Sociedad

Penas más duras para los fugados tras un atropello


Atropellar a un ciclista o un peatón y darse a la fuga puede que en el futuro ya no salga gratis como ocurre, en muchos casos, con la actual legislación. El Gobierno, en respuesta a una pregunta formulada por Ciudadanos, ha avanzado que estudia «atribuir una sanción penal autónoma en los casos de fugas del lugar del accidente» tras admitir que «existe un margen de mejora en nuestra actual legislación».

El deber de socorro en caso de accidente de tráfico está tipificado en el artículo 195 del Código Penal y contempla penas de hasta cuatro años de prisión. Sin embargo, los requisitos que se exigen para aplicarlo en los casos en los que el conductor huye –normalmente para evitar la prueba de alcoholemia– son tantos que es difícil fijar la condena y muchos de los automovilistas fugados quedan impunes.

Así ocurre que si una persona muere en el acto tras un atropello el juez puede que considere que no ha habido omisión del deber de socorro y no se ha incumplido el tipo penal al considerarse que la víctima no se encuentra en «peligro manifiesto y grave», por el fallecimiento instantáneo. Lo mismo ocurre si el causante argumenta que no era consciente de la situación en la que había dejado a la víctima.

Ciudadanos planteó la pregunta a raíz del lamentable suceso ocurrido al ciclista Óscar Bautista el 21 de octubre en 2013, un deportista experimentado que resultó arrollado por un camión en la autovía de Toledo y falleció en el acto. El conductor del camión se dio a la fuga. La mujer del ciclista emprendió una batalla por que el camionero huido no quedara impune con el nombre «Por una ley justa», que reunió 200.000 firmas que fueron entregadas en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno aún no ha especificado exactamente como va a ser la nueva regulación. Sólo detalla que «está avanzando y colaborando con grupos de juristas, expertos y asociaciones de víctimas» y que «está abordando la cuestión» ante el clamor del sector de la bicicleta y a petición de parlamentos autonómicos y grupos políticos. En el Congreso, C’s ya ha registrado una proposición no de ley en la que solicita que en un plazo de tres meses se cree una figura penal específica para la omisión de socorro.

La diputada de la formación naranja, Irene Rivera, ayer lamentó, no obstante, que la respuesta del Gobierno en torno a la omisión del deber de socorro «sea difusa» lo mismo que el hecho de que la mayoría de los accidentes ahora se consideren faltas leves con la reforma legal que se emprendió en 2015. «No es normal que un niño muriera atropellado cuando cruzaba un paso de cebra de la mano de su abuelo y al conductor no le pasara nada porque se considere una falta leve. Es dramático, hay que cambiar la ley por casos como este. En 2015 hubo 9.500 víctimas de tráfico, casos que deben evaluarse por la vía penal».

En el mismo sentido se ha pronunciado Alfonso Triviño, portavoz de la Asociación de Ciclistas Profesionales. «La sociedad no entiende que a una persona se la pueda dejar desamparada, no se entiende que darse a la fuga salga gratis. Nos parece muy bien que se haga una modificación legal respecto al deber de socorro». Aunque «lo sangrante es que hoy en día el atropello de un ciclista por el despiste de un conductor esté despenalizado. Así ocurre que el 90% de las víctimas de accidente de tráfico están desamparadas».

Francisco Canes, de la asociación DIA de víctimas de accidentes de tráfico, reconoció que la despenalización de las faltas en muchos supuestos de tráfico ha provocado indefensión. Demandamos una reforma más profunda», insistió.

Hábitos responsables

Por otra parte, la DGT y la Federación Española de Bebidas Espirituosas firmaron ayer un acuerdo para promover hábitos responsables al volante y reducir los accidentes asociados a la bebida. El acuerdo se enmarca dentro de la campaña Tráfico para vigilar el consumo de alcohol y drogas al volante iniciada esta semana.




Fuente:La razón

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