El devastador impacto de la DANA en las islas Baleares, y el Mediterráneo peninsular, así como las recientes inundaciones de Arganda, evidencian una vez más la dramática vulnerabilidad del hábitat y las infraestructuras humanas frente a la potencia creadora, pero también destructora, de la Naturaleza.

Como consecuencia del impacto del huracán Sandy -que puso literalmente a la ciudad de Nueva York de rodillas por primera vez en su historia- muchas grandes metrópolis están realizando un enorme esfuerzo inversor en la respuesta frente a las catástrofes y en particular en la protección de los frentes marítimos Lamentablemente, este esfuerzo en adaptación contrasta con la magra voluntad de los gobiernos para afrontar la crisis climática desde la doble perspectiva de la reducción radical de las emisiones de carbono y de la creación de comunidades resilientes.

Quisiera llamar la atención sobre un ámbito de prevención de los riesgos naturales más concreto, cercano y accesible sin enormes inversiones infraestructurales, pero demandante de fuerte voluntad política: la planificación racional del uso del territorio.

La legislación urbanística española recoge como uno de los principios del desarrollo territorial y urbano sostenible: la prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y salud públicas y su eliminación efectiva; exigiendo que el informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización incluya un mapa de riesgos naturales del ámbito. Asimismo, la Agenda Urbana Española elaborada en desarrollo de la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas propone incluir nuevas previsiones en los instrumentos de planeamiento relacionadas con la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático: elevación del nivel del mar, lluvias torrenciales, incendios, pérdida de suelo fértil …etc.

Nunca en la historia de nuestro país se había contado con los recursos que hoy disponemos para cumplir estos objetivos: conocer de manera rigurosa los riesgos ambientales, prevenir y mitigar sus efectos. Desde la aprobación de la Directiva Europea relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación en 2007 contamos con un Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y una modelización hidrológico-hidráulica de alta precisión.

Sólo es necesario que opere un último eslabón: que las Comunidades Autónomas trasladen esta exigencia al Planeamiento Urbanístico y la Ordenación del Territorio a través de la legislación del suelo -donde tienen competencia exclusiva-, y además elaboren planes territoriales y promuevan y financien la actualización del planeamiento local. Finalmente, es necesario los municipios asuman el reto difícil, y frecuentemente ingrato, de incorporar todo este conocimiento técnico a la limitación de los usos urbanos del suelo en las áreas de riesgo, atendiendo además a la defensa vigilante de la disciplina urbanística.

La situación de la comunidad Autónoma de Madrid no es nada satisfactoria. La legislación urbanística, muy obsoleta, no acoge la nueva sensibilidad ante el medio ambiente y los riesgos naturales. Pero, sobre todo, la situación de renovación del planeamiento urbanístico de los municipios es calamitosa. Es bien conocido el caso de la capital cuyo último Plan General data de 1997. Pero la propia Exposición de Motivos del malogrado Proyecto de Ley 2017 exponía crudamente que tras los 18 años de vigencia de la Ley del Suelo de 2001 sólo 20 municipios habían adaptado su planeamiento a dicha ley mientras que 159 y nueve seguían operando con planeamientos aún más antiguos, mil veces remendados a través de modificaciones puntuales.

La tarea es inaplazable e ineludible. Lo expresaba de manera nítida el Secretario General de Naciones Unidas António Guterres en vísperas de la cumbre del clima de New York: la naturaleza está enfadada y nos devuelve el golpe.

José María Ezquiaga es arquitecto y sociólogo

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Fuente: El Pais

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