España

Registran varias empresas por irregularidades cuando Puigdemont era alcalde de Gerona


La Guardia Civil esta llevando a cabo varios registros en las empresas Agissa, Girona SA y Prodaisa en una operación por presuntas irregularidades en la gestión cuando Carles Puigdemont, president de la Generalitat, estaba al frente del Ayuntamiento de Gerona.

En plena escalada soberanista en la recta final hacia el 1-O, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, mira de reojo al Juzgado de Instrucción número 2 de Gerona, en el que se investigan presuntos sobrecostes, a través de la empresa que gestionaba el servicio, durante el periodo de Puigdemont como alcalde (desde mediados de 2011 hasta enero de 2016, cuando dio el salto a la Presidencia de la Generalitat). Una derivación del «caso del 3%» que afecta de lleno al periplo como regidor del ahora president y en el que la Fiscalía Anticorrupción advierte indicios de financiación irregular en Convergència.

Y es que la Guardia Civil investiga desde hace meses las supuestas irregularidades en la gestión del servicio de abastecimiento de agua en Gerona cuando Carles Puigdemont era alcalde del municipio. La investigación que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número dos de la capital gerundense, Manuel Marcelo, intenta esclarecer si los sobrecostes sobre los que alertó el pasado marzo en un informe la Agencia Tributaria sirvieron para desviar comisiones a las arcas de la extinta Convergència.

El magistrado instruye desde hace más de un año una causa sobre el presunto fraude en la prestación de ese servicio por parte de Agissa (Aigües de Girona, Salt i Sarrià), una empresa de capital mixto creada en 1992 en la que el 20 por ciento pertenece a esos tres consistorios y el 80% restante está en manos privadas (Girona S. A.). Pero el pasado mes de agosto el instructor incorporó al procedimiento las diligencias practicadas por el juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga la «trama del 3%» en relación precisamente a Agissa. Josep Bosch se inhibió de esa parte de la causa, que envió su compañero de Gerona, al constatar que éste ya tenía abierta una investigación sobre las supuestas irregularidades en la gestión municipal del agua en Gerona en la que, entre otros, están imputados por apropiación indebida el ex consejero de Agissa Narcís Piferrer y a su sucesor en el cargo, Xavier Ballell.

En el informe citado, la Agencia Tributaria vinculaba a la sociedad mixta bajo sospecha con empresas implicadas en la «trama del 3%» de presunta financiación irregular de CDC. La investigación se centra ahora, por tanto, en determinar si Agissa fue otro de los mecanismos utilizados por Convergència para financiarse al margen de la ley.

La denuncia inicial partió de la CUP, que se querelló contra cuatro directivos de la concesionaria por perjudicar presuntamente los intereses municipales en detrimento de Girona S. A. Ahora, sin embargo, el rumbo de la instrucción apunta también a la supuesta financiación electoral irregular de Convergència.

Falta de control

La Agencia Tributaria puso el foco en el reparto de dividendos a partir del año 1998. A partir de esa fecha, el reparto de ingresos entre los socios se efectuó al margen de los gastos de gestión del servicio, lo que según Hacienda precipitó a la sociedad municipal hacia la descapitalización. Los responsables municipales, según el informe que puso en guardia al juez de El Vendrell, estaban al tanto de la situación y no habrían ejercido el control debido.

Los técnicos de Hacienda señalaban también un supuesto falseamiento de las cuentas de Agissa con el único objetivo de beneficiar a su socio privado en detrimento de los intereses municipales.

La Agencia Tributaria cuestiona igualmente que, ya con Puigdemont de alcalde, el Ayuntamiento de Gerona decidiese en 2013 renovar la concesión a Agissa sin analizar de forma exhaustiva las inversiones realizadas por la sociedad mixta en la red de abastacimiento de agua ni comprometer futuras inversiones para mejorar la prestación del servicio de abastecimiento.

No es ésta, sin embargo, la única investigación judicial que puede terminar salpicando a Puigdemont. Las adjudicaciones a la consultora Efial (113.00 euros entre 2012 y 2013, cuando era regidor) también afectan a su gestión como alcalde de Gerona. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell investiga en este caso una supuesta trama de corrupción que habría beneficiado a la citada empresa con la adjudicación de contratos de asesoría. En julio del pasado año, la Guardia Civil se personó en el Ayuntamiento de Gerona, además de en otra veintena de consistorios, para requerir documentación.

A Puigdemont la Guardia Civil también lo vincula con un empresario de la «trama del 3%», Josep Manel Bassols, delegado en Cataluña de Oproler, una de las empresas que supuestamente pagaron comisiones a CDC a cambio de adjudicaciones. Bassols estableció «contacto con varios cargos institucionales con influencia política», entre ellos el entonces alcalde, para conseguir contratos.




Fuente: La Razón

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