Por el hogar de la familia Borja Hernández la suerte pasa de largo. Los siete residen en un piso alquilado de unos 50 metros cuadrados, apretados en tres oscuras dependencias que asedia la humedad. Un informe del Servicio Madrileño de Salud desaconseja que la hija menor —afectada de otitis recurrente y asma crónico— conviva con las filtraciones. Pero la adjudicación de un inmueble de promoción pública que mejore sus condiciones no termina de llegar. Y eso que llevan más de un lustro luchando por ello, como otros 7.000 ciudadanos en situación de extrema necesidad, según datos del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea.

El sol del mediodía azota la fachada del edificio, coloreado con estallidos de ropa tendida. La luz se desliza solo hasta la cocina, dejando en penumbra el resto de estancias, donde apenas hay detalles personales a la vista, pero destaca un retrato de Camarón. Eugenio Borja, el padre de 46 años, duerme en un jergón extendido sobre el suelo: “Lo prefiero a ver a alguno de mis hijos sin cama”, declara. Varios de ellos nacieron en el antiguo cuartel de la Guardia Civil de Fuencarral, a escasos metros de su actual hogar. Cuando los desalojaron en 2012, junto a otra treintena de inquilinos, la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (AVS) les impuso un bienio de sanción por ocupación. Tras cumplirlo, la familia no ha dejado de rellenar impresos y visitar a la trabajadora social. Aunque la burocracia no parece dar frutos.

El piso de transición en el que viven hoy está dañado. Para entender el problema, basta leer las telegráficas conclusiones a las que llega el Instituto de Salud Pública al visitarlo: “Problemas estructurales. Hacinamiento. Iluminación y ventilación escasas. Carencia de instalaciones básicas. Existencia de plagas”. Con todo, los padres pagan puntuales cada mes el alquiler de 450 euros. Supone una heroicidad, pues la familia cuenta para sobrevivir tan solo con dos Rentas Mínimas de Inserción (RMI), que suman algo más de 700 euros. Pero ahora se añade otra pieza al mosaico de calamidades: el propietario requiere la vivienda para un familiar en apuros. Y presiona a Borja para que los suyos abandonen el domicilio, llamándoles por teléfono varias veces al día o plantándose frente a la puerta.

“Es muy agobiante: la Comunidad no nos concede un piso y el propietario de la casa en la que vivimos quiere echarnos. Con cinco hijos yo no puedo quedarme en la calle. Antes le pego una patada a una puerta”, zanja Borja. Si lo hace, perderá la candidatura que le abriría las puertas de un piso con alquiler reducido. Él es consciente. Aunque es posible, dice, que no le quede otro remedio. Habrá un día en que todo salte por los aires: “Si no nos dan una solución, me estarán empujando a ocupar y cometer una ilegalidad”.

La rueda gira sin contar con Borja. Cada año la AVS realiza el sorteo en base a un sistema de puntuación, que califica las circunstancias familiares y sus necesidades. Aquellas solicitudes que se acompañan de sendos informes, médicos y sociales, tienen prioridad: los papeles incrementan la calificación. Pero, como explica Cristina González, portavoz socialista en la Comisión de Vivienda de la Asamblea, el procedimiento no siempre considera la antigüedad de las peticiones, que han de renovarse con la llegada de cada nuevo curso: “Los solicitantes se enfrentan al mismo trámite una y otra vez”.

Según los socialistas madrileños, el organismo autónomo mantiene vacíos el 3% de sus inmuebles: más de 700 pisos en total. Las cifras oficiales lo niegan y hablan de un aprovechamiento total del parque inmobiliario. “Solo hay que preguntar en las comunidades de vecinos para saber que hay muchos pisos públicos sin habitar. Nosotros hicimos un muestreo y ese fue el resultado”, apunta González. Y agrega: “Ahora mismo, la AVS es el caos. Por eso hemos pedido la comparecencia de Jorge Urrecho, su gerente. Queremos que explique esta dejadez”.

Al sureste de la ciudad, en el casco histórico de Vicálvaro, tiene lugar un ejemplo del abandono al que se refiere González. Los vecinos de la Calle de Villablanca denuncian el deterioro de varias propiedades de la Comunidad, enclavadas en un complejo de trazado curvo, que el antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) levantó hace ahora casi tres décadas.

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Fuente: El Pais

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