España

Orden para requisar las urnas del 1-O


Veinticuatro horas. Ése es el plazo que dio ayer la Fiscalía Superior de Cataluña al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, para que traslade «de forma urgente» a todas las unidades policiales a sus órdenes las instrucciones impartidas por el propio Ministerio Público de requisar las urnas, sobres y cualquier otro material empleado para celebrar el referéndum independentista del 1-O, cuya ilegalidad, tras los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC) «queda fuera de toda duda». Horas después, Trapero ordenaba en un comunicado interno «la instrucción de las diligencias policiales que correspondan para da cumplimiento a la instrucción 2/2017» de la Fiscalía, investigando los preparativos del referéndum, informa Ep. El comunicado interno encarga esas diligencias que correspondan a la Comisaría General de Información –mediante sus Servicios Centrales o sus Unidades Territoriales–, que será la que tramite los atestados o informes policiales a la Fiscalía Superior de Cataluña o a las Fiscalías Territoriales competentes.

Tras una reunión de apenas media hora celebrada en la sede de la Fiscalía en Barcelona, el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, cursó idéntica orden, igualmente por escrito, a los responsables de la Guardia Civil y Policía en la comunidad autónoma, el general Ángel Gozalo y el jefe superior Sebastián Trapote, respectivamente. El plazo de 24 horas comenzó a contar a mediodía de ayer, una vez los mandos policiales recibieron el escrito de la Fiscalía con las pautas de actuación para el 1-O.

En los nueve folios de la instrucción fiscal se recuerda a los responsables de la Policía autonómica que según el artículo 1,1 de la ley 10/1994 que regula su funcionamiento, los Mossos «cumplirán y harán cumplir en todo momento la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la legislación vigente». El objetivo es que todos los agentes «sean conocedores del contenido de la resolución». Para cerciorarse de que se da traslado a todas las unidades de esas directrices, la Fiscalía obliga comunicarle por escrito la remisión de sus órdenes «a todas las unidades que dependan directa o indirectamente de la autoridad que haya recibido esta instrucción».

En las consignas impartidas por la Fiscalía de Cataluña –que hoy mismo se trasladarán también a los responsables policiales provinciales en las sedes de las delegaciones del Ministerio Público en Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona– se subraya que los pronunciamientos del TC, «reiterados de forma clara y sin fisuras» y difundidos ampliamente, «dada su evidente trascendencia», permiten concluir que la falta de competencia de la Generalitat para convocar un referéndum «es un hecho notorio». Asimismo, considera «indiscutible» que los cargos públicos afectados por la suspensión de los acuerdos impugnados, tanto del Gobierno de Puigdemont como del Parlament, conocen sobradamente esas resoluciones ignoradas reiteradamente. Una conducta que, recuerda la Fiscalía, puede incurrir en la comisión de al menos tres delitos: desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, este último castigado con penas de hasta ocho años de prisión.

«Los Mossos d´Esquadra, al igual que Guardia Civil y Policía Nacional, están obligados a seguir las instrucciones que reciban del fiscal a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes», recuerda el Ministerio Público. Por tanto, añade, los agentes deberán actuar «en todos los supuestos de actos que se ejecuten en su demarcación por autoridades o funcionarios públicos o particulares en connivencia con aquellos, dirigidos a la preparación y celebración del referéndum de autodeterminación».

Las directrices al respecto son claras. En primer lugar, deberán elaborar «de forma urgente» un informe o atestado que remitirán a la mayor brevedad al fiscal jefe de la Fiscalía competente. Además, los agentes practicarán «de forma inmediata» las diligencias necesarias para acreditar los hechos y delimitar «las responsabilidades penales exigibles». Y, por último, para evitar la consumación del delito, deberán intervenir «los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal, requisando urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal».

Para la Fiscalía, la celebración del 1-O supone sortear por la vía de los hechos los mecanismos de reforma constitucional «para llevar adelante un proyecto político de desconexión del Estado español y creación de un Estado catalán independiente en forma de república».




Fuente: La Razón

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