“Mi voluntad no es hacer un acto electoral dentro de la cárcel, sino ofrecer a los electores un debate abierto, libre y plural moderado por una persona del mundo de la comunicación, neutral y de trayectoria reconocida, y que deberíamos consensuar en su momento entre las varias opciones políticas”. Con estas palabras reza la carta con la que el cabeza de lista de JxCat al Congreso, Jordi Sànchez, ha invitado a sus rivales en la contienda electoral a llevar a cabo un debate electoral en prisión –donde se encuentra desde el 16 de octubre de 2017 acusado de un presunto delito de rebelión en la causa del procés.





Una propuesta que ha recibido respuestas contrapuestas en el resto de partidos. Oriol Junqueras (ERC), Jaume Asens (En Comú Podem) y Albano-Dante Fachin (Front Republicà), han dado el visto bueno a una propuesta que, por contra, han rechazado de plano Meritxell Batet (PSC) y Cayetana Álvarez de Toledo (PP).


Tribunal Supremo

Junqueras ha respondido a Sànchez en la sesión vespertina del juicio del ‘procés’

El presidente de ERC –también en prisión provisional– le ha comunicado personalmente a Sànchez, en la sesión de este jueves del juicio del procés en el Tribunal Supremo, su disposición al debate. “Jordi, de acuerdo con esto de hacer el debate. Lo hablamos en Soto del Real cuando lleguemos”, le ha comentado Junqueras a Sànchez en el salón de plenos del Supremo. Cabe recordar que la semana pasada, ya antes de conocerse la propuesta de Sànchez, ERC ya solicitó a Instituciones Penitenciarias poder celebrar actos de campaña en las cárceles donde están presos los líderes independentistas.

En un sentido similar se ha expresado el cabeza de lista de los comunes por Barcelona, Jaume Asens. “Ningún muro nos tendría que impedir debatir y avanzar. Acepto y agradezco tu invitación, Jordi. Me comprometo a seguir luchando para conseguir tu libertad”, ha señalado en un comentario de Twitter el candidato de En Comú Podem.

También a través de las redes sociales se ha expresado el número uno de la coalición Front Republicà –Som Alternativa, Poble Lliure y Pirates–, Albano-Dante Fachin, quien ha mostrado su voluntad de participar en un debate en prisión con un escueto y diáfano: “Cuenta conmigo”.






PSC

“En ningún caso”, replicado la ministra Batet

Por contra, tanto PSC como PP se han mostrado contrarios ante tal escenario. En este sentido, la ministra de Política Territorial y Función Pública, y cabeza de lista de los socialistas catalanes el 28-A, Meritxell Batet, ha sido tajante para indicar que “en ningún caso” participará en un debate en prisión. Las mismas fuentes socialistas añaden que todavía están valorando si dan respuesta a la misiva del expresidente de la ANC.

Aunque quien ha respondido de forma más contundente ha sido número uno del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha rechazado acudir a un debate entre rejas “no por la rareza de las circunstancias”, sino por sus protagonistas. “Una persona procesada por graves delitos contra la democracia no debería ser candidato”, ha censurado, en alusión a Jordi Sànchez.

“Su presencia en las listas electorales me produce el mismo rechazo moral y político que me habría producido la candidatura de Tejero, Milans del Bosch o la de cualquiera que en 1981 también atentó contra la democracia”, ha agregado Álvarez de Toledo.

Ante la propuesta de Sànchez, la secretaría general de Instituciones Penitencias esperará a que la Junta Electoral Central (JEC) se pronuncie. Según exponen fuentes penitenciarias, el organismo dependiente del Ministerio del Interior sí está estudiando ya la petición de ERC para celebrar “actos políticos” –no especifica la formación que se refiera a debates electorales– en las cárceles de Soto del Real y Alcalá-Meco, donde se hallan encarcelados los nueve presos del procés.






La campaña

Antecedentes de actos electorales en prisión

Desde Prisiones se subraya la diferencia entre ambas solicitudes –debate electoral y actos políticos. En el caso de los segundos, como pide ERC, existen precedentes con permisos concedidos por parte de la Administración para que los partidos políticos puedan hacer campaña dentro de las cárceles, aunque con límites como que no acceda la prensa ni se altere la seguridad o funcionalidad dentro de prisión.

Se remiten al caso, que expone en su escrito ERC, de Adelante Andalucía. La coalición de IU y Podemos ofreció tres mítines durante la campaña de las últimas elecciones andaluzas dentro de las prisiones, previa autorización de Instituciones Penitenciarias. Por el contrario, las citadas fuentes penitenciarias no tienen constancia de la celebración de debates electorales al uso dentro de las prisiones.

La Orden de Servicio 6/2018 sobre campañas electorales regula el derecho a sufragio a través del voto por correo para todos los internos, salvo los que estén privados de dicho derecho por sentencia. La abstención suele ser la tónica general de la población reclusa en las diferentes citas electorales. Los internos pueden tener una “explicación directa y personal” de los diferentes programas electorales, permitiendo la entrada en las cárceles de candidatos y la disposición de un espacio para llevar a cabo la campaña electoral, sin que esto afecte a las visitas y comunicaciones reguladas al margen de los periodos electorales.






Actos en prisión

La seguridad, como prioridad

En la ley penitenciaria no se establece ninguna prohibición expresa para la realización de los actos de campaña, pero precisa: “más allá de las que afecten a las cuestiones de seguridad interior”. La citada Orden de Servicio con fecha de 26 de noviembre de 2018 recoge una serie de exigencias relacionadas con la seguridad interna como que el acto político no altere las actividades regimentales del centro, que dure “en torno a 60 minutos” o que se solicite “al menos con cinco días de antelación” a su celebración.

También prohíbe la entrada de medios de comunicación: “No será posible sin perjuicio de que desde el Gabinete de Prensa de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias pueda informarse de la actividad realizada, respetando siempre la imagen de las personas que asistan al acto”. El objetivo, en definitiva, es “no alterar las actividades regimentales del centro”.

La dirección de la cárcel está obligada a comunicar la celebración de actos políticos a las Juntas Electorales Provinciales, velando además por que el número de candidatos que entre a los centros penitenciarios no altere la funcionalidad de dicha cárcel. En ningún momento se habla de la posibilidad de que sean candidatos ya en prisión, como puede ser el caso de Jordi Sànchez.








Fuente: LA Vanguardia

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