Como consecuencia, el Centro perdió parte de sus funciones públicas, 65 personas vieron afectados sus puestos de trabajo y la Comunidad comenzó a pagar a Cruz Roja 67 euros por bolsa de sangre. La medida se adoptó en un contexto de crisis económica y fiebre privatizadora –antes de la sangre, fueron los hospitales, la lavandería hospitalaria central, el euro por receta, etcétera-, en el convencimiento de que la colaboración del sector privado en la prestación de los servicios públicos es un mecanismo eficaz y eficiente, postulados que sólo pueden defenderse legítimamente exigiendo un respeto escrupuloso a las exigencias de transparencia y control previo y posterior.

Los resultados de esta externalización han sido decepcionantes: la Comunidad ha pagado 60 millones de euros a una entidad privada por algo que antes hacía directamente; y, a pesar del coste, ningún año se han alcanzado los objetivos. En total, la prestación externalizada ha generado un déficit de 120.000 unidades de sangre. Aunque rectificar es de sabios, cuando el error afecta a la gestión pública es de héroes, pues casi nadie y casi nunca se enmiendan decisiones que la realidad desacredita.

En 2013 un grupo de profesionales valientes agrupadas en la Asociación de Empleados del Cenro de Transfusión de Madrid decidió defender el modelo público de hemodonación –gratuita, anónima, altruista– y, con ello, la plenitud competencial del Centro de Transfusión y de sus puestos de trabajo. Cuestionaron la transparencia del proceso de elaboración del convenio; la existencia de justificación suficiente y real; la inependencia e imparcialidad de las autoridades administrativas que intervinieron en el procedimiento; la racionalidad económica y procedencia jurídica del precio por bolsa de sangre donada; la ineficacia e ineficiencia de mantener un convenio que incumple sistemáticamente sus presupuestos y objetivos… La Comunidad y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazaron la reclamación sin analizar las cuestiones de fondo, simplemente afirmando que la asociación no tenía derecho a impugnar el Convenio.

Seis años después, 60 millones de euros más y 120.000 bolsas de sangre menos, la Sentencia de 24 de junio de 2019 del Tribunal Supremo declara que sólo por ignorancia injustificable o, peor aún, malicia procesal, pudieron la Comunidad y el TSJM decidir como decidieron, negando un derecho fundamental y generando dilaciones indebidas. Cruz Roja no queda al margen de estas maniobras pues deliberadamente renunció a defender su papel –su papelón– en este asunto.

La batalla jurídica por el modelo de la donación de sangre continúa a pesar de las demoras intencionadas, las trabas y actuaciones injustificables de servidores públicos en quienes se presume profesionalidad e imparcialidad. La tutela de los derechos choca a veces con muros y parapetos administrativos que, laboriosamente construidos, exigen mucho tiempo y esfuerzo desmontar. Pero en algunas ocasiones, el tamaño del obstáculo es el mayor incentivo para superarlo. Éste es, sin duda, uno de estos casos.

José Ignacio Juárez Chicote es miembro de Santiago Mediano Abogados.

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Fuente: El Pais

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