Pedro Sánchez, durante un acto del PSOE en Barcelona. En vídeo, declaraciones de Sánchez en Onda Cero. EP

El Gobierno se ha reservado para el penúltimo Consejo de Ministros antes de las elecciones un golpe de efecto contra el independentismo catalán y su intento de crear estructuras paralelas. El Ejecutivo aprobará este jueves un real decreto ley para «poner punto final» al proyecto independentista de erigir una república digital catalana, según ha anunciado este jueves el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez en una entrevista en Onda Cero, en la que ha dejado claro que él, dentro de la «proporcionalidad», seguirá combatiendo todos los intentos del independentismo por construir un Estado paralelo.

Sánchez ha advertido al separatismo de que «ni habrá independencia offline ni online«. El real decreto ley obligará a que todos los servidores que usen datos de las administraciones públicas del Estado español deban estar localizados en la UE en lugar de en paraísos digitales, ha precisado. «Se están utilizando datos públicos para tratar de violentar el Estado desde el mundo online. El independentismo ha avanzado en este proyecto. Vamos a ponerle punto final. Vamos a demostrar que el Estado va a ser igual de contundente en el mundo digital que en el mundo analógico», ha asegurado el presidente.

El decreto será aprobado hoy, a nueve días de las elecciones, pero no será fácil lograr los efectos deseados. El sitio Republicat.cat, centro de la república catalana digital, fue registrado en el servicio de un cofundador del portal de piratería The Pirate Bay ubicado en la isla caribeña de Nieves para evitar la intervención. Lo impulsaba el Consejo para la República, un organismo privado presentado el pasado 30 de octubre de 2018 en el Palau de la Generalitat que pretendía ser una alternativa en el extranjero a las instituciones catalanas de autogobierno. El Ejecutivo catalán evitó alojar Republicat.cat en sus servidores para esquivar un nuevo aluvión de procesos judiciales. Sin embargo, no parece de momento un proyecto muy exitoso, sino todo lo contrario. La idea era lograr que al menos un millón de personas se inscribieran y según los datos que figuran en la web de momento hay 81.132, que han pagado una cuota de 10 euros. En el primer mes, en plena ebullición de la declaración de independencia, solo llegaron a 50.000, y un año después solo han conseguido 30.000 más.

El independentismo ha reaccionado rápidamente. «Las amenazas son continuas. El consejero Puigneró está haciendo un buen trabajo, riguroso, amparado en la normativa», ha señalado el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al conocer que el Gobierno pensaba hacer un decreto para acabar con la república digital. «Ahora Pedro Sánchez quiere prohibir una República que decían que no existía», ha añadido más tarde Puigneró. «La república digital es el nacimiento de un quinto poder: la ciudadanía digitalmente apoderada», ha añadido.

El concepto de república digital lleva tiempo muy presente en el día a día del Govern. Formaba parte del programa electoral del PDeCAT. El consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, al que se refería Aragonès, aseguró en octubre de 2018 que “las herramientas digitales eran fundamentales para persistir en la nación catalana hasta el día que sea capaz de controlar el territorio físico”. Esto explicaba que uno de los grandes proyectos de legislatura de Puigneró era la creación de una identidad catalana en la nube inspirada en el modelo de Estonia, referente en administración digital y donde la Generalitat ha abierto una oficina en el extranjero.  Puigneró aseguró hace un año que república digital tendría tres patas: una impulsada por el Govern, otra por el Consell de la República y otra por la sociedad civil.

En septiembre Puigneró presentó la licitación de un nuevo sistema de identificación ciudadana en Internet por 550.000 euros. Según la consejería de Políticas Digitales, se trata de un proyecto amparado en la legislación autonómica. Por otra parte, Republicat.cat anunció en sus inicios que crearía un sistema de identificación biométrica para los ciudadanos registrados. Si embargo, el proyecto quedó parado al no lograr los registros deseados y actualmente funciona como una especie de newsletter. La web de Tsunami Democràtic está alojada también en el servicio Njal.la en la isla de Nieves. Allí también se ubicó la web del censo del referéndum del 1-O, con información de residentes en Cataluña, tras ser clausuradas las primeras versiones por la Guardia Civil.

El Gobierno asegura que está comprobando que el independentismo, y en especial el president Quim Torra, con el que está completamente roto el contacto, se está moviendo para consolidar la creación de instituciones paralelas. El miércoles hubo una significativa reunión de la llamada Asamblea de Cargos Electos, a la que asistió también Aragonès, hombre fuerte de ERC y en teoría representante de un ala más pragmática del independentismo en este momento. La reacción en la calle a la sentencia del procés está empujando a los líderes independentistas a posiciones aún más duras, aunque de momento con la cautela de no cometer ninguna ilegalidad para evitar la reacción del Estado.

En plena campaña electoral —formalmente arranca esta noche— Sánchez tiene mucha presión de la oposición de centroderecha para que tome medidas más duras, y casi todas las encuestas —salvo el CIS detectan que su posición templada no está teniendo los frutos esperados mientras otras mucho más extremas, como la de Vox, suben en los sondeos. Buena parte de la entrevista ha versado sobre este asunto y Sánchez ha insistido en defender que no puede dar más pasos legales mientras se mantenga la «extraordinaria colaboración» entre los Mossos y la Policía Nacional y ha defendido su opción de «templanza, proporcionalidad y unidad».

Protección de datos internacional

El consultor de estrategia digital Borja Adsuara indica que los tribunales pueden bloquear el acceso a servidores y dominios si detectan actividades irregulares o ilegales. «Ha ocurrido con casos de pornografía infantil o plataformas de piratería, también se impidió el acceso a Herri Batasuna en su momento», afirma este especialista.

La principal complicación llega cuando estos servidores están en «paraísos digitales» como los que ha mencionado Pedro Sánchez, dado que se dificulta el seguimiento. Adsuara sostiene que la transferencia de datos para fines ilegales, especialmente los datos personales, está prohibida y controlada por normativas de protección, así que en el supuesto de que las instituciones catalanas estén cediendo la información, «muy legal no parece, se necesitan consentimientos».




Fuente: El Pais

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