Primer encontronazo del PSOE con Unidas Podemos y sus teóricos otros socios para la investidura de Pedro Sánchez antes incluso de sumar los votos necesarios para conseguirla. El PSOE va a sacar adelante este miércoles, gracias al apoyo del PP y Ciudadanos, en el pleno de la Diputación Permanente del Congreso, un Real Decreto para reforzar con medidas urgentes la seguridad en la Administración digital que podrá frustrar cualquier pretensión de la Generalitat de crear una especie de república digital catalana. PP y Ciudadanos se han cobrado ese primer esbozo de una supuesta gran coalición con fuertes críticas al PSOE por disponer ahora de su apoyo al tiempo que negocia una investidura con Podemos y partidos nacionalistas como ERC. Podemos, como gesto y pese a estar en contra, piensa abstenerse.

Fue el propio Pedro Sánchez el que prometió, justo en plena campaña electoral para el 10-N, que su Gobierno no iba a permitir ningún tipo de intento de una república catalana digital como apuntó la Generalitat: “No va a haber independencia offline ni online, el Estado va a ser igual de contundente en el mundo digital que lo es en el mundo real”. A continuación el Ministerio de Economía llevó al Consejo de Ministros un proyecto de Real Decreto que podrá, “con carácter excepcional y transitorio”, intervenir y asumir la “gestión directa” de redes y servicios de comunicaciones electrónicas “en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”.

La necesidad de la urgencia de ese Real Decreto ha sido defendida este miércoles en la Diputación Permanente por la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, pero se ha encontrado con la oposición radical de prácticamente todos los socios políticos que el PSOE está buscando en las negociaciones en marcha para la investidura aún sin fecha de Sánchez, desde Unidas Podemos al PNV, Más País y, por supuesto, ERC, Junts per Catalunya y EH-Bildu.

Ciudadanos también ha mostrado su malestar por algunos aspectos restrictivos de esa regulación aunque al final la respaldará y el PP, pese a admitir dudas incluso de posible inconstitucionalidad de esa norma, también ha adelantado su voto a favor. Vox ha fundamentado su rechazo, pese a aceptar algunos capítulos de las seis leyes retocadas con ese decreto, porque entiende que socava «la libertad de expresión».

El debate ha sido duro, bronco y esclarecedor de por dónde puede discurrir la nueva legislatura, porque todos los presuntos socios del teórico nuevo Gobierno del PSOE han arremetido contra algunas pretensiones recentralizadoras y coercitivas que vislumbran en el real decreto. Y porque Vox, Ciudadanos y el PP han reprochado al PSOE que busque ahora su respaldo mientras negocia, por ejemplo, este jueves con ERC, votos en favor de que Sánchez continúe en La Moncloa.

La ministra Calviño se extendió en argumentar la necesidad del real decreto, que se justifica oficialmente para adoptar «medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones». La norma intenta, en última instancia, cegar las vías para que el independentismo aproveche el avanzado proceso de transformación digital de la Administración para fines contrarios al orden constitucional. El decreto quiere evitar el robo de datos personales, el hackeo de dispositivos móviles, los ciberataques contra infraestructuras críticas o el uso indebido del censo o los datos fiscales de los ciudadanos. También pretende defenderse más eficazmente frente a ataques informáticos contra los procesos electorales o las actividades de desinformación, como las denominadas fake news (noticias falsas).

Calviño explicó que la norma intenta responder al reto de equilibrar «el progreso tecnológico y la seguridad en un marco jurídico que garantice el interés general sin comprometer los derechos de los ciudadanos» con una protección a nivel digital como en el mundo analógico. La ministra negó que se pretenda tener el control de ningún medio de comunicación, como le acusaron sobre todo los partidos nacionalistas, pero sí que se trata de tener normativas como los demás países europeos ante circunstancias de especial gravedad en las redes.

No logró convencer a la mayoría de sus teóricos socios de investidura. Desde el amplio Grupo Mixto llegaron fuertes críticas. Joan Baldoví, de Compromís, lamentó que con ese decreto se pueda llegar a intervenir Internet en España como en países tan poco democráticos como China, Arabia Saudí o Irak y cuestionó las prisas. Esa falta de necesidad de urgencia fue argumentada por casi todos los demás partidos, que verían mejor una regulación a través de una ley orgánica con posibilidad de discutir y admitir enmiendas.

El Gobierno apuntó más tarde que se abrirá a esa opción a posteriori y esa promesa permitió que Podemos pasase de una votación negativa a una abstención que le sirve para no enfrentarse tan abiertamente al Ejecutivo socialista cuando está en plena negociación para el futuro Gobierno de coalición.

Mertxe Aizpurua, de Bildu, habló de que el Gobierno pretende favorecer un «estado de excepción digital» con la oportunidad que se le presta de cerrar webs y otros soportes digitales sin orden judicial y pasando por encima de las administraciones autonómicas y concluyó que con ese decreto «se amplía la ley mordaza a las nuevas tecnologías». Laura Borrás, de JuntsxCat, tildó el proyecto de «ley Corcuera digital» y desarrolló que con el mismo se pasa «de la ley de la patada en la puerta a la ley Sánchez de patada al servidor» y también lamentó la «invasión de competencias» sobre el ámbito autonómico.

El portavoz del PNV, Mikel Legarda, también reprochó lo que supone la norma de «intervención de hecho» alegando razones de «seguridad nacional» y denostó que se apunten como sospechosas y peligrosas las posibles intervenciones y tutelas sobre las administraciones autonómicas. Dolors Bassa, de ERC, aludió también a «la ley mordaza digital» y ratificó que ninguna «ofensiva represiva» del Estado «podrá parar el tsunami y la voluntad democrática del pueblo catalán». La portavoz republicana no eludió mencionar la situación de negociación en la que están embarcados ahora mismo su partido y el PSOE y avisó: «No habrá estabilidad política mientras no aborden políticamente los conflictos y mantengan la vía represiva».

Victor Sánchez del Real, de Vox, elevó el tono de las críticas al equiparar el escenario actual a un «saniete» y «esperpento» pero sobre todo por las sospechas que tiene esa formación de que el Gobierno quiera controlar lo que se pueda opinar al margen de lo que denominan como «la mayoría progre». Y denunció que se les pueda conceder así a los futuros socios «comunistas» del Ejecutivo «el botón del gran hermano mayor».

El diputado de Podemos, Antón Gómez Reino, enumeró muy burocráticamente los puntos que observa negativos de la reforma, relacionados con el intento de recentralización y de controles digitales sin órdenes judiciales, y propuso mejoras para el futuro en el desarrollo legislativo del decreto que Calviño se mostró a favor de estudiar. Ese paso le sirvió a Podemos para pasar del rechazo a la abstención.

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, tachó el decreto de «chapuza legislativa» pero avanzó su apoyo por la necesidad de vigilar la ciberseguridad. Pero se entretuvo mucho más en avisar al PSOE de apoyarse para la investidura de Sánchez en socios que boicotearon hoy ese decreto y les emplazó a rectificar y buscar una mayoría constitucionalista más amplia, de hasta 221 escaños, con el PP y Cs.

La diputada gallega del PP, Ana Belén Vázquez Blanco, aportó de entrada su titular de la jornada: «Durmiendo con tu enemigo, capítulo enésimo». Y atacó al Ejecutivo por ocultar en la exposición de motivos del decreto que su razón última es evitar la república catalana digital, algo que al PP no le causa problema mencionar. El PP ya indagó por esa vía con su aprobación de la ley de Seguridad Nacional en 2015. Ahora apoya este actual decreto pero acepta que pueda haber dudas sobre su constitucionalidad y pese a la «indignidad» de que al mismo tiempo el PSOE esté ya negociando «con los que pretenden romper España».




Fuente: El Pais

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