Retransmisión en directo del acto de presentación de las medidas propuestas por el PSOE. PSOE

370 medidas para desbloquear la investidura. El presidente en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha lanzado este martes la esperada Propuesta abierta para un programa común progresista, que desde el mismo título persigue persuadir a Podemos y al resto de fuerzas políticas para amarrar los votos necesarios en las próximas tres semanas —el tiempo expira el 23 de septiembre— y evitar así la repetición de elecciones. A mitad de camino entre un programa de Gobierno (para convencer a Podemos y que Iglesias apoye desde fuera un Gobierno del PSOE) y un programa electoral (si eso no ocurre y hay elecciones el 10 de noviembre), los socialistas han dado a conocer 370 propuestas que supondrían, a grandes rasgos, revertir la reforma laboral del PP, blindar constitucionalmente las subidas de pensiones y subir impuestos —en especial a las clases altas y las grandes empresas— para sufragar una amplia batería de medidas sociales.

El texto no recoge el impuesto a la banca, el impuesto a las eléctricas o la limitación del precio del alquiler que quería Podemos. Pero aquí y allá hay guiños en esa dirección: el PSOE propone un tipo impositivo mínimo del 18% para la banca y las eléctricas y estudiar «nuevas opciones de carácter normativo» para limitar las subidas abusivas del alquiler. Y emite un mensaje claro en relación a Cataluña: la propuesta se declara a favor de modificar el sistema de financiación autonómica y propone «mejorar la colaboración institucional entre el Gobierno de España y la Generalitat, siempre dentro de la Constitución». Pero a la vez es tajante con las exigencias de los independentistas y, de paso, con las peticiones de Podemos: «No tiene cabida un referéndum de autodeterminación que el Tribunal Constitucional ha considerado contrario a la Constitución y que, desde una perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad».

Más allá del contenido, el objetivo es evidente: se trata de una «propuesta abierta», subraya el texto, con la «voluntad de tender la mano y tejer una red de confianza con quienes comparten la necesidad de seguir avanzando», en lo que parece un mensaje telegrafiado para Podemos.

Hay pocas verdaderas novedades en las 76 páginas del documento. Pero numerosas cargas de profundidad. Estas son las líneas más importantes.

Empleo y pensiones. El documento recupera la idea de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores y ofrece pinceladas de las intenciones de Pedro Sánchez: revisar las causas del despido objetivo y equilibrar la relación sindicatos-empresarios (aunque no hay apenas nada de negociación colectiva y acerca de la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa). Y sobre todo apuesta por revisar «con carácter de urgencia» los aspectos más lesivos de la reforma laboral. También en Seguridad Social el documento de propuestas se mantiene apegado en buena medida a lo anunciado hasta ahora. Anuncia la eliminación definitiva de la reforma de pensiones del PP —el propio PP la sacrificó suspendiendo su aplicación para lograr el apoyo del PNV a los presupuestos de 2018— y más recursos para pagarlas: serían necesarios, porque en este apartado hay pocas medidas de contención de gasto y bastantes de aumento. Apuesta también por subir el salario mínimo al 60% del salario medio (frente a la propuesta de Podemos, que habla de un aumento hasta los 1.200 euros en 2021).

Impuestos. Los socialistas proponen hasta nueve modificaciones del sistema tributario: siete subidas y dos rebajas. El objetivo declarado es elevar la presión fiscal, que está ocho puntos de PIB (casi 90.000 millones de euros anuales) por debajo de la media europea. Se planea una tasa Tobin (gravar con un 0,2% las transacciones financieras); un tipo mínimo del Impuesto de sociedades del 15% para las grandes empresas (que se iría al 18% para los bancos y las eléctricas); limitar las exenciones sobre los dividendos; más control de las SICAV; mejorar la fiscalidad de las pymes; un impuesto sobre el dióxido de carbono (esa es una de las grandes novedades del texto); más impuestos verdes; reducir el IVA a los servicios veterinarios, y crear una tasa sobre los servicios digitales.

Vivienda. El PSOE busca rebajar el precio de la vivienda y para ello quiere trabajar en dos direcciones: la rehabilitación y el alquiler, junto con la promoción de más vivienda pública (actualmente está en marcha la construcción de 20.000 viviendas). Su objetivo es crear un gran parque de alquiler público de precio asequible que contribuirá a controlar el crecimiento de precios de toda la vivienda en alquiler. Para ello, se estudiarán también medidas que impulsen la actividad de los promotores públicos y de las cooperativas. También anuncian la aprobación de una Ley estatal de vivienda en la que se impulsará nuevas figuras de provisión de viviendas a un precio asequible, como el derecho de superficie, la cesión de uso de vivienda o el cohousing y creando un marco legal que defina la vivienda vacía y al gran tenedor de vivienda. Aprobaremos medidas específicas de ayuda al alojamiento para colectivos con necesidades habitacionales urgentes. Sánchez se compromete a profundizar en las medidas ya adoptadas para frenar las subidas abusivas del alquiler, estudiando nuevas opciones de carácter normativo, fiscal y estadístico, como el índice estatal de rentas de referencia y se fomentará un alquiler social para personas que no dispongan de alternancia habitacional.

Cataluña. El PSOE insiste en que la solución para el conflicto catalán se basa en el diálogo con la Generalitat dentro de la Constitución. En el documento de las medidas propuestas por los socialistas proponen avanzar hacia un modelo de Estado integrador en el que aseguran “no tiene cabida un referéndum de autodeterminación que el TC ha considerado contrario a la Constitución y que, desde una perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad”. Los socialistas se comprometen abordar el conflicto de convivencia en Cataluña impulsando el diálogo entre catalanes y también entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña.

Medidas sociales. Dentro de una gran variedad de propuestas, destaca el aumento del gasto público en sanidad, que pasaría del 6% al 7% del PIB (unos 11.000 millones más) y la gratuidad de las guarderías para los menores de tres años, una de las medidas con más impacto presupuestario.




Fuente: El Pais

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