Los trabajadores de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) llevan varios meses denunciando los problemas que tiene la empresa pública, gestionada por el Ayuntamiento de Madrid. La máxima expresión de ese choque con el alcalde José Luis Martínez Almeida y el delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, ha tomado forma de huelga: en diciembre ha habido dos convocatorias de paros totales, el 3 de diciembre y el 13 de diciembre.

“Vamos a bajarle los humos al alcalde Almeida y a Borja Carabante [delegado de Movilidad y Medio Ambiente]”, manifestaba el comité de empresa de EMT horas antes de la huelga. Después de siete años de paz laboral -con las alcaldesas Ana Botella (PP) y Manuela Carmena (Ahora Madrid) al frente de la ciudad-, el conflicto ha estallado entre trabajadores y Ayuntamiento. Tanto Almeida como Carabante han asegurado que los paros tienen una motivación “política”. Algo que los trabajadores niegan.

Entre 2014 y 2019, la EMT, dirigida por Álvaro Fernández de Heredia, contrató a 1.411 conductores. En la EMT trabajan 9.500 personas; en torno a 5.500 conductores. La masa de conductores es clave para una empresa de movilidad. Su mantenimiento, también. Solo el año pasado suscribieron jubilaciones parciales 637 chóferes a los que hay que sumar 575 jornadas reducidas. Carmena dejó cerradas casi un centenar de contrataciones nuevas que Carabante paralizó nada más llegar al área. Al poco, los retrasos y faltas de servicios (buses que no salen de cabecera) se hicieron evidentes. Ese fue el inicio de las suspicacias entre trabajadores y Ayuntamiento.

La legislatura anterior también se renovó el 70% de la flota (se adquirieron más de 1.000 autobuses). Además, se dejó firmada la compra de 460 vehículos nuevos: 230 este año y otros tantos el que viene. Algo de lo que Almeida ha sacado pecho: ha prometido varias veces que en 2020 toda la flota será ecológica. “Los contratos de adquisición de buses hasta 2020 ya están firmados”, le recordó Inés Sabanés, exdelegada de Movilidad y Medio Ambiente la anterior legislatura. “Y tu grupo no votó a favor, por cierto”, agregó la política de Más País.

Con Sabanés al frente del Área se integraron varios servicios en EMT: Teleférico; dos aparcamientos; y las bicis de Bicimad. Los gestores del funicular pagaban un canon anual de 8.775 euros; en 2018, primer año de gestión pública genero casi 80.000 euros de beneficio, según la memoria económica de EMT. Los ingresos de los parkings (que aportaban un canon que no llegaba a los 20.000 euros al año) crecieron exponencialmente, hasta los cinco millones de euros del año pasado. En el caso de las bicicletas eléctricas, la municipalización se planteó ante la degradación del sistema, que estaba al borde de la quiebra. El Ayuntamiento lo rescató. El servicio mejoró notablemente y se anunció una ampliación. Aunque el PP denunció la adquisición, posteriormente un juez desestimó la querella.

Desde la llegada de Almeida a Cibeles, los problemas han vuelto a aparecer en Bicimad: menos bicis, falta de mantenimiento… Las quejas de los ciudadanos marcaron un récord en septiembre: 19.164, un 224% más que en enero de ese año. El alcalde ha repetido que en el PP “fuimos contrarios a las municipalizaciones del anterior equipo”. Tanto Carabante como Almeida han mostrado su disposición a privatizar de nuevo las bicicletas públicas. También Teleférico. De hecho, Almeida privatizó Naviluz, el autobús que recorre las luces navideñas de la capital. Este año lo gestiona una UTE (Unión Temporal de Empresas) participada por Alsa. El delegado de Movilidad y Medio Ambiente justificó esa decisión en que los autobuses de EMT que prestaban ese servicio contaminaban demasiado.

El Comité de Empresa lamentó la noticia y acusó al Ayuntamiento de hipócrita: al mismo tiempo que privatizaba Naviluz, anunciaba una moratoria para los vehículos de reparto más contaminantes. La demanda de que los servicios que gestiona EMT sigan siendo públicos se incorporó a las reivindicaciones. Caldearon el ambiente. “Los datos avalan que funcionan mejor si se gestionan desde lo público”, explican los representantes laborales, que temen que las intenciones del Consistorio sean privatizar toda la empresa pública.

Almeida lo ha negado. Carabante, también. A la vez, el delegado anunció que la EMT va a dar pérdidas este año. Y también el siguiente. Algo que sorprendió -y molestó- a los trabajadores pues la gestión del exgerente Fernández de Heredia cerró en positivo los últimos cuatro ejercicios. Desde el comité de empresa pidieron diálogo con el gerente de EMT nombrado por Almeida. Alfonso Sánchez tomó posesión el 24 de julio, pero no se sentó con los trabajadores hasta finales de noviembre, cuando las protestas ya habían estallado. Lo hizo para pedirles el cese de las mismas y la desconvocatoria de la huelga del 3 de diciembre. “Por un transporte público y social”, corearon ese día a las puertas del Ayuntamiento los empleados, que inscriben sus acciones en una defensa del transporte público y en favor de los ciudadanos.

La huelga del 13 de diciembre será la última por el momento. Así lo decidió la última asamblea para dar “un respiro a los usuarios” durante las semanas centrales de Navidad a la vez que “favorecer el diálogo” con el Consistorio. Los trabajadores dan de margen hasta el 6 de enero para que desde Cibeles “demuestren si tienen voluntad de negociar”.

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Fuente: El Pais

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