Más Madrid tiene previsto registrar este lunes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de su diputada Clara Ramas San Miguel, que no logró un puesto en la Mesa de la Asamblea de Madrid porque el PP, Cs y Vox pactaron dárselo a la formación de extrema derecha, con menos representantes que la de Íñigo Errejón. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad explicita la obligatoriedad de que “los grupos participen en proporción al número de sus miembros”. Un mandato que no se habría respetado en la composición de la Mesa, según Más Madrid, que pide declarar nula la votación, reconocer su derecho a integrar el organismo e incluir a Ramas, según un escrito al que accedió EL PAÍS. 

Los servicios jurídicos de la Cámara avalan la composición de la Mesa

Los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid avalaron la composición de la Mesa con un informe jurídico firmado por la secretaria general de la Cámara, Raquel Marañón, y solicitado por el PSOE tras la polémica votación del 11 de junio. 

«[La elección de la Mesa] es un acto previo a la propia constitución de los grupos parlamentarios que reglamentariamente es necesariamente posterior por lo que difícilmente puede exigirse esa proporcionalidad sobre algo que aún no existe jurídicamente hablando», razona el escrito, al que accedió este diario. «El sistema de elección de la Mesa, por papeletas, y por tanto de carácter secreto, evidencia que su composición no es una operación aritmética pura que traslada sin más el resultado electoral sino la expresión de la voluntad de la mayoría de los diputados electos», argumenta. «La eventual existencia de un acuerdo entre formaciones políticas para apoyar candidaturas  miembros de la Mesa es legítima y coherente con los Reglamentos históricos de la Asamblea, sus precedentes y el ámbito parlamentario español, toda vez que no se incumple con ello lo establecido en el vigente Reglamento». 

La polémica comienza el 11 de junio. El pacto de las tres derechas (PP, Cs y Vox) les permite dominar la votación para elegir a los siete integrantes de la Mesa de la Asamblea de Madrid, un organismo clave para la legislatura, porque acelera y frena los asuntos que se debaten en la Cámara según las decisiones de sus integrantes. El PSOE, que ganó las elecciones, se queda sin la presidencia y obtiene solo dos de los siete representantes. Ciudadanos, que fue tercero en los comicios, se sitúa al frente de la Asamblea y logra otro puesto. Y Vox, la quinta fuerza, logra una vicepresidencia en detrimento de Más Madrid, la cuarta, que tiene más diputados (12 frente a 20). Una composición que no respetaría el mandato de proporcionalidad que refleja el estatuto de autonomía, y que la formación de Errejón resume de manera gráfica en su recurso. 

El PSOE, dice, tiene el 28% de los diputados de la Cámara y el 28% de los miembros de la Mesa. Ciudadanos, el 20% y el 28%, respectivamente. Más Madrid, el 15% y el 0%. Y Vox, el 9% y el 14%.

El Estatuto encarga a los redactores del reglamento de la Asamblea que establezcan los mecanismos que deben asegurar la proporcionalidad. Y el único que existe en esa norma es que un partido podrá ocupar cuatro de los siete puestos de la Mesa como máximo. Una salvedad prevista para los tiempos del bipartidismo de PP y PSOE, cuando garantizar la presencia de dos formaciones en el organismo era una salvaguardia suficiente. Las cosas, sin embargo, han cambiado: por primera vez hay seis grupos políticos en la Cámara (PSOE, PP, Cs, Más Madrid, Vox y Podemos).

«El acto que se recurre ha vulnerado el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, reconocido por el artículo 23.2 de la Constitución Española (CE), en conexión con el artículo 23.1 CE sobre derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, y en ambos casos puestos en relación con el artículo 12.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid», argumentan los recurrentes. «La Mesa de Edad no adoptó ninguna medida correctora del sistema de elección de los miembros destinada a asegurar la presencia en la Mesa de la Asamblea de los representantes elegidos en las listas de la formación política ‘Más Madrid”, lamentan. Y solicitan: «Que se declare que ha sido vulnerado el derecho de los recurrentes a ejercer las funciones representativas (…) la nulidad del acto (…) que se reconozca el derecho del Grupo Parlamentario Más Madrid a tener un representante en la Mesa de la Asamblea (…) que se restablezca a los recurrentes en sus derechos, desde el momento mismo en que se vulneraron, ordenando que se integre a doña Clara Ramas San Miguel en la Mesa de la Asamblea con efectos desde el día 11 de junio de 2019».

Alternativamente, Más Madrid plantea la posibilidad de que se estudie qué aspectos del reglamento impiden que se aplique la proporcionalidad. 

El Constitucional tiene que decidir ahora si admite a trámite el recurso. Aunque hasta cinco catedráticos consultados por EL PAÍS vieron motivos para que Más Madrid recurriera, un sexto, Francesc de Carreras, discrepó, e incluso planteó que su solicitud podía ser inadmitida. ¿Por qué? Porque ya existe un precedente contrario a los intereses del partido de Errejón. 

Así, una sentencia del TC sobre el Parlamento de Andalucía avala que lo importante son los votos que se suman en la votación de la Mesa, no los de las elecciones. En aquel caso, de 2015, el PP sumó votos suficientes para tener un puesto en la mesa. Pero el presidente de esa mesa, del PSOE, se lo arrebató para dárselo a Izquierda Unida (IU), pese a que IU había tenido menos votos en la votación para componer el organismo. Una decisión que corrigió el Alto Tribunal. El TC se podría agarrar a ese precedente para inadmitir el recurso de Más Madrid: Vox logro más votos que Más Madrid en la votación de la Mesa, como el PP entonces.

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Fuente: El Pais

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