La situación de los más de 200 niños de origen rumano que viven sin documentación en España, tutelados por el Estado en centros o en familias de acogida, empieza a descongelarse, después de una tarea diplomática que ha llevado varios meses de trabajo. Este jueves se celebró la primera reunión técnica en la que autoridades de ambos países estudiaron expedientes, cuya documentación ha comenzado ya a tramitarse, tras años de espera. Se examinará caso por caso para darles solución. Hasta ahora estos niños no han podido viajar, ni acceder a determinadas prestaciones, ni tampoco federarse en equipos deportivos.

«Estoy que no me lo creo. Después de tanta lucha, se ha conseguido. Ya se está tramitando la documentación», cuenta por teléfono Justi Carretero, una mujer de 57 años que hace cuatro acogió a una niña que nació en España de padres rumanos que nunca la inscribieron en el consulado, por lo que su nacionalidad no quedó acreditada. La pequeña, que sufre una discapacidad severa, no puede acceder a las ayudas a las que tendría derecho. No aparece en los registros. Carretero, que dejó de trabajar para poder atenderla, se gasta de 400 a 600 euros al mes en terapias.

«Desde Castilla-La Mancha [las autonomías son competentes en la materia] han pedido ya que se le reconozca la nacionalidad y estoy esperando a que me llamen la semana que viene del consulado de Rumanía para ir, por fin, a hacerle el pasaporte», cuenta esta madre, presidenta de la Asociación de Familias de Acogida de España (Fades), que agrupa a un centenar de familias. El caso ha llegado incluso al Parlamento Europeo, que el pasado marzo acordó presionar a España y Rumanía para acabar con la desprotección de estos menores. «Todas las asociaciones de familias acogedoras han peleado mucho por una solución», cuenta eufórica. «Por fin podré tramitar las ayudas, podremos viajar con ella», añade. 

Más de 17.000 menores vivían en centros residenciales bajo tutela de la Administración en España en 2017, según los últimos datos disponibles. Otros 19.000 —1.800 de ellos extranjeros—, en familias de acogida. Entre los más de 200 menores rumanos se dan múltiples circunstancias, desde aquellos que nacieron en España pero no fueron registrados, hasta quienes vinieron con documentación en regla, pero no fue renovada. Hasta ahora, para entregar la documentación Bucarest exigía que lo que en España son solo resoluciones administrativas por las que se reconoce la tutela de España sobre los niños fueran homologadas por un juez en Rumanía, un trámite muy complejo que requeriría incluso contratar abogados allí.

El pasado marzo, ambos países formaron una comisión interministerial. Exteriores y Justicia en Rumanía; Sanidad y Justicia en España. «Hemos viajado varias veces y en la última reunión, en junio, se acordó que adaptarían su normativa para poder resolver el problema», explica Ángel Parreño, director general de Servicios para las Familias y la Infancia, del Ministerio de Sanidad. «Ahora se estudiará caso por caso. Pero la solución no será un parche, sino que también servirá para los niños que en el futuro se vean en esta situación», añade. «Lo importante es que tengan documentación, es un derecho fundamental. Podrán acceder a los servicios sociales, viajar, federarse en equipos deportivos», añade Ana Gallego, directora general de Cooperación Jurídica Internacional, dependiente del Ministerio de Justicia. 

Un comunicado publicado en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores rumano da cuenta de las reuniones bilaterales y de la solución acordada entre ambos países. Asegura «plena disposición de las autoridades rumanas para responder a cada caso», con «soluciones concretas adaptadas a la situación de los menores». En la página web de la sección consular de la Embajada de Rumanía, en otro comunicado, se informa de que «se establecerá un calendario para las reuniones técnicas» para resolver la solución de todos los menores y se especifica que toda la red consular en España seguirá estas instrucciones. 

Las familias de acogida cuentan que, desde el pasado junio, ha habido un «cambio de actitud» por parte de las autoridades rumanas. «Antes ponían muchísimas trabas. Pero en el caso de mis hijos, hace unas semanas volvimos a presentar una solicitud para obtener los pasaportes y esta vez no encontramos problemas. Ya los tenemos», explica una madre que prefiere no dar su nombre. Ella y su marido han acogido a cinco hermanos. «Lo primero que hizo la mayor, que tiene 16 años, fue inscribirse en un viaje del instituto. Es un intercambio. Será la primera vez que viaje fuera de España», añade emocionada. «Tengo una lista enorme de papeles que arreglar. Pero los niños quieren pedir la nacionalidad española. Cuando tengamos todo en regla, será el siguiente paso», prosigue. Y añade: «Eso no me preocupa ahora. Lo importante es que, por fin, dejen de sentirse ciudadanos de segunda». 




Fuente: El Pais

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