El alboroto que se generó en la residencia Arzobispo Morcillo de Soto del Real a partir de última hora de la mañana del miércoles llegó a su fin este viernes. El trasiego de familiares, residentes y maletas que se había vivido a las puertas del centro desde que fue anunciado su cierre por graves infracciones higiénicas y alimentarias era ya hoy mucho menor, un día antes de que este sábado concluyera el plazo dado por la Comunidad para que familiares, o en su defecto el Gobierno regional, se hicieran cargo de los 60 ancianos internos.

Únicamente 13 residentes amanecieron este viernes en el geriátrico. A primera hora de la tarde, tan solo tres permanecían en el interior junto a uno de los dueños, Carlos Peñas Briones, los empleados, y varios inspectores de la Comunidad de Madrid, que no se retiraron hasta la salida del último interno. Pasadas las 17.00 h el centro había sido desalojado tras más de 48 horas de realojos.

El patrón de la mayoría de los 13 residentes que pasaron en Soto la noche del jueves al viernes era similar: viudos o solteros sin hijos a cargo de otros familiares y ancianos con movilidad reducida a los que sus parientes les estaban buscando un nuevo centro. Todos tenían algún familiar interesado e incluso dos eran una madre y un hijo que vivían en el centro.

Blas Muñoz, el hijo en cuestión, y su madre fueron los últimos en abandonar el geriátrico. Él tiene 62 años y residía en la Arzobispo Morcillo desde hace dos; ella, de 87, llevaba solo uno en el centro. Ambos esperaban la llegada de su sobrina, una de sus pocas familiares en España. “Mis hijos viven en el extrajero, otros parientes también, y nadie podía hacerse cargo de nosotros. He estado buscando un centro al que podamos irnos los dos desde que anunciaron el cierre y ya lo tenemos”, asegura Muñoz.

Su historia no es sencilla. Viudo desde hace 18 años, optó por ingresar voluntariamente en una residencia por miedo a la soledad. “Cuando uno está solo piensas cosas malas que no se deben pensar”, cuenta. “Y además así estoy con mi madre añade”. Los dos seguirán viviendo juntos. Muñoz espera integrarse tan bien como lo estaba en Soto. «Aquí éramos una familia, pero donde voy me van a recibir con los brazos abiertos».

El mismo deseo tenía José María, un anciano de más de 80 años que abandonaba el centro con tristeza, acompañado de sus tres sobrinos, tras prácticamente dos años y medio interno. “Nos llevábamos fenomenal. Tanto la gente que trabajaba aquí como el resto de gente que vivía aquí, era de diez (la convivencia). No se escuchaba una palabra más alta que la otra. Toda la culpa es de los dueños”, dice. Los dueños, la familia Peñas Briones, se enfrentan a un posible delito de salud pública e integridad física. Su centro estará cerrado un año y deberán pagar 127.000 euros de multa.

Muchas familias aceptaron las sugerencias de Essip, una empresa privada que llamó a los familiares y recomendó centros alternativos. Es el caso de Javier Gómez, que a través de ellos encontró acomodo para su tía, quien también abandonó el centro ayer. Se queja de que la Comunidad no les ha ayudado. “El miércoles me iba a Galicia, y llamé para preguntar sobre si los rumores eran ciertos. Me dijeron que no pasaba nada y una hora después me llamaron desde las instituciones para decirme que cerraban”.

La Comunidad insiste en que ha estado en contacto con las familias en todo momento e informa de que solo una anciana será internada en una residencia pública, donde podrá permanecer tres meses. El Gobierno regional dijo que iba a garantizar la atención a los 60 residentes afectados resaltando que esta ayuda se prestaba a pesar de que es un centro privado y no tiene plazas de concierto público. Los 13 ancianos que abandonaron el centro ayer lo hicieron acompañados de familiares, salvo una anciana que se fue en ambulancia junto a dos operarias. Pese a no estar acompañada por familiares, aseguraba tener hijos. “A todos les ha ayudado algún pariente”, decía un empleado.

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Fuente: El Pais

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