Con la crisis económica los recortes presupuestarios afectaron a sectores hasta entonces casi intocables como la Sanidad. Años después, tras ligeros incrementos, y pese a ser una de las áreas a la que más recursos económicos se destina, la duda de cómo se financiarán, por ejemplo, las nuevas terapias innovadoras (con altos costes) por poner sólo uno, es una cuestión a la que aún buscan respuesta los economistas de la salud.

Dado que el presupuesto es limitado, la solución más sensata –y factible– pasa por hacer una Sanidad más eficiente. Sobre todo cuando aún quedan aspectos en los que mejorar. Y mucho. Tal es el caso de la realización de pruebas o tratamientos innecesarios. Y es que no es una cuestión baladí: hasta una quinta parte del gasto destinado a Sanidad derrocha los países de la Unión Europea, tal y como pone de manifiesto un informe realizado por la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Si tenemos en cuenta que la partida destinada a este fin en España en 2017 fue de más de 72.000 millones de euros (algo más del 6,25% del PIB), nos podemos hacer una idea de lo que este despilfarro supone: unos 14.400 millones de euros. Y, si bien es cierto es que no hay estudios oficiales al respecto, de lo que no hay duda, como dice la OCDE, es de que urge reducir los gastos innecesarios para hacer que los sistemas de salud sean más efectivos.

Pero, ¿qué gastos son estos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pruebas innecesarias? «La definición de prueba innecesaria es aquella cuyo resultado, ya sea positivo o negativo, no contribuye a modificar la actitud diagnóstico-terapeútica del clínico o confirmar su diagnóstico», explica Alfonsa Friera, responsable Asuntos Profesionales de la Sociedad Española de Radiología Médica (Seram).

Muchas decisiones que se toman en la práctica médica actual se basan en la información que aportan las pruebas de imagen, como radiografías, ecografías o TACs, y de ahí que sea raro el proceso médico que no incluya diferentes estudios radiológicos. Sin embargo, hasta un 30% de las solicitadas no aporta información relevante y muchas podrían haberse evitado, como reconoce la propia sociedad científica. Por este motivo elaboró un documento «de no hacer» con recomendaciones que buscan disminuir el uso de aquellas técnicas obsoletas, de dudosa eficacia y utilidad y promover las buenas prácticas radiológicas y de imagen para la prevención, diagnóstico y seguimiento de las enfermedades.

Pero éste no es, ni mucho menos, el único caso en el que se derrochan recursos. Como explica Juan José González Armengol, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias (Semes), «en no pocos casos el doble aseguramiento de no poca población (unos dos millones en Madrid), sin intercambio de información entre el sistema público y privado, puede originar que se repliquen pruebas ya sean análisis básicos o de imagen. Además, hay una mezcla de expectativa no real y en muchas ocasiones inducida».

Otras razones de porqué se hacen pruebas innecesarias, que apunta la doctora Friera, serían la fascinación por las nuevas tecnologías; la petición de pruebas complementarias, solicitarlas con demasiada frecuencia o que éstas sean inadecuadas (es decir, que no van a resolver la sospecha del médico que la pide). «Esto pasa porque la variedad de pruebas de imagen es alta y a veces no se solicita la correcta, o por no plantear las cuestiones que éstas deben resolver. Hay muchas formas de realizar la misma prueba diagnóstica, por ejemplo un TAC de abdomen, pero si el médico solicitante no explica bien el motivo de la solicitud o la duda que tiene puede que el radiólogo (médico responsable de la realización de esa prueba) planifique mal la exploración», explica.

La respuesta a por qué se continúa con estas prácticas si no son necesarias es compleja. Beatriz González López-Valcárcel, ex presidenta de la Asociación de Economía de la Salud y catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria apunta, por ejemplo, a la «formación basada en la intolerancia a la incertidumbre, que lleva al diagnóstico por descarte (por muy improbable que sea un resultado, se hace toda la batería de pruebas incluso si no están indicadas y su balance beneficio riesgo es pobre), y una sociedad medicalizada que demanda actuaciones médicas en la falsa creencia de que “mas es mejor”». Y prosigue: «Hay situaciones en las que hay menos protocolos y guías clínicas con indicaciones; o en las que hay incentivos económicos ligados al pago por actividad; u otras como las Urgencias hospitalarias, en las que se puede ejercer la ‘‘medicina defensiva’’ por temor a litigios y demandas», apunta .

De hecho, así lo reconoce hasta el 90% de los médicos que trabaja en estos servicios, según recoge una reciente encuesta realizada por la Organización Médica Colegial (OMC), la Sociedad Español de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) y la propia Semes. En la misma, a la pregunta sobre si se realizan pruebas diagnósticas en los servicios de Urgencias de utilidad dudosa por prevención ante posibles problemas legales con los pacientes, cerca del 90% –un 89,8%– reconoce que solicitan pruebas complementarias innecesarias solamente para evitar futuras denuncias. Y no sólo eso. Hasta un 63% alarga de forma innecesaria los tiempos de estancia de los pacientes ya diagnosticados por el mismo motivo.

Precisamente la OCDE señala la hospitalización y el acceso a fármacos como grandes áreas de despilfarro. Respecto a los hospitales, pone especial atención a los ingresos y advierte de que se podrían evitar muchas admisiones con un mejor manejo de enfermedades crónicas. Además, denuncia un retraso en las altas hospitalaria y una ocupación indebida de camas. Como ejemplo, en el caso del asma y la diabetes, dice, existe un exceso de admisiones, o hasta 37 millones de días de cama al año en toda la UE son potencialmente evitables.

En cuanto a los productos farmacéuticos, la medida pasa por minimizar el derroche y optimizar el valor derivado del gasto en medicamentos pues un buen acceso a estos es «crítico» para lograr sistemas de salud «eficientes y sostenibles». Así, señala, la solución pasa por garantizar la relación calidad-precio en la selección y cobertura, adquisición y precios de medicamentos a través de la evaluación de tecnología de la salud; explotar los ahorros potenciales de los genéricos y biosimilares; fomentar la prescripción racional; y mejorar la adherencia de los pacientes.

Para tratar de revertir esta situación el presidente de la Semes añade otras medidas: «En el caso de Urgencias, es fundamental tener una formación reglada vía especialidad, porque daría seguridad donde hay inseguridad jurídica, y seguridad a la población ante la certeza de ser atendidos por médicos con la formación que, por lo demás, viene recogida en la propia legislación española y europea».

En cualquier caso, el objetivo sería que todo ese dinero despilfarrado pueda ser reasignado para un mejor uso ya que se trata de un gasto que podría, en muchos casos, reducirse o eliminarse sin menoscabar la calidad de cuidado, y sin perjudicar innecesariamente al paciente, que recibe atención innecesaria o de bajo valor que tiene poca o ninguna repercusión en su salud. Además, el presupuesto en Sanidad, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, representará una participación cada vez mayor del PIB en muchos países de la UE y, por tanto, es importante pensar en la sostenibilidad de los presupuestos a largo plazo.

No obstante, y como concluye Friera, «en el ámbito público más que ahorro podría suponer reducción de listas de espera. Si dejamos de hacer lo que no hay que hacer podremos atender en tiempo lo que sí que hay que hacer».




Fuente: La Razón

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