Pedro Sánchez ha planteado este martes trasladar organismos públicos desde Madrid a ciudades pequeñas o medianas para luchar contra la despoblación, aunque no ha precisado cuáles. El presidente en funciones ha lanzado la propuesta a una quincena de asociaciones con las que se ha reunido, dentro de la ronda con colectivos sociales tras la investidura fallida. Las entidades le han urgido a avanzar hacia un pacto de Estado que permita frenar la sangría demográfica. Además, Sánchez se ha reunido con 16 asociaciones del sector educativo que le han solicitado la formación de un «gobierno progresista que dé carpetazo a la Lomce» [conocida como ley Wert, aprobada por el PP en 2013]. Esta tarde ha mantenido un tercer encuentro con colectivos ligados a la desigualdad social que también han urgido a un Gobierno «estable que dé prioridad a las políticas sociales».

Sánchez ha puntualizado que el traslado de instituciones de Madrid hacia ciudades pequeñas y medianas se planteará a largo plazo porque exige un “gran acuerdo”, según fuentes conocedoras de la reunión. En las directrices generales de la estrategia frente al reto demográfico, que se aprobaron el pasado marzo en Consejo de Ministros, ya se incluía reforzar las bases y acuartelamientos de Defensa en el medio rural, lejos de los centros urbanos, donde se concentran actualmente la mayoría de estas instalaciones, como una forma de recuperar zonas que se están quedando abandonadas porque los jóvenes, y en especial las mujeres, se van de los pueblos.

Carpetazo a la Lomce

En el plano educativo, las 16 entidades han coincidido en pedir a Sánchez que forme un «gobierno progresista» el próximo septiembre, aunque no han entrado a valorar fórmulas o posibles pactos. La prioridad para esos colectivos es tumbar la Lomce del PP, una ley que consideran «amortizada» y «anticuada» y que no resuelve los problemas actuales de la educación, como la alta tasa de abandono escolar del 17,9% —frente al 10% de media europea—.

El pasado 15 febrero el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros una nueva ley educativa (Lomloe), cuyo trámite parlamentario quedó paralizado con el adelanto electoral. La ministra en funciones, Isabel Celaá, ha asegurado que, si constituyen un nuevo Ejecutivo, la normativa volverá a su trámite parlamentario, donde se expondrá a las peticiones de los diferentes grupos políticos, «como cualquier otra ley». Sin embargo, Celaá no ha manifestado intención alguna de modificar el actual texto para incluir nuevas peticiones de los colectivos. «El programa está completo», ha zanjado.

Celaá ha destacado algunos de los retos que planteará en caso de repetir en el cargo, como descargar el currículum escolar de contenidos «enciclopédicos» para hacerlos «más interesantes para la vida que nos ha tocado vivir»; digitalizar la escuela; reformar la carrera docente; impulsar un nuevo liderazgo en la dirección de los centros; o convertir la educación de los 0 a los 3 años «en una etapa educativa y no socio asistencial».

En el encuentro, al que han asistido sindicatos como CC OO, UGT o ANPE y asociaciones estudiantiles como Canae, el presidente en funciones ha recordado su compromiso para que la inversión en Educación alcance el 5% del PIB el próximo año (la media de los países europeos es del 5,04%), lo que supondría un total de 9.000 millones de euros más, unos 1.200 al año.

El PSOE no ha convocado este martes a ninguna entidad en representación de la escuela concertada, que concentró al 25,9% de los alumnos en el curso 2017-2018, frente al 67,3% de la pública y el 6,9% de la privada. A ese respecto, Celaá ha señalado que el ministerio «tiene en cuenta la voz» de muchos colectivos que no han sido citados.

Un pacto de Estado que frene la despoblación

La principal reivindicación de las asociaciones y expertos ligados a la lucha contra la despoblación ha sido que se alcance un pacto de Estado entre las distintas fuerzas políticas y todos los niveles de la Administración, un compromiso que Sánchez ya había adquirido y que ha secundado. Entre los asistentes al encuentro destacan la Red Española de Desarrollo Rural, que engloba a los grupos de acción local, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, el director de la cátedra sobre Despoblación y Creatividad de la Universidad de Zaragoza, Luis Antonio Sáez, o la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA). Estos últimos han solicitado una «fiscalidad diferenciada» para los territorios despoblados.

Isaura Leal, ex comisionada del Gobierno frente al reto demográfico, ha señalado que el diagnóstico “es compartido” y las principales demandas han sido conectividad territorial, no solo en cuanto a banda ancha sino a transportes, reactivación económica y creación de empleo, buena garantía de prestación de servicios básicos, como sanidad, educación, dependencia y servicios sociales, pero también acceso a servicios bancarios, farmacia o cultura. “En definitiva, no ser ciudadanos de segunda”, ha añadido Leal. A la reunión también han acudido representantes de la coordinadora que organizó la multitudinaria manifestación en Madrid el pasado marzo, como portavoces de Soria ¡Ya! y Teruel Existe, que han insistido en la necesidad de un Ejecutivo que incluya en los nuevos Presupuestos Generales del Estado partidas que permitan luchar contra la despoblación.




Fuente: El Pais

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