El Gobierno de Boris Johnson ha decidido rebajar su pretensión de imponer mano dura a los gigantes de internet. Las ministras de Asuntos Digitales y del Interior, Nicky Morgan y Priti Patel, han presentado finalmente las propuestas para controlar los contenidos dañinos que circulan por las redes sociales (en concreto, aquellos peligrosos para los menores o los relacionados con actividades terroristas) y su alcance es mucho menos ambicioso que el que se previó hace un año al iniciar el periodo de consulta pública. Una clara señal, han interpretado los medios británicos, de que Downing Street quiere evitar un conflicto con la industria estadounidense en la era post-Brexit, cuando la voluntad de Johnson es cerrar un nuevo acuerdo comercial con Washington y apostar por la innovación y la tecnología como los motores de crecimiento del Reino Unido.

La primera muestra de cesión ha sido el anuncio de que no se creará un nuevo organismo regulador que controle los contenidos de Internet. El Gobierno de Johnson sugiere que esta tarea recaerá en Ofcom, la agencia que ya regula las actividades de televisiones y radios públicas y privadas, así como de las empresas de telecomunicaciones. «Con Ofcom al frente de un régimen regulatorio firme y proporcionado, tenemos una oportunidad increíble de liderar al resto del mundo en el impulso de una economía digital pujante, basada en una tecnología avanzada, que proteja y en la que confíen todos los ciudadanos del Reino Unido», ha dicho Morgan.

Ofcom nunca ha hecho frente a la supervisión de contenidos ni mucho menos a la protección de la seguridad de los usuarios. Su designación como nuevo «vigilante» de las redes en el Reino Unido genera serias dudas, tanto respecto a su capacidad técnica para controlar un ámbito tan vasto como por su autoridad sancionatoria definitiva.

Porque la segunda señal de que Downing Street quiere evitar un enfrentamiento con Facebook, Google o YouTube ha quedado clara cuando las ministras han anunciado que se abrirá una segunda fase de consultas públicas, «hasta la primavera de 2020″, antes de tomar una decisión sobre las sanciones futuras. La clave reside en la voluntad final del Gobierno de dotar al órgano regulador de capacidad para poner en marcha procedimientos penales, señalar como personalmente responsables a directivos concretos de las compañías o incluso adoptar unilateralmente la decisión de bloquear sus contenidos.»Lo único que nos convencerá de que este proyecto no es papel mojado será la designación concreta de la responsabilidad de los directivos, acompañada de acciones penales. Se trata de todo o nada, y no servirá si no tienen un organismo regulador con los instrumentos que le permitan enfrentarse a las grandes compañías tecnológicas», ha dicho Andy Burrows, el portavoz de seguridad online de la organización de defensa de los menores NSPPC.

El caso de Molly Russell, la menor de 14 años que se suicidó en 2017, provocó un clamor en la opinión pública británica a favor de una mayor regulación de las redes sociales. Sus padres encontraron en la cuenta de Instagram de la menor contenidos y mensajes desasosegantes sobre la depresión y el suicidio. Las plataformas digitales insisten en su capacidad para autorregularse, aunque en los últimos años no han dejado de surgir nuevos casos de abusos online a menores.

No todo son críticas a los esfuerzos del Gobierno. La asociación Barnardo para la protección de los menores en el Reino Unido ha mostrado su voluntad de colaborar con Downing Street y ha dado la bienvenida a los avances anunciados. «No podemos esperar que los menores se defiendan solos. Necesitamos una ley reguladora en vigor cuanto antes. Y para ello, deberemos contar con las competencias necesarias para su eficacia y para exigir responsabilidad a las grandes empresas», ha dicho el presidente de la asociación, Javed Khan.

En el trasfondo del debate está la tensión entre Dominic Cummings, el máximo asesor de Johnson en Downing Street, que impulsa una renovación a gran escala en la economía del Reino Unido en la que la innovación tecnológica sería clave fundamental, y la ministra del Interior, Priti Patel, una política de ideas muy conservadoras que ha hecho sin embargo bandera de la lucha contra los abusos a menores en internet. «Internet puede ser la herramienta para conectar a las personas e impulsar la innovación», ha dicho la ministra, «pero también el lugar donde se esconden delincuentes, pedófilos incluidos, capaces de causar un gran daño».

La situación en la UE

Reino Unido ha comenzado a andar un camino digital por su cuenta poco después de reafirmar el Brexit. Los países de la Unión también pueden introducir leyes nacionales para regular la Red, aunque, tal y como sostiene Natalia Martos, fundadora y CEO de Legal Army, poco sentido tiene alejarse de una estrategia común. “España tiene soberanía para elaborar estas normas. Bien diferente es que luego deba someterse a la legislación aprobada en Bruselas. Sería un poco imprudente legislar con esta independencia”, precisa. Esto es lo que sucede con las regulaciones sectoriales, como la prohibición de anunciar tabaco en internet y la determinación de en qué webs y en qué franjas horarias pueden publicitarse bebidas alcohólicas según su graduación.

La normativa que regula mínimamente internet en España se ha quedado desfasada. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico data de 2002, fruto de una Directiva europea aprobada dos años antes. Como comenta Martos, lo más relevante es la parte que alude a la responsabilidad legal de los editores de una web sobre sus contenidos. “No son responsables salvo que tengan un conocimiento efectivo del contenido que agreguen terceros. Es decir, si en Facebook o Twitter publican algo abusivo, que incite al odio o sea machista, y les avisan, son responsables de lo que ahí circula”, asegura.

La posición comunitaria se ha recrudecido en los últimos años gracias a su tribunal. Dos sentencias, por casos denunciados en Estonia, han tenido en cuenta el lucro obtenido gracias a propagar conductas delictivas en un foro de internet. “Si las ventas suben y el editor mantiene el contenido, se le puede acusar, como ha hecho la justicia de la Unión Europea. Con una regulación tan antigua, es normal que la jurisprudencia aumente la responsabilidad de alguna forma”, explica Martos, quien aboga por mejorar la legislación y adaptarla a todos los cambios de las dos últimas décadas.

En Europa, aclara la fundadora de Legal Army, existe cierta reticencia al poder amasado por los gigantes tecnológicos norteamericanos. Algunos expertos incluso hablan de guerra digital. El reglamento de protección de datos, en vigor desde hace casi dos años, es un claro ejemplo de estas intenciones. “La comisaria de competencia Vestager está enfrentada a estas compañías. No me extrañaría que impulsara algún tipo de regulación. Es una forma de evitar la propagación masiva de conductas delictivas”, concluye.

La digitalización importa, al menos según los discursos, tanto en España como en la Comisión. Las leyes que estén por venir revisarán un contenido desfasado por la gran evolución que ha vivido internet. Martos tiene claro que comenzarán con mecanismos de control suaves, como códigos de buenas prácticas, para dar el salto a una regulación de obligado cumplimiento. Una regulación que siempre conjugará los derechos y libertades en la publicación de contenidos con las restricciones jurídicas. “Lo mismo sucedió con el reglamento de datos y protección de privacidad de los usuarios. Es una preocupación evidente dadas las derivas que ha tomado la Red”, zanja. 




Fuente: El país

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