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Reformas necesarias | Economía | EL PAÍS


Casi todos los diagnósticos sobre el turismo español ya se han hecho; solo falta tomar las decisiones adecuadas por parte de las autoridades públicas. A grandes rasgos, son los siguientes: 1. Predominio excesivo del turismo de sol y playa; como consecuencia, impone una gran presión inmobiliaria sobre las zonas costeras, con los efectos colaterales perversos conocidos; 2. Visitantes con rentas bajas (como media), circunstancia que condiciona también el punto primero, puesto que las rentas más altas suelen considerar otros destinos que las playas; 3. Urgencia por diversificar las localizaciones de destino; algunos puntos geográficos presentan concentración y masificación incompatible con las infraestructuras actuales y provocan conflictos importantes que requieren nueva o más amplia regulación. Es el caso de los pisos turísticos, la masificación en Barcelona u otros lugares de la costa mediterránea y en zonas concretas de grandes ciudades. El turismo español se aproxima a una situación en la que será necesario adoptar medidas urgentes porque se han perdido años pontificando sobre lo que hay que hacer (ampliar la oferta, invertir en infraestructuras) mientras la inversión era cero y la planificación nula.

A estas alturas es innecesario subrayar la importancia del turismo para la economía española. Es muy probable que gran parte del crecimiento de los dos últimos años se deba al empuje continuado de la aportación turística. Pero hay que mencionarlo para que quede claro que el mercado turístico no puede sostenerse en el entorno actual de descoordinación entre Administraciones y caos regulatorio. El paisaje actual del turismo es consecuencia de una política turística que ha consistido básicamente en atraer a los viajeros sin preocuparse demasiado de las infraestructuras públicas o comerciales. En algunos casos se ha reaccionado bien, como es el caso de la oferta hotelera. Pero en otros aspectos queda casi todo por hacer.

Casi por el mismo orden en el que aparecen los problemas se pueden sugerir líneas o cursos de acción. En primer lugar, es imperativo aumentar la coordinación política y administrativa entre las Administraciones públicas. Esto es evidente, aunque dicho así sea poco preciso; incluye coordinación de inversiones y ayudas (tasadas y fechadas) en casos de especial necesidad de infraestructuras. Pero lo más importante es promover una regulación legal que se enfrente a los problemas que la masificación turística causa al ciudadano. Por ejemplo, contra el mercado negro de pisos turísticos; deterioran la calidad de la convivencia, esconden impuestos y trasladan a los ciudadanos el coste de la masificación turística.

Hay que aceptarlo de una vez por todas: los Ayuntamientos que quieran incorporar una actividad turística masiva tienen que tener especial cuidado con la regulación y las infraestructuras (transportes, restauración, servicios bancarios…). No es de recibo que queden colapsadas simplemente porque se sigue el principio de “cuantos más turistas, mejor”, tenga el municipio capacidad para atenderlos o no. El mecanismo de regulación son las tasas específicas, desde las ambientales hasta las que gravan la propia presencia del turista en un ámbito donde se consumen bienes públicos. Como todos los impuestos, tienen una doble acción: disuasoria y recaudatoria. Dada la precariedad relativa de infraestructuras (en relación con el aumento momentáneo de consumidores), resulta un misterio comprobar las reticencias municipales y la oposición feroz de los partidarios del laissez faire porque sí a imponer un tratamiento fiscal bien articulado (es decir, escalonado y sin incurrir en la doble imposición) a las actividades turísticas. Sobre todo porque, tarde o temprano, los Ayuntamientos, habitualmente infrafinanciados, tendrán que recurrir a la solución fiscal.




Fuente: El país

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