“Madrid Central se queda”. Con este lema se estrenó en redes el pasado viernes la Plataforma en Defensa de Madrid Central, oficializada el día anterior. La iniciativa —que ha convocado una serie de acciones esta semana que culminan con una manifestación el 29 de junio: a las 19.00 sale de Callao para acabar en Cibeles a las puertas del Ayuntamiento— es la respuesta ciudadana y asociativa a la paralización y anulación de facto de Madrid Central (MC).

Una de las primeras medidas anunciadas por el nuevo Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular en coalición con Ciudadanos y con el apoyo de la ultraderecha de Vox, fue el anuncio de un receso, de al menos dos meses en la zona de bajas emisiones (ZBE) de la capital.

“Antes de su aprobación, el PP cargó agriamente contra la medida usando argumentos de dudosa validez”, dice Erica Fernández, activista de Pedalibre. “Sabíamos que su objetivo era pararlo, pero las asociaciones y los ciudadanos vamos a demostrarles que no lo van a tener fácil: los datos demuestran que es una medida necesaria y que funciona”, continúa.

El anuncio de la moratoria a partir del 1 de julio por entrar en MC ha provocado una reacción inmediata y con diferentes frentes abiertos. Al judicial (con las denuncias que estudian el PSOE y Ecologistas en Acción de aprobarse la medida), se une otro ciudadano.

Si un vecino de la capital, Justo Sáez, comenzó una recogida de firmas “espontánea y a título personal” (en un mes ha recabado 200.000 apoyos para que MC no se retire); el jueves pasado se oficializó la Plataforma en Defensa de Madrid Central. “No estamos dispuestos a que se aplique una moratoria a nuestra salud”, apunta Yetta Aguado, portavoz de la plataforma, que aglutina a más de 40 organizaciones, entre las que se incluyen Greenpeace, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción, la FAPA Gíner de los Ríos, Pedalibre o Fridays for Future.

La Plataforma aboga por el mantenimiento de Madrid Central “tal y como aparece en la Ordenanza de Movilidad vigente”. “La medida ha tenido un impacto positivo en la calidad del aire de la ciudad, repercutiendo directamente en la reducción de los problemas de salud derivados de la contaminación, así como en la mejora de la movilidad urbana y de la seguridad ciudadana en las calles de la ciudad [en referencia a la violencia vial]”, explican en un comunicado.

La posibilidad de que se finiquite MC ha despertado una reacción frente a lo que algunos colectivos definen como “una contrarreforma del gobierno conservador a las políticas de la exalcaldesa Manuela Carmena [Más Madrid]”. MC era una de las medidas estrella del antiguo gobierno municipal.

Aunque el recién estrenado alcalde Martínez-Almeida ha dicho que quiere gobernar para todos —“Quiero ser el alcalde que mire al futuro y que no reescriba el pasado”—-, sus primeras decisiones no apuntan en esa dirección.

Además de la moratoria de MC, el conservador ha anunciado el apagado de los semáforos de la A-5 (que prevén realizar el próximo martes o miércoles). También ha retirado las pancartas que ondeaban en algunas juntas de distrito, tanto las que mostraban su repulsa ante la violencia machista como las que apoyaban a los refugiados; o cerrado el espacio vecinal La Gasolinera. Se trata de decisiones que no tienen nada que ver con MC, pero que han despertado un profundo malestar entre los vecinos y que tienen muchas opciones de canalizarse en la manifestación del sábado.

Una protesta inaudita

Los cien días de gracia con los que suelen contar los gobiernos recién formados, se han reducido en este caso a dos semanas (Martínez-Almeida tomó el bastón de mando el pasado 15 de junio). La simple convocatoria de la marcha, a escasas semanas de que haya tomado posesión el nuevo equipo de gobierno, es inaudita en la historia de la capital.

Contra la gestión de la suciedad de la ciudad —concretamente por los contratos integrales de limpieza— se organizaron concentraciones en el otoño de 2013, con Ana Botella (PP) en la alcaldía. Su predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), también vivió en 2011 una manifestación que atrajo a miles de personas “contra el saqueo de Madrid”. En ambos casos, las reivindicaciones ocurrieron al final de sus mandatos.

“Queremos que el Ayuntamiento escuche”, insisten desde la Plataforma. La portavoz municipal, Inmaculada Sanz, explicó el pasado jueves, tras la junta de gobierno, que el Consistorio se iba a reunir con “todos los colectivos afectados por Madrid Central” para valorar cómo iban a realizar la “reconversión” de la medida.

Aunque la manifestación del sábado no tiene un perfil político —“El protagonismo será de las organizaciones sociales”, dicen desde la Plataforma—, sí que acogerá a aquellos que muestren su apoyo a la misma. “Plantaremos batalla”, ha repetido estos días Rita Maestre, portavoz de Más Madrid. Y añadía: “Si se desmonta Madrid Central pelearemos en todos los escenarios”.

Las ciudades europeas contra la polución

Berta Ferrero

En toda Europa hay 280 ciudades con zonas que restringen el tráfico y que funcionan desde hace una década. España va a la zaga. En comparación con las ZBE de otras urbes, Madrid Central es minúscula —ocupa 4,7 km2 para una población de 3,1 millones—. Londres acoge la más grande del mundo; arrancó en 2008, ocupa 1.580 km2 y afecta a más de 13 millones de ciudadanos. Hace dos meses, el Ayuntamiento londinense dio un paso más: instauró una zona ultrabaja de emisiones. Berlín, con una población semejante a Madrid, protege de la contaminación un área 19 veces mayor que MC; Ámsterdam, cuatro veces más.

La ciudad pionera en este tipo de medidas fue Estocolmo, que inauguró su ZBE en 1996. Muchas ciudades del continente replicaron la idea a medida que se fueron descubriendo los nefastos efectos en la salud de los vehículos de combustión: la contaminación provoca 391.000 muertes prematuras en Europa, según la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Para cumplir con el Acuerdo de París contra el cambio climático, el Ministerio para la Transición Ecológica presentó el pasado febrero el borrador del Plan Nacional de Energía y Clima: una estrategia que debían entregar a Bruselas los 28 Estados miembros. El plan, que preveía una reducción drástica de las emisiones de CO2 con el fin de alcanzar una economía neutra en carbono en 2050, planteaba zonas de bajas emisiones, con acceso limitado a los vehículos más contaminantes, en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a partir de 2023. El texto que presentó el Gobierno reclamaba la colaboración de las administraciones autonómicas y locales. Y el objetivo era desplazar el uso del coche hacia modos no emisores en el año 2030.

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Fuente: El Pais

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