Nº: 71. Fecha: ENERO / MARZO 2019
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Este artículo forma parte de Vanguardia Dossier, número 71 Enero – Marzo 2019, titulado “Japón, debilidad y fortaleza”.

La reelección de Abe Shinzo como presidente del Partido Liberal Democrático (PLD) para un tercer y último mandato lo sitúa camino de convertirse en el primer ministro con más años en ejercicio. Es probable que Abe vea la transición de Japón a una nueva época imperial debido a la abdicación del emperador en el 2019, supervise los históricos Juegos Olímpicos de Tokio del 2020, presencie el septuagésimo quinto aniversario de la Segunda Guerra Mundial e incluso organice la primera modificación de la Constitución de la paz redactada tras la guerra. ¿Se puede decir por ello que el 2020 supone un momento simbólico y político decisivo para Japón? ¿Continuará el firme gradualismo de la época de Abe? ¿O se resignará Japón al suave pero irreversible declive que muchos han predicho? Este artículo analiza los diversos desafíos socioeconómicos, diplomáticos y de política de seguridad a los que se enfrenta el Japón que se dirige hacia la década del 2020 bajo la tutela del primer ministro Abe. Analiza las respuestas del actual Gobierno y las razones para un optimismo a largo plazo.






1. Desafíos socioeconómicos

La restauración Meiji (1868) estimuló una modernización dirigida desde arriba del sistema político y legal, la política exterior y el ejército, la economía y la sociedad del país para hacer frente a la amenaza existencial del dominio extranjero. Ciento cincuenta años más tarde, muchos miembros de la élite japonesa (incluido el primer ministro Abe) sostienen que Japón se enfrenta a otra crisis que exige un nuevo reajuste radical. Una sociedad en proceso de envejecimiento, una baja tasa de natalidad y una economía en lento crecimiento constituyen otros tantos desafíos para la estabilidad económica, el funcionamiento del Gobierno y la viabilidad fiscal del país, así como para su dinamismo social y cultural.

Desde los noventa, la economía de Japón ha crecido anualmente menos de un 1% como media, mientras que la deuda pública nominal ha pasado de un 50% del PIB a más de un 230%. El crecimiento de la productividad laboral se ha estancado y sigue siendo inferior al de otros países de la OCDE. Ha crecido la desigualdad de los ingresos en la antaño conocida como sociedad de los 100 millones de ciudadanos de clase media. Casi todas las proyecciones a largo plazo indican una caída demográfica hasta, como mínimo, 90 millones de japoneses en los próximos 30 años.

Todo ello tiene consecuencias para la influencia internacional de Japón y para su bienestar nacional. En el 2013, el primer ministro Abe anunció al mundo que Japón nunca se convertiría en un país de “segunda categoría”. Para Abe, conservar una economía grande y tecnológicamente potente es un prerrequisito para que Japón mantenga su influencia internacional y detenga el ritmo del declive estratégico relativo frente a China. Para lograrlo, Japón necesitaría frenar el descenso demográfico, generar expectativas inflacionarias internas e incrementar el gasto de consumidores y empresas, la inversión interna, la productividad y la participación en la fuerza laboral.





Abe ha disparado sin vacilación dos de las tres flechas de su programa abeconómico: el estímulo fiscal y la política monetaria. El estímulo fiscal incluye el gasto en proyectos de infraestructuras para ayudar a la recuperación tras el triple desastre del 2011, la verificación futura de las infraestructuras en una época de acontecimientos meteorológicos extremos y los preparativos para los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020. También se ha dedicado gasto público a acelerar la cuarta revolución industrial (inteligencia artificial, robótica, internet de las cosas, vehículos autónomos, impresión 3D, computación cuántica y nanotecnología) y a aumentar los recursos humanos para lograr un incremento de la productividad. En política monetaria, el Banco de Japón ha perseguido con firmeza una relajación cuantitativa para ampliar la oferta de dinero y establecer tipos de interés cero o negativos para los depósitos de la banca comercial con el fin de alentar la utilización de dichos fondos. Los mercados financieros y el Nikkei 225 se han comportado bien, y el impacto indirecto de un tipo de cambio más bajo del yen ha ayudado a las exportaciones. Las internacionalizadas corporaciones japonesas están obteniendo beneficios récord y en la actualidad hay en Japón más ofertas de trabajo que trabajadores.





Sin embargo, los salarios reales no se han apreciado tanto en el conjunto de la economía como cabría esperar de un descenso récord en las tasas de desempleo. Los consumidores no esperan que sus ingresos discrecionales crezcan en el futuro, lo cual da lugar a un gasto moderado del consumo. Los trabajadores jóvenes se enfrentan a una escasa seguridad laboral y al subempleo, así como a salarios más bajos que los trabajadores fijos y de más edad. Las familias jóvenes soportan una elevada carga de los costes educativos y del ahorro para la futura educación terciaria. Dado el descenso demográfico, no es probable que en esas condiciones la demanda agregada interna aumente mucho a pesar de los esfuerzos del Banco de Japón. Todo ello disuade a las pymes y las corporaciones japonesas de invertir los beneficios y las ganancias acumuladas en el mercado interno o en su fuerza de trabajo.

Para complicar aun más las cosas, sólo un 60% de la población total se encuentra en edad de trabajar. Esa reserva laboral podría reducirse en un 25% adicional hasta menos de la mitad en el 2050. La actual tasa de fecundidad de 1,4 hijos por mujer apunta a un futuro en el que las personas mayores de 75 años superarán a las menores de 19 años. La probable explosión de los costes en atención sanitaria y Seguridad Social para atender a esa población envejecida quizá exceda lo que puede soportar una base laboral en contracción.





Los factores culturales también deben tenerse muy en cuenta. La inmigración a gran escala sigue siendo un tema sensible en Japón. El Gobierno no ha hecho lo suficiente para tomar en serio las preocupaciones de las mujeres en relación con los servicios de apoyo, el cuidado infantil, la cultura laboral corporativa y las protecciones laborales de manera que puedan volver a trabajar tras tener dos o más hijos, dos cosas que las japonesas afirman desear. A pesar del incremento de 10 puntos porcentuales en el número de japonesas que trabajan desde el año 2013, muchos de esos empleos son trabajos informales y no puestos susceptibles de configurar una trayectoria profesional. Las mujeres todavía no ocupan muchas posiciones superiores en los sectores público y privado, y apenas ha comenzado a implantarse una cultura laboral acogedora que posibilite su regreso tras su maternidad.1 La cultura corporativa japonesa sigue ejerciendo una gran presión tanto sobre hombres como sobre mujeres, y de entrada los disuade de casarse o se asegura de que las familias no tengan hijos o que tengan solamente uno.

Respuestas del Gobierno

Una mejor Seguridad Social alentaría a los jóvenes padres y a los trabajadores precarios preocupados por su sustento futuro a gastar una mayor parte de sus ingresos discrecionales así como a considerar tener una familia más numerosa. La educación superior ha sido objeto de particular atención. El Gobierno está considerando ayudas económicas para que los estudiantes con menores ingresos acudan a la universidad; y, por su parte, el opositor Partido Constitucional Democrático desea introducir la educación gratuita en todos los niveles.





Para incrementar la participación en la fuerza de trabajo, Abe anunció recientemente una partida de 2 billones de yenes (15.400 millones de euros) destinados a los jóvenes padres trabajadores para financiar mayores ayudas a los cuidados infantiles y los parvularios gratuitos. El Gobierno también está considerando extender la longevidad de la actual fuerza laboral prolongando la edad de jubilación obligatoria, alentando a las empresas a que acaben con los regímenes de jubilación anticipada e introduciendo demoras opcionales de las pensiones para los trabajadores dispuestos a trabajar hasta los 70 años a cambio de pagos periódicos más elevados.

A pesar de la reputación insular de Japón, cada vez son más los extranjeros que sostienen la economía del país. Los visitantes a corto plazo se han triplicado en los últimos 15 años hasta llegar a los 20 millones anuales. El número de inmigrantes temporales dedicados a trabajos no cualificados pasó de 480.000 en el 2008 a más de un millón en el 2016. Hay en la actualidad en Japón más residentes extranjeros a largo plazo que nunca (2,5 millones). El incremento de 180.000 que se produjo en el 2017 en el número de residentes extranjeros compensó en cierta medida el descenso natural de 394.000 personas que se produjo de ese año en la población. Un 84% de los residentes extranjeros están en edad laboral, frente a un 60% de la población total japonesa.





En abril del 2019, el Gobierno convertirá en organismo la Oficina de Inmigración del Ministerio de Justicia, al tiempo que introducirá un nuevo sistema que otorgará un permiso de residencia más largo (de cinco años) a los inmigrantes dispuestos a trabajar en agricultura, pesca, construcción, hostelería, prestación de cuidados y enfermería. De juzgar por lo ocurrido en el pasado, los nuevos trabajadores procederán de China, Corea del Sur, Vietnam, Nepal, Sri Lanka, Uzbekistán, Tailandia, Birmania e Indonesia. Tokio, en particular, se ha convertido en los últimos cinco años en un lugar mucho más diverso, y uno de cada diez residentes en esa ciudad procede de otro país.

El nuevo régimen de trabajadores inmigrantes goza de un sorprendente grado de aceptación entre la opinión pública japonesa, puesto que un 60,8% está a favor y sólo un 25,5% en contra. Además, un 79,4% es partidario de abolir por completo los límites temporales para los trabajadores cualificados y permitir la residencia permanente a sus familias.2 Quizá habría que contemplar con optimismo la posibilidad de que un enfoque gestionado de la inmigración llegue a ser aceptado en el país.

Razones para el optimismo a largo plazo

En contra de la opinión establecida, puede que Japón no necesite acoger una inmigración a gran escala para mantener los actuales niveles de producción económica. Sólo con elevar la edad de jubilación hasta los 70 años, Japón podría estabilizar la relación trabajador-jubilado en torno a 1,8:1 (hoy es de 2,1:1), evitando las actuales proyecciones catastróficas de 1,3:1 en el 2050. Serán también de ayuda la aceleración de la automatización, la transición a una producción de más alta tecnología y a una economía de servicios a lo largo de los próximos veinte años y la continuada extensión de las redes de producción y las cadenas de suministro japonesas a los países de la ASEAN y más allá, donde los trabajadores extranjeros ya desempeñan un papel importante en la producción y posterior exportación de productos de marca japonesa. El Instituto de Investigación Mitsubishi calcula que a finales de la década del 2020 habrá un excedente de 2,1 millones de trabajadores empleados en las fábricas, la construcción y las oficinas frente a una escasez de 1,7 millones de trabajadores especialistas o de alta tecnología. Si se centrara en la mejora de las cualificaciones de los recursos humanos y los aumentos de la productividad inducidos por la tecnología, promoviera la continuada internacionalización de la economía japonesa, aplicara una política inmigratoria gestionada e incrementara la participación en la fuerza laboral de los trabajadores de más edad, las mujeres y las madres trabajadoras, Japón podría ser capaz de mitigar las peores consecuencias económicas del cambio demográfico y el descenso de la población y evitaría al mismo tiempo el impacto social de la perturbación tecnológica susceptible de ser un problema en otros países.3

El hecho de que Japón se enfrente a los desafíos de una sociedad envejecida podría incluso generar oportunidades económicas. Se estima que en el mundo habrá 2.000 millones de personas con más de 60 años en el 2050. Japón mantiene ventajas en tecnologías que podrían contrarrestar las consecuencias negativas de unas sociedades envejecidas, como la robótica y la inteligencia artificial. Las compañías japonesas están bien situadas en tecnologías médicas (como los aparatos médicos y quirúrgicos auxiliares y las tecnologías de diagnóstico) y en sectores de medicina regenerativa gracias a las recientes ayudas públicas y los cambios reguladores. Las compañías japonesas tienen buenas capacidades integradoras y de ingeniería con el potencial de ser redirigidas con facilidad al campo de las tecnologías médicas (en ámbitos como las ciencias de los materiales, la electrónica, la ingeniería de precisión, la microfluídica, la integración de procesos y la miniaturización).4 En el sector de la medicina regenerativa, el Gobierno japonés está promoviendo el país en proceso de envejecimiento como “cocina experimental”. El panorama empresarial global está hoy completamente abierto a los campos de la medicina regenerativa y las tecnologías médicas, y algunas compañías japonesas ajenas al sector de la salud se muestran muy interesadas por entrar en él. Por ejemplo, Canon pagó 5.800 millones de dólares por Toshiba Medical Systems en el 2016, y Nikon, Hitachi y Asahi Glass se han asociado con compañías extranjeras para aprovechar la ventaja de los pioneros en el sector de la medicina regenerativa.

A pesar del estancado crecimiento del PIB nominal japonés, la calidad de vida general del país ha seguido mejorando. El PIB per cápita ha mejorado hasta niveles comparables con Estados Unidos y creció en la última década más deprisa que en la mayoría de países europeos.5 La potencia tecnológica de Japón sigue intacta, los índices de delincuencia (que son de por sí bajos) siguen descendiendo, el acceso a la atención sanitaria y los servicios sociales de calidad sigue siendo sólido, y la población con altos niveles de educación y formación permitirá que el país se adapte a la cuarta revolución industrial. Puede que incluso la deuda fiscal de Japón no sea tan poco manejable como parece a primera vista. La cifra de un 236% del PIB pregonada por los halcones fiscales es deuda bruta y no considera los activos financieros de propiedad estatal ni que gran parte de esa deuda está en bonos públicos en manos del Banco de Japón. La deuda pública neta ronda un 60% del PIB, y esa proporción parece estabilizarse debido al sólido crecimiento del PIB nominal y a que las obligaciones de reembolso de la deuda nueva se sitúan cerca de cero.6

Con una mejora de la Seguridad Social para proporcionar mayor seguridad económica a largo plazo a los ciudadanos y, por lo tanto, alentarlos a un mayor gasto discrecional, con los continuados aumentos en innovación tecnológica y productividad y con el mantenimiento de una firme base de mano de obra, Japón podría seguir creciendo en términos económicos nominales, así como generar una mayor tributación y recaudación por Seguridad Social a pesar de una población en proceso de contracción. Ello a su vez ayudaría a contrarrestar el aumento de los costes en Seguridad Social que elevan la deuda nacional.


2. Desafíos diplomáticos

Desde el final de la guerra fría hasta tiempos recientes la estrategia general de política exterior japonesa se basó en un principio de protección dual.7 Japón deseaba mantener el acceso a los mercados y la tecnología occidentales, pero no quería ser económicamente vulnerable a la coerción europea ni norteamericana. China fue la solución a ese problema. Sin embargo, el crecimiento militar de China supuso que Japón siguiera comprometido con la alianza con Estados Unidos como protección contra la coerción militar de China.

Los equilibrios son siempre difíciles, pero los actuales dirigentes japoneses se enfrentan a un desafío mayor que en el pasado. Desde el 2010 las relaciones con China no han sido buenas. Los encuentros de alto nivel y los mecanismos institucionales de diálogo capaces de gestionar las tensiones se han suspendido y China ha ejercido presión económica y militar sobre Japón. Recientemente, las críticas del presidente Trump a los aliados asiáticos por comportamiento desleal suscitaron en Japón temores acerca de la posibilidad de que Estados Unidos abandonara la alianza. Además, la naturaleza transaccional de Trump preocupa a los japoneses en la medida en que pueda realizar con Corea del Norte y China tratos que pasen por alto los intereses japoneses en política exterior regional y de seguridad. Está también el omnipresente temor de que Trump use la alianza Estados Unidos-Japón como instrumento de presión en caso de una intensificación de la disputa con Japón por el excedente comercial de 69.000 millones de dólares que tiene con Estados Unidos. Por último, la hostilidad general de Trump a las responsabilidades regionales e internacionales de Estados Unidos ha provocado en Japón una gran preocupación.

Respuestas del Gobierno

El objetivo más inmediato de Tokio es disuadir a Trump de que invoque las disposiciones de seguridad nacional de la sección 232 de la ley de Expansión Comercial para aplicar aranceles sobre los productos del sector del automóvil y que se resista a firmar un acuerdo comercial bilateral general en condiciones desfavorables. El Gobierno japonés ha escogido hasta ahora un enfoque cuádruple para aplacar a Trump en relación con el déficit comercial: las compras de armas y de energía, las concesiones agrícolas y los ajustes en la producción de automóviles.

Tokio tiene hoy activas ventas militares en el exterior por casi 20.000 millones de dólares con Estados Unidos. Tras comprar más unidades de F-35A, el avión cisterna KC-46, el Global Hawk y el Osprey MV-22 de rotores basculantes, Japón prometió adquirir el sistema de defensa antimisiles Aegis Ashore (5.400 millones de dólares) y nueve aviones adicionales E-2D Hawkeye de alerta temprana (3.140 millones de dólares). Tokio también ha aumentado las compras de gas natural licuado estadounidense. De modo imaginativo, Japón también respalda la reventa de gas estadounidense a los países asiáticos comprando anualmente a Estados Unidos 10 millones de toneladas de gas natural licuado, casi 10 veces el total de Japón en el 2017. Se calcula que sólo eso reduce el déficit en 500.000 millones de yenes al año (4.400 millones de dólares). Hay también señales de que Tokio está dispuesto a reducir los aranceles agrícolas sobre ciertos productos estadounidenses. Por ejemplo, podría rebajar el gravamen de un 38,5% sobre la carne estadounidense hasta el 9% del acuerdo Transpacífico. Japón puede también comprometerse a comprar mayores cantidades de soja estadounidense para contrarrestar la drástica reducción de exportaciones que ha tenido lugar después de que la soja fuera objeto de aranceles de represalia por parte de China. Por último, el aumento de la producción con base estadounidense de automóviles japoneses o la limitación voluntaria de las exportaciones de automóviles japoneses es una táctica que funcionó en el pasado y ha sido indicada por el propio Trump.

Semejantes tácticas parecen haber funcionado porque Trump se ha avenido a negociar un limitado acuerdo comercial sobre bienes que aleja por ahora la amenaza de la sección 232. Sin embargo, las tácticas citadas más arriba tienen algunos inconvenientes. Las compañías japonesas ya fabrican en Estados Unidos más del doble de automóviles japoneses (69%) de los que exportan a Estados Unidos desde Japón (31%). Los fabricantes japoneses ensamblaron 3,8 millones de vehículos en sus factorías estadounidenses en el 2017: doce veces más que en la década de 1980.8 Hay límites prácticos al incremento de la producción de las compañías japonesas en Estados Unidos, y en cualquier caso peligrarán también los puestos de trabajo en Japón.

En agricultura, si Japón redujera los aranceles a los niveles del acuerdo Transpacífico, la medida tendría el potencial de menoscabar las ventajas obtenidas por otros firmantes del acuerdo que esperan un acceso favorable a los mercados japoneses. Además, que Japón desertara de ese modo podría debilitar la actual solidaridad global contra el proteccionismo. Una generosidad excesiva con Estados Unidos en reducciones agrícolas sin reciprocidad y cualquier perspectiva de una pérdida de puestos de trabajo en el sector de la automoción podrían suponer para Abe graves problemas en las elecciones de medio mandato a la Cámara de Consejeros que se celebrarán en el 2019. Los votantes de los distritos rurales e industriales de las zonas suburbanas se benefician de una disparidad desproporcionada en el valor del voto en comparación con los votantes de las zonas urbanas.

Un problema con los planes de compra de gas natural licuado es que la propia demanda de Japón podría disminuir debido a la decidida reanudación de la generación de energía nuclear. Las ventas regionales serán aun más críticas y dependerán de que Japón tenga éxito en sus planes (anteriores a Trump) de convertirse en un centro internacional de distribución de gas natural licuado.

Por último, sobre las compras de armas, la reciente ampliación de compras de costosos equipos de defensa estadounidenses disponibles comercialmente podría tener efectos indirectos en el presupuesto de Japón para equipos de defensa y en el calendario de adquisiciones. Y también podría debilitar la base industrial militar de la defensa del país.

Razones para el optimismo a largo plazo

Proseguir la vía de una entente táctica con la República Popular de China en este momento podría tener efectos positivos a largo plazo para Japón. China y Japón se muestran muy partidarios de hacer avanzar la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) centrada en los países de la ASEAN para diversificar las opciones económicas de ambos países frente a la agresión comercial de Trump. Teniendo en cuenta que Japón cuenta con el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, así como el Acuerdo de Asociación Económica Unión Europea-Japón, y que China se enfrenta a la furia estadounidense en relación con sus prácticas comerciales e industriales, Tokio sabe que dispone de una buena oportunidad para animar a China a aceptar un acuerdo RCEP de mayor calidad, más en la línea de las preferencias de Japón sobre el grado de liberalización comercial y regulaciones, mientras ese país logra reunir la suficiente influencia para resistir a las demandas comerciales estadounidenses.

Dados sus recientes problemas, China parece sumamente interesada en usar la experiencia práctica y la mejora en la imagen que podría derivarse de la cooperación de Japón en su iniciativa One Belt, One Road (OBOR, Una Franja, Una Ruta). La cooperación China-Japón en ámbitos geográficos y sectoriales superpuestos de interés económico beneficiará a Japón en términos comerciales. Por lo tanto, no constituye ninguna sorpresa que Tokio haya firmado a finales de octubre en Beijing memorandos de entendimiento en relación con casi treinta proyectos en “terceros países”. Se trata también de una oportunidad para presionar en favor de la aceptación por parte de China de los estándares japoneses para la gestión de proyectos, la financiación y la calidad de la construcción que ha promovido en su propio programa de conectividad.

La visita de Abe a Beijing de finales de octubre coincidiendo con el cuadragésimo aniversario del Tratado Sinojaponés de Paz y Amistad habrá contribuido también a reducir las tensiones en relación con la seguridad en el mar de China Oriental. Se trata de un acontecimiento importante en sí mismo, pero el acercamiento también puede servir para aligerar la presión sobre Japón en caso de que Trump intensifique en el futuro la disputa comercial usando la alianza de seguridad como instrumento de presión.

Con todo, la incertidumbre acerca de la trayectoria a largo plazo de las relaciones con China y Estados Unidos está empujando al Gobierno japonés a buscar más allá del Asia nororiental la forma de conseguir una mayor autonomía estratégica.9 Tokio ha proporcionado una mayor asistencia en la construcción de capacidades en guardacostas y fuerzas militares en el Indo-Pacífico y también ha incrementado la cooperación institucional y operativa con países como Vietnam, Filipinas, Indonesia, Australia e India. Las compañías japonesas han fomentado su integración en redes de producción regionales y se han hecho influyentes en las cadenas de suministro regionales en la ASEAN, el golfo de Bengala y África oriental. El Gobierno japonés desea hacer avanzar la liberalización comercial, financiar infraestructuras transfronterizas y promover la cooperación industrial para impulsar mayores conexiones horizontales entre las diversas potencias regionales y medianas del Indo-Pacífico. La cooperación entre Japón, Nueva Zelanda y Australia para lograr la iniciativa del TTP-11 (el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico) y el posterior interés por participar en ella que han mostrado Tailandia, Corea, Taiwán, Indonesia y Colombia pone de manifiesto que hay mucho margen para que otros moldeen el orden económico mundial en ausencia de Estados Unidos y China. Las recientes actividades de cooperación económica y de seguridad emprendidas por Japón, India, la Unión Europea, los países europeos y de otras regiones indican que la alternativa natural al liderazgo económico y político de Estados Unidos no implica necesariamente tener que apaciguar a China.


3. Desafíos de la política de seguridad

El respaldo público a la mejora de la defensa nacional de Japón y al reforzamiento de la alianza con Estados Unidos crecieron desde el 2010 tras los incidentes en las islas Senkaku y las provocaciones norcoreanas. La estrategia militar convencional de China no se orienta a amenazar directamente el territorio estadounidense sino que se dirige a hacer lo más costosa posible una intervención militar regional de Estados Unidos en favor de sus aliados. Dado que China puede imponer ahora costes importantes, la crítica del Gobierno de Trump a la alianza “desleal” justo cuando Japón deseaba mayores garantías plantea la cuestión de si Japón está lo bastante preparado para defenderse.

Hay factores estructurales que obran en contra de que Japón incremente su poder militar. La base decreciente de jóvenes afecta a la capacidad de las Fuerzas de Autodefensa de conseguir suficientes efectivos. Las Fuerzas de Autodefensa emplean a 20.000 personas, menos (un 12%) de lo permitido por su presupuesto, y los rangos inferiores están en un 26% por debajo de los niveles del presupuesto. Por ello, recientemente se aumentó la edad máxima para unirse a ellas de los 26 a los 32 años.10 Sin una automatización importante, una compensación muy aumentada de las condiciones de trabajo o un reclutamiento (hoy inconstitucional), la preparación militar futura de Japón puede verse comprometida.

Si bien el gasto defensivo de Japón ha aumentado en los últimos seis años, en términos reales apenas supera el nivel de finales de la década de 1990. Sigue siendo inferior a un 1% de su PIB, a pesar de que China gasta ahora al menos el triple. La parte de la defensa en el presupuesto público total ha disminuido con el tiempo, y la cantidad nominal gastada en equipo nuevo se ha mantenido relativamente constante. Ello a pesar de los crecientes costes del equipo y su mayor desgaste debido al aumento del ritmo operativo. En el 2016, por ejemplo, los cazas japoneses alcanzaron un récord de salidas de intercepción (1.168), un 26% más que en el peor año de la guerra fría (944 en 1984).

Así, la subinversión a largo plazo ha debilitado la capacidad del sector japonés de la defensa. En el 2018, el presupuesto para equipo nuevo fue de unos 819.000 millones de yenes en un presupuesto de 597,1 billones (15,8%). En Estados Unidos, las cifras son de 144.340 millones de dólares sobre un presupuesto base de 597.100 millones para el 2019 (24,2%). A diferencia de los contratistas estadounidenses, las compañías de defensa japonesas generan pocos ingresos adicionales, si es que los generan, con los contratos en el exterior. Muchos pequeños fabricantes especialistas en componentes esenciales han abandonado el sector. Por lo tanto, Japón ya ha abandonado su anterior objetivo de promover una base industrial de defensa plenamente independiente. Por ejemplo, no producirá su siguiente generación de cazas. Con ello se hacen inevitables las compras extranjeras de equipo y la cooperación para el desarrollo en el extranjero. Sin embargo, demasiadas compras de equipo en el extranjero agravan los problemas que se han mencionado más arriba. Otro problema relacionado con las capacidades es el actual estado poco prometedor de la interacción industrial-militar y académico-privada, así como de la cooperación en I+D.

Los factores institucionales y políticos también suponen un problema para la defensa nacional. A pesar de la creación en el 2006 de una Oficina del Estado Mayor Conjunto para gestionar las tres ramas de las Fuerzas de Autodefensa y mejorar la cooperación interservicios, los expertos creen que las tres ramas todavía se muestran reacias a ceder autoridad y compartir recursos en beneficio de unos mejores resultados de defensa. Hay poca inclinación a identificar o debatir en un nivel superior los requisitos ideales o más innovadores para una estructuración de las fuerzas y la mejor forma de enfrentarse a una amenaza o un problema táctico concretos. El hecho de que la Fuerza Terrestre de Autodefensa disponga de un 50% del presupuesto a pesar de que las amenazas más inmediatas para la seguridad del país proceden del mar y el aire señala la naturaleza del problema. Además, las Fuerzas de Autodefensa no cuentan con un verdadero sistema de mando conjunto permanente, lo cual impide a los jefes “obtener el conocimiento adecuado de las capacidades y prácticas de los servicios hermanos”.11

Por último, no es probable que la reforma constitucional suponga ayuda alguna. La actual propuesta del primer ministro Abe para reformar el artículo 9 deja intactos los párrafos uno y dos y se limita a añadir un tercero especificando la constitucionalidad de una fuerza para la autodefensa. Incluso esa modesta reforma deberá luchar para ver la luz. Por diversas razones, la opinión pública se muestra muy escéptica en relación con la reforma constitucional y en especial si es impulsada por Abe. Además, en las elecciones del 2019 a la Cámara de Consejeros es casi seguro que el bando favorable a la enmienda pierda la mayoría bicameral de dos tercios necesarios para que la propuesta de modificación sea aprobada por la Dieta como requisito previo a un referéndum constitucional. Puesto que una abrumadora mayoría de los japoneses coincide con las actuales interpretaciones gubernamentales de que las Fuerzas de Autodefensa ya son constitucionales, la insistencia de Abe en sacar adelante la reforma constitucional tiene el aspecto de ser un deseo de legado histórico.

Respuestas del Gobierno

Las polémicas sobre la reforma del artículo 9 también dificultan el objetivo de complementar las capacidades de defensa del país. El Gobierno tiene previsto publicar a finales del 2018 las terceras Directrices del Programa de Defensa Nacional (DPDN) en siete años. Las DPDN del 2011 hechas públicas bajo el Gobierno del Partido Demócrata de Japón (PDJ) modificaron oficialmente la postura de defensa de Japón para centrarse en la “disuasión dinámica” en las zonas marítimas sudoccidentales donde el crecimiento y las actividades militares de China amenazan el territorio japonés y las operaciones de la alianza Estados Unidos-Japón. Desde entonces, se han mejorado las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (IVR) del espacio marítimo de Japón, y Estados Unidos ha ayudado a la creación de una versión japonesa de los marines (Brigada Anfibia de Despliegue Rápido) para disuadir cualquier intento de conquistar las islas más alejadas. Japón extenderá la vida útil de sus submarinos de última generación y aumentará de 16 a 22 el total de naves encargadas. El Gobierno también desplegará más cazas y aeronaves de alerta temprana, instalará diversas estaciones de radar y unidades de observación y dispersará modernas baterías móviles antiaéreas y antibuques a lo largo de las múltiples islas japoneses que se extienden desde Kyushu hasta Taiwán. La compra de misiles de crucero JASSM-ER y el acelerado desarrollo de un misil hipersónico de planeo indican que Japón también aumenta su capacidad de resistir a un intento chino de afirmar un control sobre el espacio marítimo japonés, aunque esas dos plataformas también podrían formar parte de una capacidad de contraataque contra instalaciones militares más allá de sus fronteras. Asimismo, se siguen realizando mejoras defensivas en los misiles de crucero y balísticos. En el 2015, las leyes de Paz y Seguridad y la revisión de las Directrices de Defensa EE.UU.-Japón permitieron la integración de ambos en las operaciones en tiempos de paz; y la reciprocidad se ha mejorado porque Japón puede proteger ahora en algunos casos recursos militares estadounidenses, aunque el propio Japón no sea objeto de un ataque directo.

Los principales cambios institucionales incluyen una mayor participación de las Fuerzas de Autodefensa en los planes de contingencia y los debates estratégicos, la relajación de las restricciones sobre las exportaciones de armas y la cooperación extranjera en el desarrollo de armas y la creación del Consejo de Seguridad Nacional japonés junto con una Secretaría de Seguridad Nacional (SSN). La SSN parece haber mejorado la coordinación interagencias en el asesoramiento sobre política de seguridad nacional, las respuestas a las crisis nacionales o de seguridad y la cooperación en materia de seguridad con otros países. Con la ley de Secretos de Estado en vigor, la SSN también aumentará la integración y el análisis de los datos de inteligencia recopilados por los diferentes organismos japoneses de modo que puedan ser utilizados en el proceso de toma de decisiones.

Es probable que las DPDN del 2018 se centren en la integración interámbitos de las diversas capacidades de Japón y busquen explotar los efectos multiplicadores de las capacidades mejoradas de IVR y de la guerra espacial, cibernética y electrónica. Japón ha desarrollado un importante nicho de capacidades militares espaciales como consecuencia del programa nuclear y de misiles de Corea del Norte de la década de 1990. El país posee ahora capacidades mejoradas de vigilancia, posicionamiento y comunicaciones militares gracias a ocho satélites de recopilación de información actualmente operativos, el continuado desarrollo del sistema por satélite Quazi-Zenith y el lanzamiento del primer satélite japonés que opera en banda X. La ciberdefensa consiguió atraer más atención y recursos después del 2011, cuando se puso de manifiesto que muchas empresas comerciales y múltiples organismos estatales presentaban fallos de ciberseguridad. En el 2014, el Gobierno japonés estableció un mando unificado (la Unidad de Ciberdefensa) para hacer frente a los problemas de ciberseguridad.

La pieza final del rompecabezas “interámbitos” es la guerra electrónica. En el escenario bélico moderno del sudeste asiático, habrá que contar con que se producirá el hackeo de infraestructuras civiles y militares, la interferencia electrónica para entorpecer el radar y las comunicaciones y el ataque a las infraestructuras espaciales para cegar la respuesta de Estados Unidos-Japón, centrada en redes, frente a una contingencia militar regional. Las capacidades ofensivas y defensivas de Japón en el ámbito cibernético y de la guerra electrónica son actualmente pobres. La compra del F-35A fue un primer paso necesario; sin embargo, la adquisición propuesta del Boeing EA-18G Growler, capaz de interferir los sistemas de radar y comunicaciones, así como de destruir instalaciones de radar con misiles antirradiación, supondrá una gran mejora. La capacidad de guerra electrónica avanzada es esencial para hacer más costoso a los adversarios de Japón la consecución de sus objetivos operativos, preservar las ventajas centradas en redes de EE.UU.-Japón en materia de conciencia situacional y garantizar una continuada capacidad estadounidense de operar en la región.

Razones para el optimismo a largo plazo

Japón podría estar mejor posicionado para sacar partido de las tecnologías de defensa de próxima generación orientadas a satisfacer sus necesidades de seguridad. La importante sofisticación tecnológica japonesa, los recursos financieros y la capacidad industrial del sector civil respaldarán el desarrollo y la producción a escala para uso militar de sistemas espaciales, cibernéticos, de inteligencia artificial, robóticos y no tripulados. La inherente naturaleza de doble uso de muchas de esas tecnologías significa que su desarrollo está respaldado por asignaciones del presupuesto público no destinadas a la defensa. Por ejemplo, en el 2017-2018 la petición de “presupuesto espacial” combinado de todas las agencias ascendió a 342.000 millones de yenes (2.590 millones de euros). De ese total, sólo 41.100 millones de yenes (310 millones de euros) fueron asignados al Ministerio de Defensa (12%). Sin embargo, los sistemas de doble uso constituyen potencialmente la mitad del presupuesto espacial. De modo similar, defensa sólo recibió un 6,3% del presupuesto en ciberseguridad repartido entre múltiples organismos en el 2018; y las grandes compañías japonesas se mueven para realizar importantes inversiones en lo que se espera que sea en el 2019 un mercado japonés de la ciberseguridad de 1 billón de yenes (7.570 millones de euros).

Es también posible que la inteligencia artificial, la robótica y los vehículos no tripulados desempeñen un destacado papel en la fortaleza futura de Japón dadas las tendencias en el ámbito de la guerra y las dificultades japonesas de población y reclutamiento. También aquí, el país tendrá toda la fuerza de su sector civil tras del desarrollo de esos sistemas. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria ha elaborado con el sector una hoja de ruta para drones con objeto de llevar a cabo una “revolución industrial en el cielo” y una “nueva estrategia robótica” global. El Organismo para la Adquisición de Tecnología y Logística ha situado los vehículos no tripulados en el centro de la estrategia de la tecnología de defensa; pero también ha apartado recursos institucionales y económicos para incorporar decididamente al desarrollo de defensa tecnologías comerciales como la inteligencia artificial, los sensores, la robótica, la tecnología láser y los satélites. El Ministerio de Defensa solicitó 12.500 millones de yenes (95 millones de euros) en el 2018 para el desarrollo y la adquisición de sistemas de inteligencia artificial, robóticos y no tripulados (dos tercios destinados a la compra del RQ-4B Global Hawk a Estados Unidos); por su parte, la petición presupuestaria del Ministerio de Economía, Comercio e Industria para iniciar el desarrollo de las mismas tecnologías fue de 30.100 millones de yenes (230 millones de euros).

Conclusión

Los problemas socioeconómicos de Japón son graves y es probable que exijan un cambio político aun más audaz que el que se ha producido hasta ahora con Abe. Japón se esfuerza por mantener la viabilidad de su protección doble de Estados Unidos y China a pesar de la existencia de problemas diplomáticos con ambos países. Teniendo en cuenta los bajos niveles de gasto en defensa y la capacidad de la industria, así como el escepticismo de la opinión pública, puede que Japón no tenga más opción que depender para su seguridad de Estados Unidos más de lo que le gustaría a lo largo de toda la década del 2020.

No obstante, como deja claro este artículo, el declive nacional, diplomático y estratégico de Japón se ha exagerado mucho. Si bien es necesario llevarla a cabo, la reforma socioeconómica quizá no tenga que ser tan radical como se piensa, puesto que el país dispone de opciones para mitigar las peores consecuencias económicas, políticas y sociales de su sociedad en proceso de envejecimiento y contracción. En el terreno de la diplomacia y la política exterior, Japón y otros países y potencias regionales están dando pasos para aumentar la resiliencia del Indo-Pacífico en su conjunto, así como su autonomía estratégica para maniobrar entre China y Estados Unidos. La preparación y las inversiones inteligentes pueden suponer nuevas revoluciones en la tecnología de defensa, y los conceptos operativos que usen esa tecnología podrían promover una mayor independencia militar japonesa en el futuro. Japón no tiene necesariamente que pasar por una revolución de una magnitud similar a la restauración Meiji para evitar el suave declive hacia la oscuridad internacional de los países de segunda categoría.

Notas

1. “Reality Check: Has Shinzo Abe’s ‘womenomics’ worked in Japan?”, BBC News, 17 febrero 2018; Nobuko Kobayashi, “Let’s get real about female equality in corporate Japan”, Nikkei Asian Review, 22 enero 2018.

2. “Gaikoku hito ukeire kakudai, sansei 6-wari” (Un 60% acepta ampliar la inmigración extranjera), Jiji Press, 14 septiembre 2018, disponible en www.jiji.com/jcarticle?k=2018091400776&g=eco.

3. “Naigai keizai no chuchoki tenbo 2018 – 2030-nendo” (Perspectiva interna y externa a largo plazo, 2018-2030), Mitsubishi Research Institute, 9 julio 2018.

4. Michele Raviscioni et al., “The Medtech opportunities for Japanese companies”, McKinsey&Company, noviembre 2017.

5. Joji Sakurai, “Japan’s Elderly take the strain”, The World Today, abril-mayo 2017, 12-15.

6. Adair Turner, “Japan’s Successful Economic Model”, Project Syndicate, 20 septiembre 2018.

7. Eric Heginbotham y Richard J. Samuels, “Japan’s dual hedge”, Foreign Affairs (2002), 110-121.

8. John Lippert, “Japanese Automakers Make Way More Cars in U.S. Than They Import From Home”, Bloomberg, 2 julio 2018.

9. Corey Wallace, “Leaving (north-east) Asia? Japan’s southern strategy”, International Affairs 94:4 (2018), 883–904.

10. Linda Sieg y Ami Miyazaki, “Aging Japan: Military recruiters struggle as applicant pool dries up”, Reuters, 19 septiembre 2018.

11. Eric Heginbotham y Richard J. Samuels, “Defence Challenges: An agenda for Japanese military reform”, East Asia Forum, 20 septiembre 2018.




Fuente: LA Vanguardia

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