“Los resultados del sistema de renta mínima de inserción (RMI) en Madrid sugieren que está estructurado intencionadamente para excluir a la gente, o diseñado de una manera extremadamente pobre”. La frase es de Philip Alston, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, y da dos opciones para explicar por qué solo fueron aceptadas el 23,26% de las solicitudes hechas en 2018 para recibir una ayuda que supone menos de 500 euros mensuales de media. Las condiciones de acceso, aseguran los expertos, son draconianas. La burocracia, asfixiante. Y las trabas administrativas entorpecen tanto el sistema —que atiende a 22.000 personas— como para provocar la desesperación de los solicitantes — “¿qué hago, delinquir?”, se pregunta uno— y que la Consejería de Políticas Sociales quiera tomar cartas en el asunto. “Hay que actuar”, reconoce el consejero Alberto Reyero, de Cs.

Erika (un pseudónimo) es madrileña, tiene 42 años y es madre soltera de un niño de 14. No tiene trabajo ni recibe manutención del padre de su hijo. Cobraba 429 euros de RMI. Ya no. ¿La razón? “Me han castigado por trabajar”, dice, poniéndole voz a uno de los ejemplos que le afea el relator de la ONU a Madrid.

Erika (nombre ficticio) retratada en una plaza de Fuenlabrada este jueves. KIKE PARA

Este es su caso. Erika cobraba la renta cuando consiguió un trabajo de media jornada limpiando un centro comercial por menos de 700 euros. “Me hacía mucha falta ponerme a trabajar psicológicamente, hacer algo útil”, recuerda. Tras un mes y una semana, un amigo de la familia le ofreció otro trabajo como pinche de cocina en un restaurante. El sueldo era el mismo pero el horario era mejor para poder conciliar y estar con su hijo. Así que pidió la baja voluntaria en el centro comercial y comenzó en la cocina. Justo 17 días después, la echaron sin más explicaciones: la despidieron dentro del periodo de prueba. Como consecuencia, también se quedó sin el ingreso de la RMI: había dejado su primer trabajo, la Administración lo consideró una baja voluntaria y la penalizó.

“No tuvieron en cuenta los documentos que envié donde acreditaba que me habían echado del segundo trabajo, solo el de la baja voluntaria del primero”, cuenta. Ahora va a volver a solicitar la ayuda, aunque ella, dice, lo que necesita es un trabajo. “Quiero una vida normal, mi hijo y yo nos sentimos excluidos totalmente, no podemos hacer las cosas normales que hace la gente: ir a una merienda de cumpleaños, con amigas, ir al cine… No puedo llevarle de vacaciones”, lamenta. Y le pone fecha a sus temores. De media, se tardan tres meses en obtener respuesta. “El papeleo es incesante, la burocracia es larguísima, te piden papeles imposibles, enviar documentos que ya has enviado, el proceso está hecho para que desistas”, dice.

No es un caso único. Najat, una mujer marroquí de 35 años y con cinco hijos, cobraba la RMI hasta que encontró un trabajo temporal: una sustitución de cuatro meses para limpiar y ayudar en la cocina de un hospital. Informó a la Administración al respecto y la renta se suspendió temporalmente. Cuando el contrato terminó, Najat se lo comunicó a la Comunidad para volver a activarla. “Y lo que hicieron fue pedirme un montón de documentación: papeles que ya me habían pedido, o a los que la propia Comunidad tiene acceso [como el libro de familia o el empadronamiento], incluso documentación imposible de encontrar, como un certificado de escolarización de mis hijos en pleno agosto”, explica Najat.

Los gestores de la Consejería de Políticas Sociales coinciden en el fondo del asunto. Solo en enero hubo 521 suspensiones cautelares o temporales de la ayuda, principalmente por no aportar nueva documentación. De hecho, recuerdan desde el Ejecutivo, el plan normativo del Gobierno para 2020 incluye un decreto para modificar el reglamento que regula la RMI, intentando mejorar la inserción laboral de los beneficiarios, reduciendo la burocracia y flexibilizando su concesión.

Se buscan soluciones para atender a una población a la que penaliza el papeleo, porque no todos tienen hogar fijo. Fórmulas que maticen la frialdad de la ley, que acaba obligando a preguntar cuánto ganan a mendigos o músicos ambulantes para calcular así cuánto toca restarles de la ayuda. Y, sobre todo, nuevas estrategias que faciliten la incorporación al mercado laboral de los beneficiarios y que den respuesta a las preguntas que plantea el sistema actual: ¿Merece la pena arriesgarse a perder la ayuda por un contrato temporal? ¿Y por uno de prueba que se quede en nada?

“El sistema se convierte en un pozo e incentiva que no trabajes”, resumen fuentes de la Consejería de Políticas Sociales.

Sin techo ni comida

Para luchar contra el proceloso proceso administrativo, que llevó a que se archivara el 43% de las solicitudes presentadas en 2018 —principalmente por falta de documentación— se estudiará dar la opción de hacer todo el papeleo por móvil. Se quiere dejar de penalizar que dos personas receptoras de la ayuda compartan hogar. Y se analiza si cabe impulsar una reforma legal para que se pueda compaginar durante unos meses la renta y un salario, para que el tránsito al mundo laboral sea más sencillo y los beneficiarios no corran el riesgo de quedarse sin ayuda por un contrato a prueba que luego acaba en nada.

Porque eso ocurre. Alrededor del RMI se acumulan las biografías rotas, los problemas y las esperanzas incumplidas.

“Parece que el Estado me castiga por intentar sobrevivir”, cuenta María Ángeles, venezolana de 31 años. Esta madre soltera tiene como todo ingreso una subvención de desempleo parcial de 330 euros; la manutención que le manda el padre de su hija, de 150 euros; y, durante una temporada, el alquiler de una habitación con el que pagaba la mitad de la renta del piso, que asciende a 600 euros. Su madre, además, ha tenido que ayudarla con los gastos en ocasiones puntuales. Los técnicos, sin embargo, le han denegado dos veces la RMI. La justificación: no acreditar carencia de recursos.

“Creen que con los 150 de la manutención se vive muy bien”, resume. Con ayuda de una trabajadora social, quiere demandar por la vía civil el proceso de concesión de la RMI. Y se pregunta: “¿Qué hago? ¿Me pongo a delinquir?”. Acaba de quedarse sin inquilino y no puede pagar ni el alquiler ni la comida. 

Solo un 37% de solicitudes aceptadas

La Consejería de Políticas Sociales informa año a año y mes a mes de la evolución de la renta mínima universal a través del portal de transparencia. Estas son las cifras de enero de 2020, últimas publicadas.

Familias receptoras de la ayuda: 22.373, de las que 13.364 tienen su domicilio en el Ayuntamiento de la capital (59,73%). Hay 14.685 mujeres beneficiarias (65,6%) y 7.688 hombres (34,36%).

Situación familiar. En enero, el 30,97% de los perceptores de la renta mínima son personas solas y el 56,05% tienen a su cargo menores de edad. Las ayudas varían, en función de la situación familiar, de los 400 a los 950 euros. 

Inversión económica. Sostener las ayudas supuso una inversión de más de 10,5 millones de euros en enero. De las 653 solicitudes que hubo se denegaron 269 (41%), se concedieron 246 (37%) y se archivaron 207 (31%). La causa más frecuente de denegación fue la de no acreditar la carencia de recursos económicos (38,66%), y la de archivo fue no presentar en el plazo establecido la documentación (89,86%). Además, se extinguieron más de 450 ayudas y se suspendieron cautelar o temporalmente más de 500. La Administración calcula que invertirá 169 millones en 2020.

Nacionalidad de los beneficiarios. 5.435 receptores son de origen extranjero (24,29% del total). Entre ellos, predominan los marroquíes (41,16%) y rumanos (16,04%).

Permanencia. De los más de 22.000 beneficiarios de la renta mínima de inserción, el 45% lleva más de cinco años inscrito en el sistema. En los últimos 11 meses se han incorporado 2.326 personas, el 10,40%.

Las denuncias del relator de la ONU

El viernes pasado, Philip Alston  (Melbourne, Australia, 70 años), relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, presentó sus conclusiones preliminares sobre la desigualdad en España. Esto fue lo que denunció sobre el caso de la Comunidad de Madrid.

Renta Mínima de Inserción. “Los resultados en Madrid sugieren que el sistema está estructurado intencionadamente para excluir a la gente, o diseñado de una manera extremadamente pobre”, escribe Alston. “Aunque su tasa de pobreza severa se ha más que doblado en los últimos diez años, del 3% de 2008 al 7,8% de 2017, su sistema de renta mínima proporciona unos míseros 400 euros mensuales, la cantidad más baja de España”, sigue. “Los madrileños me describieron cómo los muchos requerimientos del programa les excluyen formalmente y de hecho”.

Solicitudes aprobadas. “La forma en la que se ha administrado el programa lo ha hecho más irrelevante”, advierte el relator en su informe definitivo. “La tasa de solicitudes aprobadas cayó drásticamente del 50% al 23% entre 2016 y 2018”.

La Administración. “Aunque representantes del Gobierno madrileño coincidieron en que la situación es insatisfactoria, un cargo insistió en que la culpa no es de la Administración, si no de los solicitantes que no cumplen con los requisitos”, cuenta Alston en su informe.

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Fuente: El Pais

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