Mismos hechos, diferentes versiones. La sesión de este jueves en el juicio por el procés que se celebra en el Tribunal Supremo quedará reflejado dos historias totalmente distintas de un mismo acontecimiento. Por un lado, declararán los máximos responsables de Policía y Guardia Civil en Catalunya, Sebastián Trapote y Ángel Gozalo. Por el otro lado, dos comisarios de los Mossos d’Esquadra que estuvieron junto al mayor Josep Lluis Trapero en la toma de decisiones sobre el operativo del referéndum del 1 de octubre.

Trapote y Gozalo vendrán a ratificar la versión ya ofrecida por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, nombrado en septiembre de 2017 como coordinador de los tres cuerpos policiales para evitar el 1-O, tal y como había ordenado primero la Fiscalía Superior y después la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Mercedes Armas.





Por parte de los Mossos será la primera ocasión desde que arrancó el juicio el pasado 12 de febrero que se escuchará su versión de los hechos y lo harán de la manos de Manel Castellví y Emili Quevedo. El exconseller de Interior Joaquim Forn aseguró en su interrogatorio como acusado que jamás dio la orden al cuerpo policial autonómico de permitir el referéndum. Él explicó que por un lado estaba su compromiso como miembro del Govern de apoyar el 1-O pero después como responsable de Interior nunca dio ninguna orden al respecto. De hecho, les defendió al sostener que siempre pensó que cumplirían el mandado judicial.


Doblemente traicionados

Los Mossos creen que la Policía y Guardia Civil les hicieron una encerrona el 1-O para actuar a sus espaldas y por otro lado creen que desde la Generalitat se les ha utilizado, tal y como se desprende de distintas declaraciones realizadas por varios mandos en fase de instrucción.

Son dos versiones distintas. Por parte de la Policía y Guardia Civil, en una tesis defendida por Pérez de los Cobos, el exdelegado del Gobierno Enric Millo y el exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, se sostiene que la orden judicial era clara: evitar la celebración del referéndum, siempre con los parámetros de proporcionalidad y coherencia. Los Mossos defienden que había que cumplir el mandato judicial pero siempre y cuando no se alterara la convivencia pacífica aquel 1 de octubre.






La estafa

Pérez de los Cobos ya dijo que el planteamiento expuesto por Trapero en algunas de las reuniones previas eran meras “excusas” para permitir la votación. De hecho, llegó a decir que el operativo de los Mossos fue una “estafa”.

Por su parte, el cuerpo autonómico mantiene que Pérez de los Cobos conocía perfectamente cuál era el operativo y le dio el visto bueno para después a primea hora de la mañana actuar a sus espaldas. La clave está a las 9 de la mañana del día 1. Según quien fuera el número 2 de los mossos, Ferran López –tal y como declaró ante Llarena y pendiente de que lo haga en el juicio–, a esa hora solicitaron ayuda a Policía y Guardia Civil en diversos colegios y nunca obtuvieron respuesta.

Trapote y Gozalo deberán explicar hoy si esto es así o si por el contrario actuaron sin tener en cuenta a los Mossos tras comprobar que habían incumplido todos sus cometidos con el único fin de permitir que los colegios se abriesen y la gente pudiera acudir a votar.


El aviso de violencia

Además de esta confrontación, los dos testigos de los Mossos tendrán otro punto que relatar. La reunión mantenida el 28 de septiembre entre sus mandos y los máximos responsables de la Generalitat, es decir Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Forn. Según estos dos últimos, allí nadie alertó de un posible riesgo de violencia si se seguía adelante con el referéndum.





Sin embargo, tanto Quevedo como Castellví ya reconocieron en su declaración como testigos ante Llarena que en aquella reunión advirtieron a los altos cargos políticos de la Generalitat de que el 1 de octubre podrían producirse altercados, conflictos, movilización social y hasta violencia. Además, ya mantuvieron que los miembros del Govern les dijeron que a pesar de las advertencias iban a seguir adelante con el 1-O porque querían cumplir con el programa electoral.

De hecho, en el auto de procesamiento Llarena da máxima prioridad a este reunión para acreditar de manera indiciaria la existencia de un presunto delito de rebelión. Aunque la investigación sobre las responsabilidades de la cúpula de los Mossos pertenece a la Audiencia Nacional, donde está procesado Trapero, el magistrado del Supremo incluía en sus antecedentes de hecho la reunión del 28 de septiembre donde, de acuerdo a la versión del jefe de Información de los Mossos, Manuel Castellví, responsables de este cuerpo advirtieron a Puigdemont, Junqueras y Forn que la “gran cantidad de colectivos movilizados hacían prever una ruptura respecto a situaciones pasadas y una escalada de violencia”.








Fuente: LA Vanguardia

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