En la pizarra hay dos dibujos: el de un niño sonriente y el de un adulto enojado tachado con una cruz. El menor se llama Nacho, un salvadoreño de 15 años, y el otro es un funcionario del Gobierno de Estados Unidos. Steph, voluntaria de CAIR Coalition, una organización que vela por los derechos legales de los inmigrantes, le explica a varios grupos familiares qué hacer si la policía de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) detiene a uno de sus hijos. Los oyentes provienen de Centroamérica o México y no tienen sus documentos en regla. A pesar de que la cita es un sábado por la mañana, con una sensación térmica es de 43 grados, el centro municipal de Washington DC recibe a decenas de interesados. “Tenemos miedo, nos sentimos acosados”, confiesa una de las madres. Una semana atrás, Donald Trump había anunciado redadas masivas, de las cuales prácticamente no se supo más.

“Si Nacho se come un pastel en el centro de detención y te pide que no lo cuentes, pero tu mamá te pregunta si sabes quién se lo comió ¿le dirías?”

“Sí”, responde una niña mexicana de seis años.

“No debes, no lo puede saber nadie, especialmente el Gobierno”, le explica Steph.

“Pero las mamás siempre tienen que saber la verdad”.

“Sí, salvo sobre lo que te cuentan en secreto tus amigos del centro de detención”.

Trump envió en junio una advertencia a los más de 10 millones de inmigrantes irregulares que residen en EE UU: pondría en marcha una oleada de redadas para expulsar a 2.105 extranjeros que desobedecieron a sus órdenes de deportación. El anuncio encendió las alarmas, pero se pospuso. La segunda semana de julio se supo que las detenciones se producirían a partir del domingo 14. El miedo volvió a apoderarse de los sin papeles, pero no hubo más noticias. Solo la evaluación del mandatario que las calificó de “muy exitosas”. The New York Times tuvo acceso este martes a unos reportes del Gobierno que muestran que solo detuvieron a 35 personas. Una fuente anónima del Departamento de Seguridad Nacional confirmó la cifra a CNN. La estrategia de Trump es “crear temor y que la gente viva en las sombras de la sociedad”, sostiene Jesús García, congresista demócrata de Chicago, una de las 10 ciudades en las que se iban a producir las redadas.

La ofensiva de la Administración contra los sin papeles parece estar dando resultado en el terreno sicológico. Así lo reconocen los participantes de los talleres del Ayuntamiento de Washington DC, una ciudad santuario (la policía local no colabora con el ICE). Una salvadoreña de 55 años, residente de EE UU y casada con un hombre que no tiene papeles, lo confirma. “Ya no sale a ningún lado, le da miedo. No vamos de paseo, ni de compras”, narra la mujer. Su esposo perdió el empleo en marzo y desde entonces que solo consigue trabajos temporales. “Las cosas han cambiado. Ahora solo te cogen si tienes un contacto dentro”, comenta. La pareja vive en Langley Park (Maryland), un pueblo donde el 76% es latino o hispano. “La señora del almacén me dijo que habían bajado las ventas. La gente tiene temor de que la policía los agarre fuera de sus casas”, lamenta.

Otra mujer dice que ya no sabe qué hacer con las llamadas anónimas que recibe. “Me preguntan si vive un hombre en la casa, me piden dinero para liberar a gente que no conozco…”. Otra asiente con la cabeza. A ella también la han llamado. “Somos víctimas de una violencia sicológica”, se queja un hombre mayor.

Si bien el anuncio anticipado de las redadas ha provocado un ambiente de paranoia, a las organizaciones y a los gobiernos locales progresistas les ha permitido movilizarse con tiempo para informar a los inmigrantes irregulares sobre sus derechos. Batallones de voluntarios se dedicaron a expandir cinco instrucciones claves: no abrir las puertas al ICE; mantenerse en silencio; no firmar nada sin antes hablar con un abogado; tomar fotos y vídeos salvo en las propiedades del Gobierno federal; y no perder la esperanza. «No conozco ninguna otra población donde la gente les diga [a los inmigrantes sin papeles] cómo evitar el arresto después de cometer una actividad ilegal», se quejó Matthew Albence, el director interino de ICE, en una entrevista en el Times. «Sin duda nos dificulta llevar a cabo las órdenes de detención emitidas», agregó.

Desde el 13 de mayo hasta el 11 de julio, ICE arrestó a 899 adultos con órdenes de deportación definitivas, la mayoría de ellos con condenas penales, informó Albence. Trump espera que esas cifras sean cada vez más vez mayores. Con ese fin, el Departamento de Seguridad Nacional puso en marcha este martes la implementación de las “deportaciones exprés” en todo el país. La nueva medida afectará a los indocumentados que no puedan probar a los agentes que han vivido en EE UU los dos últimos años de manera continuada. Además, serán directamente expulsados del país, sin ser llevados ante un juez de inmigración.

Cruzar la frontera

Hasta ahora, este sistema solo se aplicaba a los sin papeles detenidos en el perímetro de los 160 kilómetros que rodean la frontera con México y solo si no podían demostrar que llevaban mínimo 14 días en el país.

George Escobar, jefe de programas y servicios de CASA, ONG al servicio de los inmigrantes de Maryland, Pennsylvania y Virginia, sostiene que todos los movimientos de esta Administración tienen el mismo objetivo: “intimidar a las personas que tienen el derecho a venir a buscar asilo aquí, impedir que crucen la frontera”.

En las zonas donde opera la ONG han visto un incremento de coches del ICE circulando alrededor de los centros de ayuda, así como en los sitios donde jornaleros van a buscar empleo. Además de ofrecer asesorías legales, CASA se ha dedicado a trabajar con los gobiernos locales para que difundan que no están trabajando con la Casa Blanca. Washington DC ha hecho lo propio. En la mitad del taller sobre cómo armar un plan de emergencia ante las redadas, entró el policía Brad Parson a la sala abarrotada de indocumentados. En un español chapurreado intentó calmarlos: “Nosotros no trabajamos con la migra”.




Fuente: El Pais

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