Luz Mely Reyes ha vivido “todos los golpes de Estado” de la historia reciente de Venezuela. No es que sea motivo de celebración, sino experiencia suficiente como para que afirme que en ninguna crisis, el periodismo libre se ha visto tan golpeado como en la actual, que asola desde hace años al país. Antes, mal que bien, explica Reyes, había empresas de comunicación y los medios grandes sobrevivían. Todos fueron muriendo. Los mataron. “Los periodistas jóvenes han sido sometidos a una situación que nosotros nunca habíamos vivido”.

Reyes, a quien la revista Time destacó como una de las personas del año en 2018 por su trabajo como periodista en Venezuela, cofundó y dirige Efecto Cocuyo, uno de los medios emergentes con más influencia en el país. Un proyecto que ha ido tomando forma a base de no pocos contratiempos. “Tuvimos que aprender sobre la marcha cómo cubrir esto”, aseguraba Reyes el jueves en la redacción, después de terminar una entrevista con la experta en fuerzas armadas Rocío San Miguel, que transmitieron a través de Instagram y Periscope y que más de 11.000 personas siguieron en vivo.

“La falta de estructura de medios hace que el periodista trabaje con las uñas”, resume Reyes, para quien la muerte de al menos cuatro indígenas pemones en Santa Elena de Uairén (sureste del país, frontera con Brasil) es el caso reciente más significativo. Mientras casi todos los focos estaban puestos, por un lado, en los límites con Colombia y, por otro, en el territorio brasileño, la información de lo que ocurría en los ataques de los militares a los pemones llegaba a cuentagotas. “La gente se puede preguntar por qué no había periodistas del lado venezolano, pero es que no solo es una zona de difícil acceso, la seguridad tampoco está garantizada”.

La polémica por la retención del periodista mexicano Jorge Ramos y la confiscación del material de los 17 minutos de entrevista que le había realizado a Nicolás Maduro hasta que este se molestó por el tono de las preguntas y después de que Ramos le enseñase un vídeo de varios jóvenes comiendo de la basura, logró el repudio internacional y volvió a poner el foco sobre el día a día de los periodistas en Venezuela.

La reportera Clavel Rangel, de 33 años, vive en Puerto Ordaz y trata de cubrir el territorio más vasto del país, incluyendo la zona donde fueron atacados los pemones. Estudió periodismo y vivió varios años en Caracas, pero su objetivo siempre ha sido fundar una unidad de investigación en la tierra donde creció, en el arco minero del Orinoco, donde llegó a haber 11 diarios impresos y hoy solo queda uno. “La gente se informa a través de Twitter, Instagram o Facebook, pero solo cuando hay Internet”, asegura, en referencia a las continuas fallas de las compañías telefónicas, cuando no a problemas con los cableados de las localidades. Para tratar de revertir el problema, Rangel, junto a otros tres periodistas y cuatro productores —algunos de ellos viven en España y Estados Unidos— han creado un Servicio de Información Pública: tres notas de voz diarias, una suerte de boletín informativo de radio, que distribuyen a través de las redes sociales y Whatsapp, donde cuentan con 20.000 grupos de conversación. “Queremos evitar que la gente deje de informarse”, asegura.

A las carencias de todo tipo se une un serio problema de seguridad y de amedrentamiento. “No podemos compararnos con países como México o lo que ocurrió en Colombia, pero el ataque consistente a los periodistas existe. No es un concurso de agresiones, de ver dónde es peor, pero estamos en un estado de soledad, trabajar en condiciones muy hostiles afecta”, asegura Reyes.

En lo que va de año, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela ha constatado 34 detenciones a periodistas, de las cuales 13 se produjeron en el entorno del Palacio presidencial de Miraflores, incluyendo los reporteros y productores de Univision que acompañaban a Jorge Ramos esta semana y que fueron puestos en libertad poco después para ser deportados. Además, decenas de periodistas se han visto obligados a exiliarse en los últimos años.

El equipo de Ramos no ha sido el único de un medio extranjero en sufrir a las fuerzas de seguridad venezolanas. El pasado 30 de enero y tras la declaración de Juan Guaidó como presidente interino, tres periodistas de la agencia de noticias española Efe fueron detenidos junto a su conductor. Un día después fueron puestos en libertad.

Internet y las redes sociales se han convertido también en el espacio donde el chavismo busca alimentar su discurso. Jhonathan Sánchez dirige Ciudad Petare, un medio oficial “no oficialista”, puntualiza, con una audiencia de 50.000 personas, según sus estimaciones. No obstante, admite que el diario “no es el que genera matrices de opinión hegemónicas en este momento”. En un país en el que el control del Gobierno de Maduro sobre la radio y la televisión es casi total, el Ejecutivo ha redoblado la presión contra varios portales a través de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV).

Sánchez defiende que “los medios públicos no son necesariamente oficialistas, también reflejan denuncias, sucesos, no hay una dinámica de ocultar cosas”, admite, al tiempo que señala: “Hay una delgada línea entre la propaganda y la información. Hay que reconocer que hay medios públicos oficiales que ofrecen información con mucho sesgo, pero esto es algo que se repite por la tradición hegemónica de los medios privados. El qué está superdistorsionado, es muy difícil reflejarlo, las declaraciones de las vocerías son muy abstractas”.

Otro elemento de discusión para los medios críticos, sobre todo desde la aparición de Juan Guaidó, es la resistencia del sector más radical de la oposición. “Parece que los medios debemos tomar partido sin que se haga mayor crítica», señala Reyes. «Ese sesgo también existe, y nosotros hemos podido discutirlo», asegura la directora de Efecto Cocuyo, quien defiende: “Frente a un Gobierno que viola los derechos humanos, estamos con los derechos humanos, eso no hay duda”.




Fuente: El país

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