Tres nuevas condenas a la amputación de la mano por robo, en Irán, han hecho saltar las alarmas de los defensores de derechos humanos locales. Las sentencias, dos de las cuales ya han sido confirmadas por el Tribunal Supremo, se suman a otras cuatro ratificadas el mes pasado. Todas ellas se han pronunciado en la ciudad de Urmía, al noroeste del país. Los activistas temen que se esté recuperando un castigo que, aunque recogido en la legislación penal iraní, había caído en desuso por su carácter inhumano y las críticas que suscita.

“Se trata de cuatro veredictos diferentes, el primero de los cuales se remonta a 2017, pero ha sido a lo largo de este año cuando el Tribunal Supremo los ha ratificado, a excepción del último que está pendiente”, explica a EL PAÍS Rebin Rahmani, de la Kurdistan Human Rights Network (KHRN), la organización no gubernamental que ha difundido el asunto.

Las sentencias disponen que a los reos “se les corten completamente cuatro dedos de la mano derecha, de modo que solo les quede la palma y el pulgar”, de acuerdo con el artículo 278 del Código Penal iraní. La Sharía (ley islámica), en la que se fundamenta ese corpus legal, estipula que el castigo de amputación debe limitarse a delitos graves. En primera instancia, se amputa la mano derecha y en caso de reincidencia, el pie izquierdo.

“La amputación se basa en la jurisprudencia islámica, lo que significa que diferentes jueces pueden aplicarla para diferentes circunstancias; lo que hemos notado es que en los últimos años son sobre todo los tribunales de Azerbaiyán Occidental los que han recurrido a este castigo”, señala Rahmani. Todos los casos denunciados por KHRN, un grupo sin ánimo de lucro que se ocupa de los derechos humanos en las regiones kurdas de Irán, han salido del Juzgado de lo Penal de Urmía, la capital de esa provincia iraní.

Los tres últimos se han conocido a mediados de octubre, cuando trascendió que Arash Ali Akbari, de 32 años, había sido condenado en agosto a que se le amputaran “los cuatro dedos de la mano derecha”. Se supo entonces que, aunque su recurso está pendiente ante el Supremo, este tribunal había desestimado la apelación de los hermanos Shahad y Mehrdad Taimuri contra una pena similar dictada en abril del año pasado.

“Su sentencia puede llevarse a cabo en cualquier momento”, alerta Leili, el pseudónimo de una activista que se muestra convencida de que “la presión de los medios y de las organizaciones de derechos humanos [internacionales] puede frenarla”. Por el contrario, teme que “ignorar este crimen lleve a la normalización de esos castigos”.

Aunque no hay datos oficiales, fuentes de derechos humanos documentaron 215 sentencias de amputación entre 2007 y 2017, de las que se llevaron a cabo 125, incluidas al menos seis en público. No está claro si desde entonces se han hecho más infrecuentes o si las autoridades, que las defienden como la mejor disuasión contra el robo, han evitado que trasciendan para evitarse las críticas que suscitan. Las dos últimas amputaciones conocidas se produjeron en octubre del año pasado en la provincia de Mazandarán y enero de 2018 en la de Jorasán.

Shahad y Mehrdad, de 35 y 30 años, respectivamente, no son los únicos que han agotado todos los recursos. Hace apenas un mes que los activistas alertaron de que el Alto Tribunal había dado su visto bueno a otras cuatro amputaciones. En mayo, confirmó las de Hadi Rostami, de 33 años, Mehdi Sharifian, de 37, y Medhi Shahiwand, de 42, condenados en noviembre de 2019. También refrendó la misma pena impuesta dos años antes a Kasra Karaami, de 40 años.

“Llevar a cabo castigos tan inhumanos no es justicia y subraya la crueldad del sistema penal iraní. La amputación constituye tortura, que es un delito según el derecho internacional, y una abominable agresión a la dignidad humana”, dijo Diana Eltahawy, directora regional adjunta para Oriente Medio y África del Norte de Amnistía Internacional (AI), al conocerse esos casos en septiembre.

Además de hacer un llamamiento a las autoridades iraníes para que pongan fin a las amputaciones, AI denunció la falta de garantías de los juicios. Según la organización, a los reos “se les negó acceso a un abogado” y sus condenas se basaron en confesiones obtenidas bajo tortura. Al menos uno de los hombres, Hadi Rostami, se retractó ante el tribunal sin que se considerara su denuncia.




Fuente: El país

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