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Plan en Berlín contra el coste del alquiler

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Una iniciativa de ciudadanos de Berlín busca conseguir que el Ayuntamiento organice un referéndum para frenar a los grandes propietarios de viviendas de alquiler, a quienes estos activistas consideran responsables de la subida del coste de los arrendamientos en una ciudad habituada en el pasado a la vivienda asequible y abundante. Berlín, capital de Alemania, es también uno de los 16 länder (estados federados) que componen el país, y en su legislación figura la opción de consultas a la ciudadanía si las piden inicialmente 20.000 firmas. El procedimiento consta de varios pasos –en el siguiente se precisan 175.000 firmas– hasta finalmente llegar al Volksentscheid, que tiene reglas sobre quórum y validez en función de la materia, y que lógicamente puede con­vocarse sólo sobre materias en las que el land de Berlín tiene competencias.





Los promotores de la consulta (arrendatarios agrupados en Deutsche Wohnung Enteignen) quieren una ley que impida a propietarios de más de 3.000 pisos operar en Berlín, lo cual afectaría a la principal inmobiliaria de este tipo de la ciudad, Deutsche Wohnen AG. Pero también aspiran a que se expropien pisos a grandes firmas del alquiler para convertirlos en vivienda social. Hay 200.000 pisos en esas circunstancias, y la prensa alemana plantea si expropiaciones de este tipo son constitucionales.


Los promotores de la iniciativa plantean también expropiar pisos a estas agencias y que sean vivienda social

La cuestión del posible referéndum atañe al Senado –así se llama el Gobierno de Berlín en tanto que estado federado–, y en concreto al Departamento de Interior y Deportes. Todo esto supone presión para el actual Ejecutivo tripartito. El alcalde gobernador, el socialdemócrata Michael Müller, y sus socios Alianza 90/los Verdes y Die Linke (izquierdistas) han indicado la vivienda asequible como prioridad de esta legislatura y tienen un pequeño plan de compra de pisos. Die Linke respalda la idea del referéndum, y también lo apoyan algunos verdes y socialdemócratas.

De hecho, en su rueda de prensa de Año Nuevo, Michael Müller lamentó que el Ayuntamiento se deshiciera en el 2004 de casi 65.000 pisos que poseía a través de la inmobiliaria regional sin ánimo de lucro GSW. Ese año fue privatizada, y en el 2013 acabó precisamente en manos de la ahora polémica Deutsche Wohnen. “Me gustaría que los activos de la antigua GSW fueran nuestros de nuevo”, dijo Müller, que plantea recomprarlos.

Rouzbeh Taheri, uno de los activistas que reclaman el referéndum, declaró recientemente al diario Der Tagesspiegel que habían consultado con abogados constitucionalistas y que estos les dijeron que el pago por las expropiaciones podía hacerse “por debajo del valor de mercado” de los pisos. Los expertos citaron al respecto una expropiación de terreno en Hamburgo –que también es un land, como Berlín– en 1962 después de una inundación. El Tribunal Constitucional dictaminó que, en ocasiones, el bien general podía requerir una interferencia en el derecho de propiedad.








Fuente: LA Vanguardia

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